El trabajo tiene como objetivo tratar de establecer la injerencia que tuvo la jurisprudencia del Máximo Tribunal y los intentos legislativos fallidos del instituto que fueron el origen de la actual normatización del per saltum en el ordenamiento procesal argentino.

I - ANÁLISIS DEL INSTITUTO Y PLANTEO DE LA HIPÓTESIS

El per saltum en nuestro país ha sido una de las herramientas más vulnerables utilizada durante varias décadas por el Estado argentino para que muchas decisiones legislativas sean acompañadas judicialmente. Por eso en este trabajo se trata de determinar la necesidad de su reglamentación, estableciendo los parámetros indispensables para su planteo.

Al per saltum lo podemos definir como el instituto que procura, a través de una inusitada celeridad, otorgar anticipadamente la competencia del Alto Tribunal en determinados y particulares procesos. Procesalmente podemos decir que en situaciones excepcionales, el conocimiento y decisión de una causa por el máximo tribunal de alzada -en nuestro caso la CSJN- se realiza pasando por alto, es decir, “saltando” las instancias y procedimientos ordinarios que las leyes rituales prescriben para dichos casos con motivo de la actividad recursiva de las partes.

Como es sabido, el origen del per saltum se encuentra en el derecho norteamericano, que posee desde el año 1925 un acápite del “writ of certiorari”, bajo la denominación de “certiorari by pass” -Evart Act de 1891 y Judge´s Bill-, que permite la directa intervención de la Suprema Corte en los asuntos de “importancia pública imperativa”. Esta regla procesal norteamericana alude a la existencia de “razones apremiantes/convincentes” (“compelling reasons”) para admitir la cuestión federal propuesta en un writ of certiorari que deben ser resueltas de modo inmediato (Regla 20 de las Revised Rules of the Supreme Court of the United States).(1)

Si bien ha habido numerosos intentos de proyectos legislativos, como se recordará desde 1984(2) en adelante, ninguno obtuvo el éxito necesario para establecer una sistematización del per saltum en forma normativa hasta el dictado de la ley 26790.

Lo que se puede resaltar que todos estos proyectos legislativos reglamentaban el instituto para situaciones excepcionales y urgentes en las que el caso revista interés general o público, o una gravedad institucional cuya solución no admita demora alguna. De esta manera se habilita la competencia de nuestro Supremo Tribunal para requerir su inmediato pronunciamiento, ejerciendo su jurisdicción ante una sentencia o resolución de un tribunal inferior. El tiempo aparece así como dato esencial en este particular litigio haciendo perentoria e imprescindible la decisión última de la Corte Suprema.

Sin perjuicio de estos antecedentes legislativos, es menester destacar que ante la gravísima crisis económica-financiera que se desencadenó a fines de 2001, el presidente De la Rúa invocando entre otras normas las disposiciones de la ley 25414, referida a la “Delegación de ejercicio de atribuciones legislativas del Poder Ejecutivo de la Nación”, dictó el 1/11/2001, en Acuerdo General de Ministros, el decreto 1387/2001, en uso de las atribuciones conferidas por la ley 25414, y los incisos 1), 2) y 3) del artículo 99 de la Constitución Nacional. En su artículo 50, el referido decreto dispone incorporar al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el siguiente artículo como artículo 195 bis.(3)

Esta fue la primera regulación normativa del per saltum en el orden federal, y ponía en buen resguardo la posibilidad de que el Estado Nacional obtuviera pronta resolución a las medidas cautelares que a su criterio perjudicaban o perturbaban aún más la crisis desencadenada.

Dos meses más tarde, el 6/1/2002, se sanciona la ley 25561 (BO: 7/1/2002) de emergencia pública, reforma del régimen cambiario y modificación de la ley de convertibilidad, entre otras motivaciones, la cual, en su artículo 18, modificaba el texto del originario artículo 195 bis agregando a continuación de la expresión “actividades esenciales” lo siguiente: “....del Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Municipalidades, de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, o de entidades afectadas a alguna actividad de interés estatal, podrá interponerse recurso de apelación directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La presentación del recurso tendrá por sí sola efecto suspensivo de la resolución dictada. La Corte Suprema de Justicia de la Nación requerirá la remisión del expediente. Recibido este, conferirá traslado con calidad de autos a la parte que peticionó la medida por el plazo de cinco (5) días. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo previa vista al Procurador General de la Nación, dictará sentencia confirmando o revocando la medida”.

