La diputada nacional por La Libertad Avanza Marcela Pagano presentó un proyecto de ley (2280-D-2025) para permitir que cualquier abogado pueda ejercer funciones notariales.

En caso de aprobarse, se habilitaría a todos los abogados con título expedido o revalidado en el país a ejercer como escribanos públicos, sin necesidad de estudios adicionales, exámenes internos ni pertenencia obligatoria a colegios notariales cerrados.

Punto por punto: qué establece el proyecto

El proyecto, titulado como “Libre ejercicio notarial de los abogados”, consta de seis artículos que apuntan a desregular el actual régimen notarial, promoviendo -desde el punto de vista de su impulsora- una “mayor competencia profesional y ampliando la oferta de servicios notariales en el país”.

En su artículo 1º, la iniciativa establece que “cualquier persona con título de abogado o abogada, expedido por una universidad argentina reconocida o debidamente revalidado conforme a la normativa vigente, podrá ejercer la función de escribano público”.

“Esta habilitación no requerirá cursar nuevas carreras ni rendir exámenes corporativos o someterse a cupos cerrados impuestos por colegios notariales u organismos intermedios”, agrega.

El artículo 2° garantiza que los abogados matriculados puedan ejercer funciones de fe pública, lo que implica autorizar instrumentos públicos según la legislación vigente. Para ello, deberán cumplir con los mismos estándares técnicos, registrales y de responsabilidad profesional que los escribanos tradicionales.

Mediante el artículo 3°, se derogan expresamente todas las normas que restrinjan el ejercicio notarial solo a quienes posean el título específico de escribano o pertenezcan a colegios notariales que operen como estructuras cerradas. En ese sentido, se declara suficiente el título de abogado/a como habilitante para ejercer la función.

En cuanto a la implementación, el artículo 4º dispone que los poderes ejecutivos y legislativos de todas las provincias, así como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán adecuar su normativa en un plazo máximo de 120 días desde la promulgación de la ley.

Por último, el artículo 5° fija que la ley entrará en vigencia a los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial, mientras que el artículo 6° dispone su comunicación al Poder Ejecutivo Nacional.

Los fundamentos

En los fundamentos, la diputada explica que busca terminar con una situación injusta y restrictiva: el actual modelo notarial corporativo que impide a miles de abogados acceder a funciones para las que están plenamente capacitados legalmente.

“El presente proyecto de ley busca garantizar el libre ejercicio profesional de los abogados/as de la República Argentina, reconociendo su plena capacidad legal para ejercer funciones de fe pública, hoy indebidamente restringidas por estructuras corporativas y normativas heredadas de modelos cerrados”, afirmó la diputada.

Luego señaló que, en gran parte del país, el acceso a la función notarial está limitado por cupos controlados por colegios notariales, que imponen condiciones como exámenes internos o cargos vitalicios.

“Esta situación, subraya, no solo vulnera derechos laborales y profesionales, sino que también encarece y restringe el acceso de la población a servicios notariales, concentrados en pocas manos y distribuidos de manera desigual”, remarcó la legisladora.

Luego explicó que, en comparación con sistemas jurídicos de países democráticos como Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido -donde los abogados pueden ejercer funciones notariales sin necesidad de estructuras corporativas separadas-, la legislación argentina mantiene un esquema “obsoleto y excluyente”.

De esta manera, sostuvo que el proyecto “plantea una solución concreta y sencilla: reconocer que el título de abogado/a habilita a ejercer como escribano/a público, con las mismas obligaciones legales, fiscales y técnicas que ya establece la normativa notarial vigente”.

Finalmente, enfatizó que “se trata de desbloquear el acceso a una función pública, ampliar la competencia profesional, fomentar el federalismo profesional y eliminar privilegios gremiales que distorsionan el mercado de servicios legales y públicos”.

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