Daniel Schurjin Almenar

Codirector de 'Temas de Derecho Penal y Procesal Penal' de ERREIUS

I - INTRODUCCIÓN

La decisión plenaria de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), en el caso “Tobar Coca, Néstor s/inaplicabilidad de ley”, ha reavivado el debate jurídico en torno a la validez constitucional de ciertas disposiciones que vedan el acceso a beneficios excarcelatorios para quienes han sido condenados por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes en el marco de la ley 23737. Este pronunciamiento trasciende el plano normativo y se proyecta con fuerza sobre la ejecución de la pena, obligando a reconsiderar los alcances del principio de progresividad, la finalidad resocializadora, el principio de igualdad y la razonabilidad legislativa en el tratamiento penitenciario.

Aunque la doctrina fijada por la mayoría del Tribunal convalida la constitucionalidad de dichas restricciones, del propio texto del fallo emergen reservas y consideraciones que justifican -y en muchos casos exigen- una valoración individualizada. En este contexto, el ejercicio del control de constitucionalidad en el caso concreto aparece como una herramienta esencial para preservar la equidad y la proporcionalidad en el cumplimiento de la pena.

II - MARCO NORMATIVO Y ANTECEDENTES DEL CASO

La controversia se originó a partir de un recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, que cuestionó una decisión de la Sala de Feria de la CFCP, por la cual se había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis, inciso 10), y su párrafo final de la ley 24660, reformada por la ley 27375, los cuales excluyen a ciertos condenados -entre ellos, quienes incurrieron en delitos contemplados por la L. 23737- de acceder a beneficios como la libertad asistida o las salidas transitorias.

En ese contexto, la instancia casatoria federal decidió convocar al Pleno del Tribunal para resolver una cuestión jurídica de fondo, consistente en determinar si las restricciones impuestas por los artículos 14 del Código Penal y 56 bis de la ley 24660 resultan compatibles con los principios constitucionales de progresividad en la ejecución de la pena, igualdad ante la ley y razonabilidad normativa, en la medida en que niegan el acceso a beneficios excarcelatorios a personas condenadas por los delitos tipificados en los artículos 5, 6 y 7 de la ley 23737 -o de la legislación que eventualmente la reemplace-.

Tanto el artículo 14 del Código Penal como el artículo 56 bis de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, reformado por la ley 27375, establecen limitaciones específicas. El primero excluye expresamente la posibilidad de libertad condicional para determinados delitos; el segundo, en armonía con otras disposiciones de la ley 24660, impide el otorgamiento de salidas transitorias (art. 17), regímenes de semilibertad (art. 23), prisión discontinua (art. 35) y libertad asistida (art. 54).

Sin perjuicio de estas restricciones, la normativa vigente prevé que, para los casos excluidos, se diseñe un 'régimen preparatorio para la liberación' a través de un programa personalizado que contemple la gravedad del delito cometido y favorezca un contacto paulatino con el entorno social externo.

Y además:

III - DESARROLLO DEL FALLO PLENARIO

IV - FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MAYORÍA Y DE LA MINORÍA

V - POSICIONES DISIDENTES: UNA DEFENSA DE LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL CASUÍSTICA

VI - HACIA UNA LECTURA CONSTITUCIONAL BASADA EN EL CASO CONCRETO

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