El 1/2/2002, la Corte Suprema se pronuncia en la causa “Banco de Galicia y Buenos Aires - solicita intervención urgente en: ‘Smith, Carlos A. c/Poder Ejecutivo Nacional’ - sumarísimo”. En el caso, el Banco actor solicitó la avocación per saltum de la Corte Suprema ejerciendo la acción recursiva prevista en el artículo 195 bis del CPCC, a raíz de la resolución dictada por el juez Federal de la Ciudad de Corrientes, que dispuso como medida cautelar, la devolución a su vencimiento y por el total, de los depósitos de plazo fijo que Smith solicitó con fundamento en la inconstitucionalidad del decreto 1570/2001.

La Corte señaló que si bien el artículo 195 bis, procede solo respecto de medidas cautelares, de la lectura del fallo recurrido se desprende que la medida cautelar requerida y ordenada por el juzgador, coincide con el objeto de la demanda, por lo que la resolución que declaró su viabilidad, constituye un anticipo de jurisdicción e implica, por tanto, el juzgamiento del fondo del asunto (Fallos: 316:1833; 320:1633; entre muchos otros).

Luego de desarrollar la precedente tesitura con diversos fundamentos, entrando al fondo de la cuestión, declaró la inconstitucionalidad del decreto aludido, por afectar en forma directa e inmediata las garantías reconocidas por los artículos 14 bis, 17 y 18 de la Constitución Nacional, así como las previsiones del artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, y desestimó en consecuencia, el recurso per saltum interpuesto por la actora.

El 25/4/2002, el Congreso sancionó la ley 25587 (BO: 26/4/2002) en la que lisa y llanamente dispuso en su artículo 7: “Derógase el artículo 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, y seguidamente, en su artículo 8, dispone que en los supuestos de las apelaciones en virtud del derogado artículo 195 bis del CPCC ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta remitirá a las respectivas Cámaras de Apelaciones las actuaciones que estuvieren pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Las Cámaras resolverán los recursos adecuando su trámite a los artículos precedentes de esta ley.

Con posterioridad a esta normativa, la Corte evitó abrir su competencia apelada cuando se pretendía arribar a ella mediante salto de instancia. En tal sentido, ha desestimado distintos pedidos de avocamiento sobre la base de sostener que no constituían acción o recurso alguno que, con arreglo a los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, habilitaran su competencia ordinaria o extraordinaria.(4)

II - ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES DEL INSTITUTO DURANTE LA DÉCADA DEL 90

No se puede dejar de soslayar que durante los años noventa hubo una práctica indiscriminada en nuestro Superior Tribunal de este instituto.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el leading case que dio el puntapié inicial para habilitar el instituto de per saltum, dispuso la suspensión de los efectos de la sentencia apelada en la causa “Dromi, José R. (Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación) - avocación en autos ‘Fontela Moisés E. c/Estado Nacional s/amparo’”(5), con motivo del recurso directo interpuso por el Ministro de Servicios y Obras Pública, en contra de la decisión del Juez Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2 que hizo lugar a la demanda ordenando al Estado Nacional que con motivo de la privatización de Aerolíneas Argentinas, “encuadre la sociedad a crearse, dentro de lo estipulado en el artículo 6 de la ley 23696”.

Requeridos los autos al magistrado de origen, fueron dictadas dos resoluciones. La primera, el 13/7/1990, admitió la petición directa, y frente a la inminencia de agravios de imposible o tardía reparación, ordenó la suspensión de los efectos de la sentencia apelada, invocando precedentes jurisprudenciales.

El 6/9/1990(6), se dictó el pronunciamiento en el que la mayoría integrada por los doctores Levene, Cavagna Martínez, Barra y Petracchi, luego de amplios fundamentos acepta pretorianamente la viabilidad de la apelación per saltum en aquellas causas de competencia federal, en las que con manifiesta evidencia se demuestre por el recurrente, que entrañan cuestiones de alta gravedad institucional y en las que con igual grado de intensidad, se acredite que el recurso extraordinario constituye el único medio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, lo cual autoriza a prescindir del recaudo del tribunal superior, a los efectos de que la Corte habilite la instancia promovida mediante aquel recurso para revisar lo decidido en la sentencia apelada.

De hecho es dable resaltar que en la totalidad de los casos en que se solicitó la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación salteando una o más instancias, motivaron fallos muy divididos, con varios votos distintos integrando la mayoría y la disidencia, lo cual revela que el tema no es ni sencillo ni pacífico.

