La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó, el 30 de octubre de 2026, el rechazo de la demanda en ‘Piñeyro, Enrique c/ EN-AFIP-DGI Ley 27605 s/ proceso de conocimiento’. Fijó que quien dejó de ser residente entre el 31 de diciembre de 2019 y el 18 de diciembre de 2020 no tributa por sus bienes en el exterior.

Del reclamo a la apelación

Enrique Piñeyro, de nacionalidad italiana, sostuvo que adquirió la residencia permanente en Madrid el 29 de abril de 2020, por lo que la ley 27.605, vigente desde el 18 de diciembre de 2020, no le era aplicable. Tras ingresar el aporte, amplió su acción declarativa de certeza el 24 de febrero de 2022 y pidió repetir $ 5.117.568.405,24, entre capital e intereses resarcitorios.

El 26 de febrero de 2026, el juez de primera instancia rechazó la demanda con costas. Entendió que el actor era residente al 31 de diciembre de 2019, descartó la confiscatoriedad con base en la pericia contable, que ubicó el aporte en el 5,22 % de los bienes declarados, y no halló prueba suficiente de la inconstitucionalidad.

Los motivos que inclinaron la decisión

El juez Sergio Gustavo Fernández tuvo por acreditada la pérdida de residencia con documentación que la demandada no rebatió: constancias de la AFIP con la baja por residencia en otra jurisdicción, empadronamiento en Madrid, actas notariales y alta tributaria en España. Descartó que la baja no estuviera aceptada definitivamente, ya que no se aportaron indicios serios de que el actor mantuviera su centro vital en el país.

En el plano normativo, el art. 2°, inciso b, tercer párrafo, de la ley 27.605 remite a los criterios de residencia de los arts. 116 a 123 de la ley de impuesto a las ganancias ‘al 31 de diciembre de 2019’. Como el art. 117 prevé que la residencia se pierde al obtener la permanente en el extranjero, juzgó irrazonable considerar residente, al momento del hecho imponible, a quien ya había dejado de serlo.

Aplicar la letra estricta —razonó— impediría al contribuyente probar su situación y convertiría la previsión en una presunción absoluta o una ficción legal. Invocó la doctrina de la Corte Suprema en ‘Mera, Miguel Ángel (TF 27.870-1) c/ DGI’ sobre las presunciones y el criterio de la realidad económica. Aclaró que no emite juicio sobre la fecha de corte.

Alcance del reintegro

Se ordenó reintegrar lo ingresado por bienes en el exterior —$ 4.967.156.712,63 de los $ 4.986.238.760,75 abonados como aporte— más los intereses resarcitorios proporcionales. Se convalidó la pericia contable rectificada, se rechazó el planteo fiscal sobre el tipo de crédito utilizado, pues los pagos fueron por volante electrónico, y las costas se distribuyeron por su orden.

Caso Enrique Piñeyro: la Cámara limitó el aporte solidario y extraordinario