La sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a un reclamo indemnizatorio de una trabajadora que había sido despedida durante el período de prueba, ya que no estaba registrada de manera correcta.

En el caso “Fizzano, Magali Iris c/ Nakar SRL s/despido”, tras ser desvinculada, la actora argumentó que la irregularidad registral -en cuanto a la fecha de ingreso- la colocaba dentro de la órbita del inciso 3 del art. 92 bis de la LCT, y -por ende- a la otrora empleadora por renunciada al período de prueba.

Este inciso dispone: “El empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral por el período de prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de ese incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a dicho período”.

De esta manera, entendió que debía percibir las indemnizaciones correspondientes a la integración del mes de despido, preaviso y antigüedad. Asimismo, reclamo la procedencia de distintas multas.

Fallo de primera instancia y agravios

La sentencia de primera instancia receptó sólo la sanción indemnizatoria del art. 80 LCT por la falta de entrega de certificados de trabajo.

Si bien tuvo por acreditado que la fecha de ingreso real fue anterior a la registrada, consideró que -de conformidad con la doctrina plenaria sentada en “Sawady c/ SADAIC”- al no haber superado la relación los tres meses de duración, no le correspondía a la accionante indemnización en los términos del art. 245 de la LCT.

La actora se agravió porque -según dice- no se tuvo en consideración los dichos de la testigo que indicaban que ingresó con anterioridad a la fecha registrada por la empleadora. De haberse valorado, entendía que se acreditaría que la empleadora renunció al período de prueba.

En tanto, la demandada consideró que “no es de aplicación el art. 92 bis numeral 3 de la LCT, no solo porque el mismo se utiliza en los casos de falta total de registración, sino porque resulta a todas luces aplicable el Fallo Plenario 218”.

Además, añadió que, aun habiéndose acreditado que la accionante fue registrada con una falsa fecha, posterior a la verdadera, no se verifica la situación de renuncia al período de prueba “porque el mismo se utiliza en los casos de falta total de registración”.

Plenario inaplicable al caso

Los jueces explicaron que, si bien la primera parte del art. 92 bis de la LCT “el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entiende celebrado a prueba durante los tres primeros meses de vigencia”, no siempre es así.

Es que “el deber de registrar establecido como regla de validez en el numeral 3, no puede sino ser interpretado como “deber de registrar regularmente”, so peligro de extender un beneficio excepcional a un empleador que actúa en fraude a la ley (lo que resultaría en una absurda e inadmisible interpretación)”, entendieron los camaristas.

“Esto implica que ese empleador no puede prevalerse de los beneficios que dicho instituto establece a favor de los que cumplen acabadamente con sus obligaciones, entre ellos la eximición de obligación indemnizatoria en caso de disponer la extinción del contrato sin invocación de causa, y la reducción del plazo del preaviso a 15 días”, añadieron.

Este contexto normativo no es el que existía en 1979 al dictarse el Plenario “Sawady”, por lo que consideraron absurdo aplicar esa doctrina plenaria y obtener como resultado que el empleador que viola la ley pueda beneficiarse con su inconducta, cuando es la propia ley la que lo sanciona haciéndole perder ese beneficio.

“Si la ley sanciona al empleador estableciendo que si decide manejarse violando las limitaciones de los numerales 1 (no podrá ser contratado a prueba, por el mismo empleador, más de una vez) y 3, no puede prevalerse de los beneficios del período de prueba, mal puede la jurisprudencia plenaria eliminar parte de los efectos de esa sanción, entendiendo que –igualmente- está eximido de la obligación de pagar indemnización por despido”, agregaron los jueces Andrea García Vior y José Alejandro Sudera.

Por ello, receptaron la apelación de la actora e incorporaron a la condena la obligación de abonar la tarifa indemnizatoria del art. 245 LCT y la del art. 232 por el equivalente a un mes de salario.

Período de prueba y protección contra el despido arbitrario

En el artículo “Protección contra despido arbitrario (art. 14 bis, CN) c/período de prueba (art. 92 bis, LCT) s/inconstitucionalidad”, publicado en Temas de Derecho Laboral de Erreius, Xabier Uriaguereca explicó que “el período de prueba, como instituto jurídico, ha sido fundamentado en razones tales como posibilitar al empleador de constatar la habilidad, destreza, capacidad, personalidad, colaboración, diligencia e iniciativa del trabajador en cuanto al trabajo y su inserción a la empresa”.

“Y respecto al trabajador se ha dicho que el período de prueba le permite el examen o comprobación durante la prestación laboral de las ventajas y desventajas de las promesas dadas al concertar el contrato de trabajo”, remarcó.

Luego consideró erradas tales apreciaciones porque “para el trabajador no hay beneficio que no tuviera con anterioridad, ya que el mismo puede renunciar en cualquier momento a la relación laboral, no necesitando un período de prueba para ello. La supuesta deuda por el preaviso ante renuncia solo correspondería en el caso de culpa grave o dolo del dependiente, caso inexistente en la jurisprudencia y praxis diaria”.

“Y respecto al empleador, el beneficio está en la posibilidad de poder equivocarse en la elección de una persona sin costo indemnizatorio alguno”, finalizó.

Período de prueba: deben indemnizarla por despido ante irregularidades en la registración