Un proyecto de ley presentado por el diputado Oscar Agost Carreño busca modificar el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, con el objetivo de extender el período de licencia paga por enfermedad o accidente inculpable para ciertos trabajadores.

La propuesta, que se aplicaría únicamente en empresas con más de 100 empleados, busca establecer un plazo mínimo de seis meses para aquellos trabajadores con más de un año de antigüedad.

Argumentos y alcance de la medida

Actualmente, el artículo 208 de la ley establece que los empleados con menos de cinco años de antigüedad y sin cargas de familia tienen derecho a percibir su remuneración durante tres meses en caso de una enfermedad o accidente inculpable.

El diputado Carreño argumenta que este período es insuficiente, ya que muchas enfermedades o cirugías graves, como un tratamiento oncológico, requieren un tiempo de recuperación superior a los tres meses. En este sentido, la extensión del plazo busca brindar un mayor respaldo económico a los trabajadores que atraviesan una situación de salud delicada.

El proyecto cuenta con un solo artículo, el cual propone lo sgte.:

Incorpórase como tercer párrafo del artículo 208 de la Ley N° 20.744 el texto que a continuación se detalla:

“Los plazos previstos en el primer párrafo nunca podrán ser inferiores a seis (6) meses en los casos en que la antigüedad en el empleo fuera mayor a un (1) año y el empleador cuente con más de cien (100) trabajadores.”

Distinción entre empresas

El nuevo texto aplicaría solo a aquellas empresas que cuentan con más de 100 trabajadores.

Según los fundamentos de la iniciativa, esta diferenciación es razonable, ya que una licencia prolongada en una PYME podría generar un impacto significativo en su operatividad y sostenibilidad económica. Por el contrario, en una gran empresa con mayor dotación de personal y recursos, la ausencia de un empleado no afectaría de manera significativa el normal desarrollo de sus actividades.

Esta distinción se basa en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que avala las diferencias en la legislación siempre que no sean arbitrarias y se fundamenten en criterios objetivos.

Y sostiene su autor que “la diferenciación aquí propuesta se encuentra debidamente justificada, pues persigue un fin legítimo de protección laboral sin afectar de modo irrazonable los intereses empresariales”.

Ponemos a disposición el texto el proyecto de ley

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