Los integrantes de la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo disponen nuevamente la suspensión cautelar de los efectos laborales del DNU 70/2023, en una causa iniciada por la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA).

La entidad gremial apeló el rechazo in límine a la acción de amparo deducida contra el Estado Nacional -Poder Ejecutivo Nacional-, en procura de la invalidación del mega decreto en lo que hace a la afectación de los derechos laborales (individuales y colectivos) que se alegaron como gravemente afectados.

Cuestión de competencia

A fin de obtener que no se opere el fuero de atracción en favor de la justicia contencioso administrativa federal, la CTA señala que su parte no ha deducido una “acción de clase” ni iniciado un proceso colectivo.

Y agrega que lo que ha promovido es una acción de amparo con fundamento en lo dispuesto en el art. 43 de la CN y en el art. 47 de la ley 23551, que claramente es un amparo sindical que se ha basado en el perjuicio sustancial concreto que le irroga a su parte –organización sindical de tercer grado- y a sus representados en los términos de la ley de asociaciones sindicales, el mentado DNU, y que la competencia del fuero especial del trabajo está delineada por los arts. 20 y 21 de la LO y por el art. 63 de la LAS.

Qué dijo el nuevo fallo de la CNAT

En su voto, la Dra. García Vior sentencia que “en el caso planteado se dan a mi ver circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la asunción de la competencia y la habilitación de la vía elegida en tanto la aptitud jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en la contienda resulta inobjetable”.

Y agrega que corresponde dar liminar tratamiento al planteo formulado por la recurrente en tanto “habiendo dispuesto la CSJN no dar tratamiento inmediato al proceso originario habilitado ante su sede con motivo del DNU cuestionado (“La Rioja, provincia de c/Estado Nacional s /acción declarativa de certeza”, CSJN 2847/2023), el peligro en la demora es aún mayor teniendo en cuenta las importantes modificaciones introducidas por el DNU a las leyes 25.877, 23.551 y 14250 y los graves riesgos de que el conflicto social -ya avizorado en los últimos días del año 2023- se acreciente y/o derive en hechos de violencia inusitada.”

“A diferencia de la causa que tramita en el juzgado contencioso administrativo federal, en la presente se encontrarían en juego derechos que hacen a la esencia de las relaciones dependientes, a la libertad y dignidad de las personas que trabajan, a los principios protectorios, de irrenunciabilidad, de igualdad de trato y no discriminación y de conservación del contrato que estructuran la especialidad y, a su vez, se pondría en jaque la principal vía de tutela a la que pueden recurrir los trabajadores ante su incapacidad negocial a nivel individual, que no es otra que la acción sindical”, señala la camarista.

A diferencia del fallo de ayer, en el que se cuestionó principalmente que el DNU no habría cumplido los requisitos de “necesidad y urgencia” que exige la Constitución Nacional para su procedencia, hoy la Dra. García Vior hizo especial hincapié en que el decreto estaría violentando derechos colectivos tales como la libertad sindical, indicando que “el grave encorsetamiento del derecho de huelga que se derivaría de las modificaciones previstas en el art. 97 del DNU, imponen otorgar al caso un tratamiento urgente”.

Declararon inadmisible un amparo colectivo

Por su parte, enel marco de una acción interpuesta por la Asociación Civil Observatorio de Derecho a la Ciudad, eljuez Enrique Lavié Pico, designado como juez de feria del fuero contenciosoadministrativo federal, declaró la inadmisibilidad formal de la acción comoproceso colectivo y comunicó la decisión al Registro de Procesos Colectivos, afin de su desvinculación inmediata.

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