El pasado jueves 22 de octubre, en una transmisión gratuita de Errepar Play, los contadores Jorge Arosteguy y Ricardo Chicolino abrieron el ciclo 'Oil & Gas Academy' con una charla sobre Convenio Multilateral y los desafíos fiscales de operar en varias provincias.

La primera giró alrededor de una idea de fondo: para ser proveedor de una petrolera, el trabajo impositivo empieza antes de cotizar.

Los expositores recorrieron qué le piden las operadoras a una pyme para calificarla, cómo se reparte Ingresos Brutos entre provincias según se presten servicios o se vendan bienes, por qué la UTE tiene un lugar propio en el mapa tributario, y cómo las retenciones y los saldos a favor pueden asfixiar el flujo de fondos de una empresa chica que factura mucho pero cobra tarde. Todo, con una advertencia que atravesó la hora entera: lo que no está documentado, para el fisco no existe.

Calificar antes de cotizar

Chicolino arrancó por el principio del camino: una pequeña y mediana empresa que aspira a trabajar para YPF, Pan American Energy o Shell tiene que calificar antes de cotizar. Ese proceso revisa la estructura societaria, la situación fiscal y previsional y las inscripciones en cada jurisdicción donde se va a operar.

Arosteguy sumó un matiz sobre la política de compliance. A su entender, no es obligatoria en la Argentina, pero vuelve más contratable a la compañía que la tiene, y lo mismo vale para las certificaciones de triple impacto.

Dónde se tributa

El corazón de la charla fue el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Para los servicios, explicaron, lo que cuenta es la región donde se los utiliza económicamente, y no el domicilio de quien los presta ni el lugar desde donde se factura. Chicolino lo ilustró con el caso de un laboratorio de análisis de suelo de Quilmes al que Chubut le reclamó el tributo, porque el informe lo usaba una petrolera de esa provincia. Y fue contundente sobre lo que habilita ese reclamo:

“el sustento territorial no es por actividad, es por empresa.”

Con presencia en una jurisdicción, todos los ingresos que se obtengan allí quedan alcanzados.

Para la venta de bienes, en cambio, rige el destino final de la mercadería, con un orden de prioridades para cuando el vendedor no lo conoce. En ambos casos, la prueba documental es la que sostiene el encuadre.

La UTE y el flujo de fondos

Para las pequeñas/medianas firmas que no llegan solas al volumen que se pide, Arosteguy destacó la unión transitoria de empresas, y aclaró su naturaleza:

“UTE no es una figura societaria, es una figura asociativa y sí es un sujeto tributario.”

Después vino el problema que, según los expositores, aparece todos los días: percepciones al comprar, retenciones al cobrar, retenciones bancarias y alícuotas agravadas para quien opera en una provincia sin estar inscripto. El resultado son saldos a favor que se acumulan.

Para atenuarlos se pueden gestionar reducciones de alícuota o el recupero, pero eso exige respaldo documental impecable. También advirtieron que las retenciones de IVA y Ganancias que practican las grandes operadoras pueden descalzar financieramente a la pyme.

Las preguntas del público

Los asistentes aportaron casos concretos por el chat. Una participante planteó el de una industria plástica de Neuquén a la que el fisco pretendería gravar con la alícuota del sector hidrocarburífero por venderles a petroleras. Arosteguy respondió que la actividad no cambia de naturaleza según el cliente y que, en su opinión, correspondía discutirlo con la Ley de Coparticipación Federal en la mano.

La charla cerró con una recomendación de planificación. Entre los regímenes nacionales (RIGI, RIMI) y los provinciales, dijeron, aprovechar los beneficios fiscales forma parte del negocio, y el fisco puede fiscalizar durante cinco años o más.

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Además, Marcelo Perciavalle explicará, el 12 de noviembre, cómo organizar sociedades y contratos asociativos para pymes y contratistas. Consultá la agenda de charlas aquí.

“Primero se califica, después se cotiza”: lo que se dijo en Errepar Play sobre impuestos y proveedores de Vaca Muerta