El diputado nacional por el PRO Alejandro Bongiovanni presentó un proyecto titulado “Ley de Libertad Inmobiliaria”, el cual propone plantea la derogación de la matrícula obligatoria, la eliminación de requisitos académicos y la supresión de la injerencia estatal y colegiada en la supervisión del sector.

En sus fundamentos, el legislador sostiene que las normas vigentes -principalmente las leyes 20.266 y 25.028- imponen “barreras de acceso artificiales, consolidan monopolios en favor de colegios profesionales y encarecen el costo de los servicios inmobiliarios, en perjuicio de los consumidores”.

Desregulación de la actividad inmobiliaria

El proyecto busca modificar distintos artículos de la Ley 20.266 y que no se exija título universitario alguno para ejercer como intermediario en operaciones inmobiliarias. Solo bastaría con ser mayor de edad y no encontrarse inhabilitado legalmente para desempeñar dicha tarea.

Asimismo, se establece que no será obligatoria la inscripción en registro o matrícula profesional alguna. Quienes opten por inscribirse de manera voluntaria podrán hacerlo en cualquier jurisdicción, sin restricciones geográficas ni territoriales, y únicamente deberán acreditar buena conducta, constituir un domicilio electrónico y cumplir con requisitos administrativos comunes al comercio local.

Por otro lado, establece que la matrícula profesional dejará de ser una herramienta de control estatal o colegiado. En su lugar, podrá ser gestionada por entidades privadas o cámaras sectoriales, sin participación del Estado en la regulación o supervisión.

Asimismo, propone que las infracciones o incumplimientos contractuales en el ejercicio de la actividad solo puedan ser reclamados por vía judicial ordinaria, sin posibilidad de sanciones administrativas por parte de colegios o autoridades administrativas.

También elimina la posibilidad de que instituciones estatales o privadas creen o mantengan legajos personales con efectos jurídicos, resguardando la privacidad y la presunción de inocencia de los profesionales. Únicamente las sanciones firmes impuestas por tribunales judiciales podrán asentarse en registros públicos de acceso libre.

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Ejercicio libre en todo el país

La iniciativa también propone terminar con el carácter territorial de la actividad inmobiliaria y permitir la libre circulación profesional a nivel nacional. Es decir, se elimina la necesidad de reinscripción o convalidación en distintas jurisdicciones, habilitando el ejercicio de la intermediación en todo el país sin restricciones locales.

Honorarios sin aranceles mínimos

En cuanto a los aspectos contractuales, el proyecto garantiza que los honorarios de los intermediarios serán pactados libremente entre las partes, sin estar sujetos a aranceles mínimos ni fijos establecidos por organismos públicos o colegiados. Además, se habilita la posibilidad de que los intermediarios perciban reintegros de gastos previamente acordados con los vendedores, formalizando este tipo de compensaciones.

El proyecto deroga explícitamente todas las disposiciones legales que impongan condiciones de colegiación obligatoria, regulaciones estatales sobre la matrícula, sanciones disciplinarias por parte de organismos colegiados, exigencias administrativas para ejercer la actividad, y la fijación de aranceles mínimos o máximos para las comisiones del sector inmobiliario.

Fundamentos: libertad económica y precedentes internacionales

En los fundamentos del proyecto, Bongiovanni explicó que el objetivo principal es garantizar la libertad de acceso y ejercicio de la actividad comercial en el sector inmobiliario. Considera que el actual régimen institucionalizó un “monopolio legal” en favor de colegios profesionales, lo cual -según el autor- limita la competencia, encarece las operaciones y restringe la innovación.

El texto agregó antecedentes de desregulación en países como España, Estados Unidos y Nueva Zelanda, donde se eliminó la colegiación obligatoria y se promueve una mayor eficiencia, lo que redujo los costos para los consumidores.

El proyecto identificó cinco restricciones legales que se propone eliminar. Textualmente, se mencionó:

1. Matrícula obligatoria y título universitario: Barreras de entrada que no garantizan calidad ni idoneidad profesional.

2. Monopolio y facultades sancionadoras de los colegios: Concentración de poder regulador y disciplinario sin control judicial efectivo.

3. Limitaciones territoriales: Impedimentos para ejercer en múltiples jurisdicciones que afectan la eficiencia del mercado.

4. Sanciones por ejercicio sin matrícula: Coerción administrativa que impide el acceso libre a la actividad.

5. Honorarios fijos o mínimos: Obstáculos a la libre negociación entre partes, que encarecen los costos para los consumidores.

Según remarcó Bongiovanni, la implementación de la Ley de Libertad Inmobiliaria generaría mayor acceso al ejercicio de la actividad, una reducción en los precios de los servicios por efecto de la competencia, la modernización del sector mediante la incorporación de nuevas tecnologías, y un sistema más transparente y descentralizado.

Por último, indicó que la iniciativa se funda en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a ejercer libremente toda industria lícita. También subraya la necesidad de actualizar un marco legal que —a su juicio— ha quedado obsoleto y responde más a intereses corporativos que al bienestar general.

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