El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n. 1 de La Matanza, a cargo de Federico José Gallo Quintian, ordenó una medida cautelar que impide el corte de los servicios de luz, agua y gas en casas particulares del mencionado municipio ante la falta de pago “hasta tanto se resuelva fijar tarifas accesibles”.

En la causa “Municipalidad de La Matanza y Otro/a c/ Poder Ejecutivo Nacional -Ministerio de Economía y Otros s/ Pretensión restablecimiento o reconoc. de Derechos - otros juicio”, el intendente Fernando Espinoza y el presidente de la Asociación Civil DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores) presentaron una demanda contra el Estado Nacional en representación de todos los habitantes del partido.

Corte de servicios públicos domiciliarios por falta de pago: argumentos de los actores

Los actores consideraron que el nuevo cuadro tarifario “es irrazonable e inconstitucional, que no se encuentra justificado su valor y asimismo resulta impagable por ser desproporcionado a los ingresos familiares ya que en ningún caso se ha logrado un incremento equivalente, resultando muy superior al aumento del nivel general de precios y del salario promedio de los trabajadores registrados, lo que sin duda impacta en la capacidad de pago”.

Resaltaron que el recorte de los subsidios y la limitación de los bloques de consumo subsidiado resulta especialmente gravoso para determinados sectores hipervulnerables, es decir a aquellos a los que la vulnerabilidad estructural de su condición de consumidores se le suma otra vulnerabilidad, vinculada a su edad, condición psicofísica, de género, socioeconómica, cultural, etc., entre los que citó a los electrodependientes, sectores de bajos ingresos, personas en situación de discapacidad, entidades de bien público, entre otros.

“Los sucesivos y tremendos tarifazos dispuestos a lo largo del año por las empresas energéticas y de agua, con el apoyo del gobierno nacional, hicieron que la mayoría de los usuarios cayera en situación de pobreza energética, es decir que las tarifas insumen más del 10% del ingreso, con facturas que han aumentado hasta el 1000%”, añadieron.

De acuerdo con investigaciones del Conicet y de la UBA, sostuvieron que esas tarifas aumentaron este año, en promedio, un 370%, es decir, cuatro veces más que la inflación.

Por ello, solicitaron como medida cautelar, hasta que recaiga sentencia definitiva en el proceso, se ordene a los entes demandados abstenerse de continuar aplicando el cuadro tarifario de los servicios públicos esenciales aprobados por las normas cuestionadas, toda vez que su aplicación irrogaría daños irreparables a los derechos fundamentales de los consumidores afectados.

Fundaron su derecho en los Arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional, como así también en el Art. 14, 17, 18 y 28 de dicho cuerpo normativo, y el art. 11 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales.

Ponemos a disposición el texto del fallo

Medida cautelar: los argumentos del juez para otorgarla

El juez explicó que la acción de reconocimiento o restablecimiento de derechos instaurada se dirige contra el Poder Ejecutivo Nacional, la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, y los entes reguladores de servicios públicos domiciliarios y comerciales ENRE, ENARGAS y ENOHSA, todos ellos entes dependientes del Estado Nacional, con el fin de obtener la nulidad y declaración de inconstitucionalidad del cuadro normativo que modifica el cuadro tarifario de los servicios públicos residenciales y comerciales en el marco del Decreto 465/24, Resoluciones 90/24, 91/24 y 93/24 de la Secretaría de Energía; 115/24 y 264/24 del ENARGAS; 102/24, 198/24 y 335/24 del ENRE; 5/24 del ERAS.

Si bien consideró que no era competente para pronunciarse sobre la cuestión de fondo, en atención a la urgencia invocada y la naturaleza de los derechos que se dicen conculcados, utilizando al efecto las normas que hacen a la valoración (arts. 204 del CPCyC, 8, 22, 26 y cctes del CCA), le correspondía adentrarse en el análisis de la medida cautelar peticionada.

Tras analizar el expediente, el juez explicó que 'la finalidad del servicio es pública, entendiendo este término en el sentido de que tiene por finalidad satisfacer una necesidad de un grupo social de la sociedad en su conjunto y la finalidad pública admite una regulación intervencionista por parte del estado, la que debe estar guiada por principios constitucionales”.

'Los efectos de la 'sociedad de consumo', por tanto, coloca a los consumidores en una situación de vulnerabilidad estructural en sus relaciones con los proveedores de bienes y servicios. En respuesta a ello emerge el Derecho del Consumidor, como sistema de normas de principio, de orden público, fuente constitucional, con perspectiva de derechos humanos de tercera generación, transversal, esencialmente protectorio de los consumidores y usuarios en las relaciones de consumo', agregó.

“Al desequilibrio estructural que emana de la propia condición de usuario de un servicio público prestado en condiciones monopólicas, debe adicionarse la particular situación de aquellos usuarios a los que a su condición de vulnerabilidad primaria emergente de la propia relación de consumo, se les adiciona una situación de vulnerabilidad propia de su condición particular como sujetos integrantes de un grupo o clase en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo grupos etarios de edad avanzada, jubilados o pensionados, personas afectadas en su salud (v.g. electrodependientes), o de cualquier otra vulnerabilidad psicofísica, de género, socioeconómica o cultural, o cualquier otra circunstancia permanente o transitoria”, añadió.

La medida, de acuerdo al magistrado, busca que no implique para los usuarios del servicio, especialmente para aquellos hipervulnerables, la imposibilidad de acceso al servicio público, o en una dificultad manifiesta para su sostenimiento que amenace su prestación dentro de los estándares mínimos para su subsistencia.

“No advierto que el dictado de estas medidas interinales pudieren interferir con el ejercicio de las atribuciones y potestades que el ordenamiento jurídico le atribuye a la autoridad de aplicación, ni produzca efectos irreversibles que pudieran afectar la normal prestación de los servicios públicos involucrados”, concluyó.

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