Se fue el calor, pero se mantiene un viejo dilema que genera fuertes dolores de cabeza en los edificios y barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires. Una estricta interpretación de la Ley Provincial N° 14.798 mantiene en alerta a administradores de consorcios y vecinos por igual: ¿es realmente obligatorio contratar un guardavidas para la pileta del edificio?

La respuesta legal es tajante. Sin embargo, su aplicación práctica en el día a día comunitario abre una enorme grieta entre la seguridad y los costos inalcanzables.

La letra chica de la ley: ¿qué piletas quedan afuera?

La legislación bonaerense establece con claridad que todo ambiente acuático del territorio provincial debe contar obligatoriamente con servicio de guardavidas. Sin embargo, la norma introduce una única y crucial excepción:

Artículo 5º, inc. a): Se exceptúan de la norma aquellas construcciones que 'se encuentren ubicadas en las residencias particulares de uso familiar exclusivo'.

Esto significa que si tenés una piscina en el patio de tu casa para vos y tu familia, estás exento. El verdadero problema aparece cuando la pileta pasa a ser de uso común, como ocurre en las terrazas de los edificios, los complejos de departamentos o los clubes de campo. Al ser considerados espacios 'semi-públicos' o 'privados de uso común', la ley no hace distinciones de tamaño, afluencia ni profundidad. Una pequeña piscina de 50 centímetros de profundidad en un último piso está técnicamente sujeta a la misma regla que un natatorio olímpico.

Un golpe al bolsillo de las expensas

Para los consorcios, cumplir con la ley al pie de la letra se ha vuelto una misión económicamente imposible. La normativa exige una estructura de seguridad muy rigurosa para los empleadores, que incluye:

Dotación de personal: como mínimo, la ley exige dos guardavidas por cada 100 personas (o fracción) para natatorios o ámbitos acuáticos.
Jornada y temporada: el período mínimo de prestación de servicios es de 150 días corridos (cinco meses) , con una jornada laboral de 6 horas diarias corridas. Si la pileta pretende estar abierta 12 horas al día, se deben contratar al menos dos profesionales para cubrir los turnos.
Carga laboral y equipamiento: además del sueldo básico fijado por paritarias, los empleadores deben costear aportes previsionales, adicionales por tareas riesgosas, la indumentaria reglamentaria anual y un costoso equipamiento de seguridad que incluye desde botiquín y tablas espinales hasta un desfibrilador automático (DEA).

Entre la clausura preventiva y el riesgo legal

Ante la imposibilidad de afrontar semejante gasto extra, que dispararía el valor de las expensas a niveles astronómicos, muchos consorcios de la provincia están tomando una medida drástica: prohibir el uso de sus propias piletas y mantenerlas valladas durante la temporada.

Los administradores argumentan que el vacío y la rigidez de la norma los deja en una posición de extrema vulnerabilidad. Dejar la pileta abierta sin la presencia de un guardavidas matriculado implica exponer al consorcio a multas severas por parte de las autoridades de control y, lo que es peor, a graves responsabilidades penales y civiles para el administrador y los propietarios en caso de que ocurra un accidente.

Mientras la ley mantenga a los consorcios bajo la misma vara que a los grandes balnearios o clubes deportivos, el verano bonaerense seguirá exhibiendo la misma postal paradójica: piletas de edificios completamente llenas de agua, pero vacías de vecinos.

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