La Fiscal General Jefe de Rawson, provincia de Chubut, Florencia Gómez, pidió elevar a juicio el caso en el que se investiga a un hombre por daño ambiental agravado y crueldad animal, que lo podría condenar a la pena de hasta 4 años de prisión efectiva.

El caso comenzó en 2021, cuando el productor agropecuario Ricardo La Regina construyó un camino lindero a su estancia, ubicada en un área protegida de Punta Tombo, donde anidaban miles de pingüinos.

El hombre buscaba trazar dos caminos e instalar un alambrado de 900 metros de 6 hilos en el que anexó un boyero electrificado, conectado a una batería con alimentación solar ubicado en el interior de su propiedad.

Dicho establecimiento, que limita con el Área Natural Protegida de Punta Tombo, lugar que se encuentra dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas (El Área Punta Tombo – Punta Clara) es a su vez, núcleo de la Reserva Biosfera de UNESCO Patagonia Azul, siendo además designada internacionalmente como Área de importancia para la Conservación de las Aves (AICA).

El mencionado aparato impidió el libre tránsito de las aves desde la costa hasta sus nidos. Parte de la remoción de vegetación la hizo en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.

Por su accionar habrían muerto 105 pingüinos adultos, 292 pichones y se destruyeron 175 nidos.

Avanza el caso por ecocidio

La denuncia fue presentada por el científico y experto en pingüinos Pablo Borboroglu [Global Pengüin Society] y la querella quedó integrada por Greenpeace, la Asociación de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Patagonia Natural.

La audiencia preliminar se realizó el 12 de abril y ahora la Fiscal General le pidió a la Oficina Judicial que establezca una fecha para llevar adelante el juicio oral a partir de los primeros días de noviembre.

De acuerdo a declaraciones de la funcionaria judicial a distintos medios periodísticos, su idea es que el 26 de noviembre, durante el juicio, se lleve a todos los testigos al lugar del hecho porque “los daños todavía persisten y pueden verse”.

Incluso destacó que un estudio que se hizo para incorporar a las pruebas determinó que la recuperación del ambiente puede demandar hasta 35 años.

De acuerdo al Ministerio Público Fiscal, es la primera vez que un caso de “ecocidio” llegará a esta instancia en América Latina. Según explicaron dicho delito se describe como “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”.

Para la querella, se comprobó que el imputado, sin autorización administrativa sobre impacto ambiental y usando una retro excavadora, produjo con pleno conocimiento de causa actos de crueldad animal y daños irreversibles sobre fauna y flora autóctonas en una estancia propia lindante con el Área Natural Protegida Punta Tombo.

“Los hechos que se investigaron son de extrema crueldad hacia la vida animal, en presencia de pingüinos de Magallanes en época reproductiva”, agregó la denuncia.

Concurrencia de varios delitos

La Fiscal General remarcó que fue determinante la rapidez con que se realizó el allanamiento tras la denuncia y el accionar policial y del Ministerio de Ambiente, que al día siguiente fueron a relevar el lugar e hicieron un informe de lo encontrado.

Además, explicó que la denuncia se funda “en una violación a la denominada ley Sarmiento, de maltrato animal en concurso con otros dos hechos: la crueldad hacia los especímenes y el daño ambiental probado por un estudio realizado por una consultoría que consta en la causa”.

Las pruebas también serían determinantes para fundamentar el pedido ya que las imágenes satelitales provistas por National Geographic permitieron a la fiscalía, chequear la información ya existente, trabajar con especialistas en suelo y pingüinos para realizar un informe detallado y obtener datos precisos sobre los días y horas en que se dañó la colonia.

“Descargar esas imágenes satelitales sale muchísimo dinero y desde National Geographic nos dieron las imágenes gratuitas y presentaron el informe con sus cartógrafos”, agregó la fiscal.

La organización internacional no solo aporta las imágenes, sino que también participa como perito del caso.

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