El Juzgado Civil, Comercial y Sucesiones N° 31 de Choele Choel hizo lugar a la demanda iniciada por una consumidora contra la administradora de planes de ahorro y una concesionaria oficial de la marca ante condiciones no informadas y daños derivados de la falta de entrega de un vehículo adjudicado.

En el caso “Schaap Paula Natalia c/ Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otro s/ sumarísimo”, la actora reclamó una indemnización por incumplimiento del contrato de ahorro para la adquisición de un automóvil Volkswagen Polo Trendline 1.6 MSI 110 CV MY 2020.

Los hechos y posturas de las partes

La actora sostuvo que suscribió el plan de ahorro denominado “Auto Ahorro Tu Plan” y pagó seis alícuotas iniciales, además de una cuota complementaria de $448.402 que le fue exigida para poder acceder a la licitación y adjudicación del vehículo.

Según relató, luego de abonar la alícuota complementaria le informaron que debía presentar una garantía personal, condición que no le había sido comunicada previamente y que resultó de cumplimiento imposible, lo que impidió la entrega de la unidad.

También afirmó que la falta de información clara y la negativa a reintegrarle el dinero abonado configuraban un “enriquecimiento indebido derivado de un acto ilícito y abuso de posición dominante”.

Volkswagen S.A. negó los hechos y sostuvo que su función se limita a la administración de los fondos de los ahorristas, siendo la concesionaria la responsable de brindar toda la información sobre los planes de ahorro. Transcribió una cláusula del contrato que dispone que “son nulas todas las bonificaciones o compromisos que otorguen los concesionarios o agentes” y que el solicitante debe denunciar por escrito cualquier promesa particular. Argumentó, por tanto, que era “un tercero ajeno a la relación jurídica” entre la actora y la concesionaria.

En tanto, la presentación de la concesionaria fue considerada extemporánea, aunque la firma mantuvo control sobre la prueba producida.

La prueba pericia informática acreditó la autenticidad de las capturas de pantalla y transferencias realizadas desde el sitio oficial de Volkswagen Argentina S.A., confirmando la existencia del plan a nombre de la actora. También se verificó la autenticidad de los correos electrónicos remitidos por la administradora con los comprobantes de pago.

La prueba testimonial de la empleada de la concesionaria confirmó la existencia del vínculo contractual y los reclamos efectuados por la actora.

El fallo judicial

La jueza Natalia Costanzo delimitó el caso dentro de una relación de consumo, conforme los artículos 1 y 2 de la Ley 24.240. Destacó que la actora era consumidora y las empresas demandadas proveedoras de bienes y servicios, por lo que resultaban alcanzadas por el régimen tuitivo. Subrayó que el derecho del consumidor constituye un “microsistema autónomo de naturaleza constitucional”, vinculado al artículo 42 de la Constitución Nacional, que impone una interpretación favorable al consumidor.

Sobre la naturaleza del contrato de adhesión suscripto, con cláusulas predispuestas unilateralmente, la magistrada señaló que “las cláusulas contenidas en el mismo deben pasar por el tamiz de la buena fe y la razonabilidad”.

En ese marco, consideró probado que las demandadas no brindaron información clara y precisa sobre las condiciones del plan, particularmente respecto de los requisitos para la adjudicación del vehículo.

Añadió que la doctrina y jurisprudencia sobre el deber de información y trato digno, al recordar que “la información es un bien que tiene valor jurídico y protección jurídica, en tanto permite el ejercicio de los restantes derechos del consumidor”.

Además, citó el principio de “in dubio pro consumidor” y la aplicación de las cargas probatorias dinámicas, señalando que en este tipo de procesos “debe probar la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo, es decir, el proveedor”.

Incumplimiento de los deberes de información y trato digno

Para la jueza tanto Volkswagen S.A. como la concesionaria incumplieron con los deberes de información y trato digno, afectando el principio de buena fe que rige toda relación contractual. Asimismo, rechazó la defensa de Volkswagen respecto a su ajenidad, al recordar que el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor impone responsabilidad solidaria a todos los integrantes de la cadena de comercialización.

En ese sentido, la sentencia enfatizó: “La enumeración del artículo es enunciativa. El consumidor puede demandar a todos los que hubieran formado parte de la cadena, sin que éstos puedan excusarse u oponer falta de legitimación”.

En cuanto a los rubros reclamados, la jueza tuvo por acreditados los pagos efectuados que ascendieron a $508.252,23, incluyendo las cuotas mensuales y la alícuota complementaria, y ordenó su restitución con intereses.

Respecto del daño moral, la sentencia reconoció el perjuicio derivado de la frustración contractual y la falta de respuesta ante los reclamos.

La jueza sostuvo que “no puede dudarse que en el caso se ha configurado un daño moral, pues la actora puso su confianza en la empresa para la adquisición de un vehículo y vio afectada su tranquilidad espiritual y emocional”. En función de ello, fijó una indemnización de $1.500.000.

En cuanto al daño punitivo, el tribunal aplicó una multa civil por igual monto de $1.500.000, al considerar acreditado el accionar desaprensivo y la falta de respuesta a los reclamos.

“Las demandadas han actuado con grave indiferencia hacia la actora, frente a sus reclamos primero vía WhatsApp, luego mediante Carta Documento y por último citándolas a mediación, todo sin resultado favorable”, expresó la jueza.

Añadió que esa conducta “procura el desgaste para desalentar los reclamos frente al incumplimiento contractual”, configurando una conducta “objetivamente descalificable desde el punto de vista social”.

De ese modo, el total de la condena ascendió a $3.508.252,23, más intereses.

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