La sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a una demanda y condenó a una empresa por incumplir con un acuerdo alcanzado por el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC). Además, avalaron la procedencia del daño punitivo.

En el caso “Nuesch, Carlos contra Samsung Electronics Argentina S.A y otros sobre ejecución - RC - convenios y acuerdos”, las demandadas se presentaron en el domicilio de la actora para retirar un equipo averiado y pretendieron entregarle uno de una marca distinta (BGH) del oportunamente adquirido (Samsung) y de menor cantidad de frigorías.

Esta situación no satisfizo al consumidor, por lo que realizó una denuncia ante el COPREC. Allí, las partes llegaron a un acuerdo, pero las empresas lo incumplieron.

Ya en sede judicial, el actor reclamó, además de la ejecución del acuerdo alcanzado en la instancia administrativa, que se condene a las demandadas (Samsung Electronics Argentina SA y Fairco SA) a abonar una suma de dinero en concepto de daño moral y otra en concepto de daño punitivo.

En primera instancia se ordenó llevar adelante la ejecución del acuerdo incumplido, pero se rechazó las pretensiones por los conceptos de daño moral y daño punitivo.

De acuerdo al artículo 52 bis de la Ley 24240, “al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan”.

El actor apeló la decisión.

Las característicsa del daño punitivo

Los camaristas Fernando Juan Lima, Marcelo López Alfonsín y Mariana Díaz señalaron que, para la procedencia de la sanción reclamada en los términos del art. 52 bis de la Ley 24.240, se debía evaluar dos puntos en orden sucesivo: i) si el ámbito de aplicación del daño punitivo abarca cualquier etapa en el desarrollo de la relación de consumo; ii) en caso afirmativo, deberá evaluarse si el proceso de ejecución permite tramitar apropiadamente la controversia a su respecto con adecuado resguardo del derecho de defensa comprometido.

Luego explicaron que los daños punitivos “no son -en sentido estricto- una indemnización por daños sufridos ni tienen por finalidad mantener la indemnidad de la víctima (objetivo que se consigue con la acción común de daños de carácter resarcitorio)” sino que “constituyen un plus a la indemnización por daños sufridos, algo que se concede a título distinto de la mera indemnización del daño causado”.

Remarcaron que “puede tener una finalidad preventiva y también satisfactiva o sancionatoria” y que son de “aplicación excepcional”, por lo que necesitan de “un elemento subjetivo agravado, con lo que la mera causación de un daño por negligencia no es suficiente para imponerlos”.

De los propios fundamentos que los inspiran y de los elementos que los definen, los magistrados sostuvieron que “los daños punitivos constituyen un rubro cuya naturaleza resulta esencialmente diversa de una indemnización por daños ordinaria”.

“Este punto y el modo en que la figura se encuentra regulada en el artículo 52 bis de la LDC resultan, entonces, determinantes para concluir en que el daño punitivo puede quedar establecido en relación con actos, hechos u omisiones verificadas en cualquier momento del desarrollo de la relación de consumo bajo la condición de que se acrediten los presupuestos legales de su procedencia”, agregaron los camaristas.

En cuanto al caso concreto, enfatizaron que “basta señalar que el criterio de apreciación restrictivo se refiere al rigor en la evaluación de la conducta reprochada, pero no funciona como limitante a la posibilidad de aplicar la sanción cuando el dolo o negligencia del prestador sobreviene con posterioridad a la frustración del acto de consumo, en ocasión en que el proveedor -tal es el supuesto de autos- quebranta el acuerdo destinado a enmendar su incumplimiento original”.

Y agregaron: 'Nótese que en el artículo 19 de la Ley 26.993 se estableció, por remisión a lo normado en el artículo 46 de la Ley 24.240, que el incumplimiento por el proveedor de los acuerdos celebrados ante el COPREC y homologados por la autoridad de aplicación debe considerarse una infracción a las disposiciones de la LDC'.

Evitar la situación desventajosa al consumidor

En este contexto, los jueces consideraron que la aplicación del daño punitivo, “se revela como un instituto necesario a la hora de poner coto a las conductas desaprensivas por parte de los proveedores que generen perjuicios a los usuarios de los servicios que prestan. Y es esta actitud de excesiva displicencia, la que justifica la admisión de un rubro que no deja de revestir un carácter excepcional en el ámbito civil”.

Bajo los parámetros delineados, advirtieron que, además del incumplimiento, existe un aspecto subjetivo, esto es la gravedad de la inconducta del prestador.

De este modo, concluyeron que el propio sistema contempla el caso del incumplimiento de un acuerdo como una infracción a la LDC, que a su vez configura el presupuesto basal del daño punitivo, y que 'una interpretación distinta -frente a supuestos como el que nos ocupa- pondría al consumidor ante una situación siempre desventajosa y, a la postre, tanto lesiva para sus derechos como frustratoria de la finalidad del régimen tuitivo de consumo: primero, porque el proveedor podría eludir la aplicación del daño punitivo (prevista para disuadir de comportamientos desaprensivos y gravemente dolosos) a través de la celebración de un acuerdo con el consumidor; y luego porque, ante un nuevo incumplimiento de aquél (esta vez, del acuerdo celebrado), su conducta -pertinaz en el incumplimiento- no podría ser alcanzada por el daño punitivo bajo el pretexto de que esa sanción excede el ámbito de la ejecución del convenio'.

Accedé al fallo completo desde acá

También te puede interesar:

Procede el daño punitivo por incumplimiento de un acuerdo alcanzado en el COPREC