La Cámara Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA ratificó la responsabilidad objetiva y el deber de seguridad reforzado de las productoras en eventos masivos.

En el marco de la causa 'R., D. E. c/ Buenos Aires Arena SA y otros s/ Contratos y Daños', resuelta en mayo de 2026 por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA, la Justicia dejó en claro que la fiesta del rock no exime a los organizadores de cuidar el bolsillo —y las pertenencias— de los asistentes.

“Aunque el tiempo diga no, ¡Insisto!, Nunca morirá este ¿reclamo?”

La alzada resolvió ratificar la condena contra la productora Trescientos Productora S.A. y el estadio Movistar Arena por el hurto de un teléfono móvil ocurrido durante un show. De nada sirvió la excusa del 'hecho de un tercero' o la sugerencia de que la víctima se expuso al riesgo por saltar en el pogo: la responsabilidad objetiva responsabilizó a las empresas.

La falta de seguridad no se disimula en la multitud

El tribunal confirmó la obligación de restituir el valor de mercado del celular robado, devolver el dinero de las entradas y abonar daños punitivos por el déficit probatorio en el operativo desplegado. Aunque la productora intentó ampararse en recientes precedentes de la Corte Suprema sobre robos con armas en locales comerciales, los jueces lo desestimaron.

A diferencia de un asalto violento e imprevisto en la vía pública, la sustracción de celulares en un recital a puerta cerrada es una contingencia absolutamente previsible y vinculada al propio riesgo del negocio. Quien lucra con una multitud de personas, debe contratar la custodia adecuada para protegerla.

Participar del pogo no atenúa el deber de custodia

Las pretensiones de responsabilizar al propio espectador por ingresar al sector de campo o por 'manipular' el dispositivo en medio de la música quedaron completamente descartadas. El fuero de consumo resaltó que pretender trasladar la carga de la autoprotección al consumidor desnaturaliza el marco legal marco.

En definitiva: la seguridad privada y policial que se contrate no debe ser una mera formalidad, sino un esquema idóneo y eficaz capaz de prevenir delitos comunes en eventos de gran magnitud.

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