Los diputados Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot presentaron un proyecto de ley que propone establecer un nuevo marco regulatorio para las plataformas de comercio electrónico extranjeras que venden productos en Argentina sin presencia física en el país.

En concreto, apunta a crear un sistema de registro obligatorio, imponer mayores responsabilidades fiscales y aduaneras a las empresas que operan en el sector y aplicar un arancel general del treinta por ciento a los envíos que ingresen mediante el régimen courier.

Punto por punto, ¿qué establece el proyecto?

El objetivo del proyecto es “equilibrar la competencia con la industria nacional y evitar que la proliferación de compras transfronterizas continúe generando lo que consideran un perjuicio creciente sobre el empleo formal y la producción local”.

La iniciativa crea el Registro Nacional de Comercio Digital Extranjero, al que deberán inscribirse todas las plataformas de comercio electrónico que ofrezcan productos importados en Argentina, ya sea mediante ventas directas al consumidor final o a través de terceros sin radicación local.

Esta inscripción será un requisito para operar, ya que sin registro no podrán cursarse pagos ni despacharse envíos.

Luego incorpora un régimen de responsabilidad solidaria para las plataformas extranjeras ya que, cuando una operación digital no cuente con un proveedor local inscripto, serán responsable por los tributos internos, los aranceles aduaneros y las certificaciones que correspondan a la mercadería involucrada.

Un arancel del 30% para los envíos courier

En materia aduanera, el proyecto propone una modificación del régimen de compras puerta a puerta, ya que todas las mercaderías que ingresen mediante este sistema, sin importar su valor declarado, deberán tributar un arancel del treinta por ciento calculado sobre el valor CIF de la mercadería.

Este arancel se aplicará sin perjuicio de los impuestos internos, tasas y contribuciones correspondientes, y también excluye expresamente la posibilidad de aplicar mínimos imponibles, exenciones o tratamientos preferenciales. La única excepción prevista es una compra anual por persona física o jurídica, de hasta cien dólares, que podrá ingresar sin el pago del arancel.

Por último, revoca todas las disposiciones en contrario.

Los fundamentos

De acuerdo con los autores, la expansión del comercio digital transfronterizo generó una creciente presión sobre la producción nacional, que debe afrontar costos laborales y tributarios imposibles de igualar para vendedores ubicados en otros países. En ese sentido, afirmaron que cada envío que ingresa sin control aduanero adecuado representa “un golpe silencioso” para el empleo formal, la industria local y la recaudación fiscal.

En caso de aprobarse, de acuerdo a los diputados, se “modificaría de manera sustancial el esquema actual, caracterizado por la facilidad con la que plataformas radicadas en otros países comercializan productos a usuarios argentinos sin presencia física ni obligaciones equivalentes a las de los comercios locales”.

El nuevo registro permitiría contar con información mínima y necesaria sobre las empresas involucradas, sus representantes y las operaciones efectuadas en el país.

Se intenta equiparar el nivel de exigencia entre los vendedores locales —que deben cumplir con normas laborales, tributarias y de seguridad del producto— y los actores internacionales que actualmente ingresan al mercado argentino ofreciendo precios más bajos gracias a un esquema regulatorio mucho más flexible.

Sostuvieron que esta desigualdad normativa constituye una forma de competencia desleal que debilita a las empresas nacionales, especialmente a pequeñas industrias y talleres que ven reducida su capacidad de competir en condiciones equitativas.

Por otro lado, agregaron que la regulación propuesta responde a un fenómeno global que no es exclusivo de Argentina y sostienen que distintas economías adoptaron medidas para proteger a sus industrias cuando detectaron prácticas comerciales desleales o distorsiones en el mercado interno.

Como antecedentes, mencionaron los aranceles que Estados Unidos aplicó en julio de 2025 a diversos productos importados para proteger empleo industrial y equilibrar su balanza comercial. También citaron el caso de Uruguay, que incorporó en su presupuesto quinquenal una serie de medidas destinadas a regular las operaciones digitales de importación, y el debate reciente en Francia acerca del modelo de negocios de las plataformas online, que generó preocupación por prácticas de competencia desigual, impacto ambiental y vulneración de derechos laborales.

De acuerdo con el texto, “la regulación del comercio digital extranjero debe considerarse una política de defensa económica indispensable en la era digital, donde la velocidad de las transacciones y el alcance global de las plataformas imponen desafíos inéditos para los Estados”.

En ese sentido, concluyeron que “integrarse al mundo no debe significar precarización para las industrias locales ni pérdida de competitividad frente a actores que operan sin los mismos compromisos legales”.

Ponemos a disposición el texto del proyecto

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