La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Fe rechaza los recursos de impugnación interpuestos y homologa el acuerdo preventivo obtenido con las mayorías previstas en la ley concursal al considerar que desde el punto de vista del exclusivo interés patrimonial de los acreedores quirografarios la mejor opción sería el acuerdo presentado a homologación, ya que el mismo, aún con las variables analizadas respecto del precio de recompra de acciones luce como la mejor opción de recupero parcial de sus acreencias.

Hechos

El Juez del concurso decidió unificadamente sobre las impugnaciones al acuerdo presentado y sobre la procedencia de su homologación rechazando no solo aquellas sino también la homologación, por considerarla abusiva en los términos del inciso 4) del artículo 52 de la Ley de Concursos y Quiebras y adolecer de irrazonabilidad de tintes confiscatorios.

Para así decidir, el Juez aclara que, si bien la conformidad de los acreedores con las mayorías de ley es un elemento central y de gran relevancia, no era suficiente “si no se tutelan adecuadamente otros intereses que subyacen en la finalidad del concurso preventivo”.

Fundamentos de la sentencia de Cámara

Para homologar el acuerdo preventivo, el Tribunal considera que la aplicación debe ser con criterio restrictivo, al tratarse de un acuerdo que ha obtenido las mayorías del artículo 45 de la Ley 24522, y por tanto su efecto se hace expansivo a todos los acreedores quirografarios que no prestaron su conformidad a los sacrificios patrimoniales de la propuesta.

En este sentido, agrega que el artículo 56 de la ley de concursos y quiebras ampara que la empresa concursada (obviamente en cesación de pagos) imponga pagos parciales a los acreedores quirografarios minoritarios (que no prestaron conformidad a la propuesta) u otras soluciones que afectan la integridad y/o identidad del pago debido al contraer la deuda con el límite de lo que se podría llamar el sacrificio patrimonial irrazonable de acuerdo a las circunstancias, en cuyo caso no procede la homologación (es decir el aval indispensable del Estado con efectos novatorios) por mediar abuso de derecho.

El Tribunal agrega que ni siquiera desde el punto de vista del exclusivo interés patrimonial de los acreedores quirografarios se avizora que aventurarse a un incierto periodo de salvataje o de quiebra se presente como una mejor opción al acuerdo presentado a homologación ya que éste, aún con las variables analizadas respecto del precio de recompra de acciones por parte de los interesados estratégicos, en la prognosis razonada que compete a este Tribunal, luce como la mejor opción de recupero parcial de sus acreencias.

Y la balanza se inclina aún más a favor de la homologación si computamos el interés de los trabajadores, de los comerciantes, de los productores y de las empresas interesados en la continuidad del funcionamiento de Vicentin SAIC.

Para concluir, el Tribunal destaca que la propuesta podría haber sido distinta, dándose mayor injerencia a los acreedores “capitalizados”, pero lejos está de contrariar los fines del ordenamiento jurídico o de exceder los límites impuestos por la buena fe, la moral o las buenas costumbres.

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