Este lunes se publicó en el Boletín Oficial la ley 27759, sancionada el pasado 26 de septiembre por el Senado de la Nación por unanimidad.

Fue promulgada a través del decreto 899/2024, y lleva la firma de Javier Milei, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La norma modifica la ley 26.879 sancionada en el año 2013, por la cual se creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, la cual pasará a llamarse “Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal”, ampliando sus alcances, al incorporar a la base de datos de perfiles genéticos, una base de datos filiatorios, no relacionadas entre sí.

De esta forma, se incorpora la finalidad de identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas.

También se modifican los parámetros de incorporación y registración de perfiles genéticos, la sección especial destinada a autores de delitos no individualizados, y la forma de realización de exámenes genéticos, entre otros aspectos.

Finalmente, se modifica el Código Penal de la Nación, en lo que refiere a las penas por afectar bancos de datos genéticos.

La ley 27759 modifica el artículo 1 de la ley 26879, en cuanto crea el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal sobre la base de los perfiles genéticos de un análisis de (ADN.)

El registro funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional, y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán firmar convenios con el registro con el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizar sus servicios.

Patricia Bullrich, quien había impulsado la medida, pretendía que el Registro pase a ser parte del Ministerio de Seguridad, pero según el texto de la norma, permanecerá en el ámbito del Ministerio de Justicia.

La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada.

En ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines distintos ni podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación.

El sistema informático que se utilice en la operación del registro deberá garantizar su trazabilidad y la administración de perfiles genéticos mediante conexiones seguras.

El registro deberá promover el intercambio de información con los registros provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existentes o a crearse. Todo convenio con organismos públicos internacionales para el intercambio de información sensible requerirá aprobación por ley.

Quedará prohibido el intercambio de información genética sobre las personas con bancos o registros de datos genéticos privados de cualquier índole.

Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente.

Objetivos del Registro

a) Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados.

b) Identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas; y

c) Discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo.

¿Cómo funcionará el almacenamiento de información?

El registro almacenará y sistematizará:

a) Perfiles genéticos asociados a la evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación judicial y que no se encontraren vinculados con una persona ya identificada judicialmente como imputada;

b) Perfiles genéticos de las víctimas de un delito obtenidos en la escena del crimen, por medio de una investigación judicial, siempre que la víctima hubiera dado su consentimiento expreso. Los perfiles genéticos podrán ser retirados del registro a pedido de la víctima, en cualquier momento;

c) Perfiles genéticos de cadáveres o restos humanos no identificados, o material biológico presumiblemente procedente de personas extraviadas;

d) Perfiles genéticos de personas que, teniendo un familiar desaparecido o extraviado, acepten aportar voluntariamente una muestra biológica que pueda resultar de utilidad para la identificación genética de la persona en búsqueda;

e) Perfiles genéticos de una persona mayor de edad imputada, procesada o sobre la que recayese resolución judicial equivalente, o condenada en un proceso judicial o huellas que se encontraren asociadas con su identificación, así como los perfiles de quienes no fueron condenados por mediar una causa de inimputabilidad penal. A los fines de esta ley se considerará persona imputada desde el primer llamado efectuado con el objeto de recibirle declaración indagatoria o equivalente. En el caso de los menores de edad, sus perfiles genéticos solo podrán ser incorporados si fueron declarados penalmente responsables por la comisión de un delito. Los datos serán removidos cuando la persona imputada, procesada o condenada sea desvinculada de la investigación a través de una resolución judicial que adquiera certeza de cosa juzgada, o cuando no se haya resuelto la situación procesal y la etapa de investigación se extienda por más de tres (3) años;

f) Perfiles genéticos del personal perteneciente a las fuerzas policiales y de seguridad federales, funcionarios y empleados del Poder Judicial que intervengan en las investigaciones criminales. Cumplidos cinco (5) años desde el cese de la función policial, el agente podrá solicitar la remoción de sus datos del registro; y

g) Perfiles genéticos de toda persona mayor de edad que voluntariamente manifieste su deseo de incorporar su perfil genético al registro.

El registro incorporará los perfiles genéticos de toda persona con auto de procesamiento firme o equivalente y de las que, al tiempo de la entrada en vigencia de esta ley, tuvieran condena firme, de oficio por parte del juez interviniente en la causa, salvo que ya se encontrare ingresada.

En oportunidad de realizarse los estudios médicos para la ejecución de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial, en un plazo máximo de cuatro (4) meses, deberá ordenar la extracción de las muestras necesarias que permitan obtener los perfiles genéticos de las personas que con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley hubieran sido condenadas y se encontraren actualmente cumpliendo su condena a disposición del Servicio Penitenciario Federal.

Modificación del Código Penal

Se dispone modificar el artículo 157 bis del Código Penal de la Nación, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 157 bis: Será reprimido con la pena de prisión de un (1) mes a dos (2) años el que: 1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales.

2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley.

3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales. Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años. Cuando las conductas reprimidas se hicieran para acceder, revelar, insertar o suprimir datos que afectaren a un banco de datos genéticos, registros, exámenes o muestras de ADN, la pena será de prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años, con más inhabilitación especial para ejercer la profesión de dos (2) a cinco (5) años.

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