El Juzgado Civil N° 5 de la Primera Circunscripción de Santa Rosa, provincia de La Pampa, a cargo de Adriana Pascual, hizo lugar a una acción colectiva de amparo y ordenó la reestructuración de los contratos de plan de ahorro para adquirir vehículos cero kilómetro antes del 29 de octubre de 2019, a fin de que se redefina el valor relativo al monto referencial de las cuotas. Las empresas demandadas deberán, en el plazo de 20 días hábiles, recalcular cada uno de los planes que integran el colectivo (de más de 200 damnificados) como consecuencia del incremento desmesurado e injustificado en el valor de las cuotas mensuales por parte de las empresas demandadas.

Detalles del caso

En el caso “Pozniak, Pamela Liz y Otros s/ Amparo”, los demandantes del plan de ahorro cuestionaron el aumento desmesurado de las cuotas mensuales y argumentaron que estas se integraban por distintos conceptos “variables” y que no se les informaron los criterios de referencia para su variación. Dicho “valor móvil”, explicaron, sufrió un incremento de entre un 100 y 669% desde abril de 2018 a septiembre de 2019, es decir muy por encima del aumento registrado en el precio del automóvil cero kilómetro respectivo. En ese período, señalaron que la inflación interanual registrada fue de alrededor del 50% y los haberes se incrementaron en menos del 50% y que, al momento de la suscripción de los planes de ahorro, las cuotas no podían superar el 20 o el 25% de los ingresos de los suscriptores y en la actualidad superan el 50% de dichos ingresos.

Las firmas demandadas fueron son Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados, Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados, Plan Óvalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados, Plan Rombo S.A. de Ahorro para Fines Determinados, Círculo de Inversores SAU de Ahorro para Fines Determinados (Peugeot S.A.), Interplan S.A. de Ahorro para Fines Determinados (Chery Plan) y Toyota Plan Argentina S.A. de Ahorro para Fines Determinados.

Estas se defendieron argumentando que son administradoras que no se encuentran obligadas a gestionar un único modelo y esquema de plan de ahorro y que cada una tiene autonomía para fijar su contenido mientras respete la normativa de la Inspección General de Justicia. “La IGJ es la autoridad de contralor que determina el contenido específico de las solicitudes de adhesión a un plan de ahorro y reglamenta su funcionamiento, las cuales se encuentran aprobadas y adecuadas a las previsiones de la Ley de Defensa del Consumidor”.

Plan de ahorro y defensa del consumidor

La jueza explicó los diferentes contratos y la normativa vigente y remarcó que “los ahorristas que contrataron antes de abril de 2018 se vieron sorprendidos después de esa fecha -y hasta el presente- con aumentos incomprensibles, no explicados ni informados debidamente e impuestos por los fabricantes, sin poder saber al día de hoy cómo se llegó a esos precios ya que ni los peritos ni los testigos lo pudieron determinar (ni lo explicaron las demandadas)”.

En ese contexto, entendió que “lo ocurrido en nuestro país a partir de 2018 fue una situación extraordinaria e imprevisible que amerita la aplicación de esta teoría (de la imprevisión) y la revisión contractual por excesiva onerosidad sobreviniente”. “Se fijaron condiciones contractuales como la indeterminación de precio de forma unilateral e inconsulta, sin informarle al consumidor acerca de los aumentos excesivos de las cuotas ni como se efectúan los cálculos para llegar a las sumas abonadas mensualmente”, agregó la magistrada. Y añadió que “los actores son consumidores que han firmado contratos de adhesión, la tutela legal que les cabe es aún mayor y ya no surge sólo de la normativa civil sino de la propia Constitución Nacional”. De esta forma, desde su punto de vista, se evidenciaba un abuso de una posición dominante, ocupada en el caso por las demandadas, creando un sistema de venta de automotores a consumidores a través de contratos que contienen cláusulas abusivas.

La sentencia

Con fundamento en la falta de información adecuada exigida por la Ley de Defensa del Consumidor y en la imprevisión a la que se vieron sometidos los miembros de la clase -legitimados activos-, la jueza hizo lugar al pedido contra las ocho administradoras de planes de ahorro, declaró la nulidad relativa respecto del “valor móvil” establecido en todos los contratos que lo fijan en el valor informado por el fabricante (y que luego la administradora informa a la IGJ).

Este valor además se utilizaba como la base de cálculo de los gastos de administración, tasas, etc. de los contratos en cuestión. Asimismo, ordenó reajustar los valores de las cuotas de los ahorristas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC desde abril de 2018 o desde la celebración de cada contrato posterior hasta la fecha de pago total. En los casos en donde surjan deudas por los ahorristas, estos pueden optar por cancelarla en un solo pago o cancelarla en ilimitadas cuotas mensuales computando esas sumas como pagos a cuenta y sin que se afecte más del 25% de sus ingresos.

Por el contrario, en caso de que surgiera una diferencia a favor de los ahorristas el monto se imputa a cuenta de futuras cuotas pendientes, por el contrario, si hubieran cancelado el plan o no registraran deuda se les debe restituir el dinero en el plazo de 20 días hábiles. Finalmente, excluyó de los alcances de la sentencia a todos aquellos que hubieran finalizado su plan de ahorro, hubieran percibido los haberes correspondientes a la liquidación de sus planes de ahorro o que decidieran voluntariamente autoexcluirse.

La sentencia favorece a todos los consumidores domiciliados en La Pampa que suscribieron un contrato de plan de ahorro de automotores con las demandadas desde 2019 y hasta el día de la sentencia inclusive y que no hubieran desistido del proceso.

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