Bajo el título Promoción del Empleo Registrado, el proyecto de “Ley Ómnibus” enviado al Congreso por el presidente Javier Milei, incluye un plan de regularización de deudas de relaciones laborales del sector privado no registradas total o parcialmente.

El capítulo VI del proyecto habilita la “extinción de la acción penal” y “condonación de las infracciones, multas y sanciones” por irregularidades en la contratación de un empleado. Además, podría dar de baja a las empresas con infracciones del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado durante el kirchnerismo.

De acuerdo a los fundamentos de la iniciativa, el objetivo principal es 'promover el empleo registrado y brindar la oportunidad a los empleadores de regularizar las relaciones laborales vigentes que han iniciado antes de la promulgación de esta ley'. Esto incluye tanto las relaciones laborales no registradas como aquellas que están deficientemente registradas.

Puntos destacados

A partir de que el 'blanqueo laboral' se apruebe y entre en vigencia, los empleadores tendrán 90 días para sumarse. Deberán sumar a todo su personal noregistrado y tendrán un plazo máximo para la regularización de hasta 5 años.

La reglamentacióndeterminará los efectos que tendrá la regularización de las relaciones laborales, incluyendo la extinción de la acción penal recogida en la Ley 27.430 y la condonación de infracciones, multas y sanciones impuestas por diversas leyes relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones laborales y deseguridad social.

Entre los beneficios contempla la baja del REPSAL, creado por la Ley 26.940, respecto de infracciones cometidas o constatadas hasta la entrada en vigencia de la norma, siempre ycuando regularicen a la totalidad de los trabajadores por los que se encuentrapublicado en el REPSAL y pague, de corresponder, la multa.

Qué deudas se condonan

También se prevé la condonación de la deuda por capital e intereses generada por la falta de pago de aportes y contribuciones destinados a los distintos Subsistemas de la Seguridad Social. Estos incluyen el Sistema Integrado Previsional Argentino, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el Régimen Nacional del Seguro de Salud, el Fondo Nacional de Empleo, el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares y otros regímenes laborales o de seguridad social que sean determinados en la reglamentación.

La reglamentación también establecerá los porcentajes de condonación que se aplicarán,los cuales deberán ser superiores al 70% de las sumas adeudadas. Asimismo, se podrán establecer incentivos para aquellos empleadores que liquiden la deuda demanera anticipada y beneficios especiales para las Pequeñas y Medianas Empresas.

Cómputos para la jubilación

Los trabajadores incluidos en la regularización podrán computar hasta 60 meses de servicios con aportes, tomando como base un monto mensual equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento de la regularización. Esta computación de meses servirá para cumplir con los años de servicios requeridos para acceder a la Prestación Básica Universal y al beneficio de la Prestación por Desempleo.

Los meses regularizados no serán considerados respecto de la prestación adicional por permanencia y no se computarán para el cálculo del haber de la misma ni de la prestación compensatoria.

Plazo para la regularizar deudas

Es importante destacar que la regularización de las relaciones laborales deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 90 días una vez que se publique la reglamentación de la ley. Esta reglamentación también podrá contemplar planes de regularización plurianuales, con una regulación anual mínima del 20% de las diferencias, estableciendo un porcentaje constante o decreciente a lo largo del programa de regularización.

Podrán incluirse en el nuevo régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el empleador se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial, según corresponda.

La Administración Federal de Ingresos Públicos y las instituciones de la seguridad social se abstendrán de formular determinaciones de deuda y actas de infracción por las mismas causas y períodos que estén comprendidos dentro de la regularización laboral correspondiente.

El Poder Ejecutivo dictará las normas reglamentarias que resulten necesarias para la ejecución delpresente Plan de Regularización.

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Proponen plan de regularización de deudas para el empleo no registrado