Sin embargo de todos y cada uno de los casos en los que intervino la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la utilización del per saltum podremos establecer que los ministros intervinientes, en sus diferentes votos, fueron determinando los requisitos indispensables para que proceda este instituto.(7)

En la mayoría de los casos se resaltó la necesidad de una formulación legal. Esta normativa debe ser legislada por el Congreso Nacional prescribiendo las reglas y excepciones para que el Alto Tribunal conozca en determinada causa por esta vía de apelación.(8)
La cuestión debatida deberá pertenecer a la competencia federal, ratione materiae, que prescribe el artículo 116 de la Constitución Nacional, en virtud de que atendiendo a la naturaleza federal litigiosa, dicha competencia es de orden público constitucional, y por lo tanto, privativa y excluyente de los tribunales federales, e indisponible para las partes y tribunales provinciales(9). Es dable resaltar que durante aquel período los objetos para los cuales la Corte se decidió a fallar en forma rápida, salteando instancias, fueron totalmente disímiles como procedimiento de privatizaciones, una condena penal, aplicación de un convenio colectivo de trabajo.
Se advirtió también la necesidad de un pronunciamiento de un tribunal inferior. Este requerimiento surge del artículo 117 de la Constitución Nacional, que establece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación solo puede conocer en causas judiciales de las instancia inferiores por vía de apelación, y por lo tanto, si queremos establecer el per saltum, solo podrá ser ejercido impugnando una resolución de instancia inferior.(10)
El recurso por esta vía debería ser interpuesto por parte legítima, aquella que tenga un perjuicio o interés concreto y objetivo en que lo funde.
Uno de los requisitos más destacados en la creación pretoriana de la Corte es la existencia de gravedad o interés institucional que exige este instituto. Esta debe ser superlativa, de mayor entidad que la que normalmente se entiende para el recurso extraordinario cotidiano. Las circunstancias que rodeen la causa y el pronunciamiento, deben constituir situaciones límites de contundente y objetiva trascendencia institucional o interés público, que afecte en forma excepcional el funcionamiento del sistema político, o las instituciones fundamentales del Estado y la Sociedad.(11)
Por la trascendencia y capital importancia de la situación creada, no admite dilación alguna por el tránsito de las vías procesales ordinarias, el pronunciamiento del Alto Tribunal debe presentarse como el único medio para hacer la justicia en el caso concreto por ello se requiere de la urgencia en la decisión. Es precisa la celeridad judicial al servicio de valores fundamentales de la sociedad argentina en situaciones seriamente conflictivas.(12)
Como todo recurso se requiere que quien lo interponga, la resolución dictada le cause un gravamen irreparable. Es necesario que el gravamen que pueda producirse por la negativa o tardía resolución sea irreparable o de insuficiente reparación ulterior, por la afectación al sistema cultural, económico o social de la Nación, a los derechos y garantías constitucionales o al juego armónico de los poderes del Estado.(13)
Interpretación restrictiva. Dada la excepcionalidad del remedio, para excepcionales circunstancias, no cabe duda de este requisito. No puede ser el per saltum el instrumento de presurosas pretensiones de los litigantes, ni el fácil expediente para acceder a la decisión de la Corte Suprema. El alto objetivo del instituto no puede bastardearse por la ordinarización de la excepcionalidad. Todas estas circunstancias quedarán siempre sujetas a la razonabilidad en la apreciación que lleve a cabo la Corte respecto de si los considera configurados. Se establece a su vez, más que una condición de procedencia del per saltum, un “criterio de aplicación del instituto” al estipular que “la Corte habilitará la instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad”.(14)

III - PERFIL DEL INSTITUTO REGULADO POR LA LEY 26790

No se puede sortear el hecho histórico y político que vivíamos en la República Argentina para dar paso a la incorporación del instituto en su actual redacción.

Es dable destacar, como lo ha hecho el doctor Gozaíni(15), que esta obedece a un producto creado por la doctora Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación en el 2012 y quien en el período 2004/2005 había presentado un proyecto propio de per saltum sobre la base de incorporar como artículos 257 bis y 257 ter de la ley 17454 (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) con las disposiciones que ahora son reglamento.

A raíz de ella, y con el dictado de la ley 26790, se introdujo en nuestro derecho procesal el recurso extraordinario por salto de instancia.

En general, la propuesta de contar con este instituto ha estado fundamentada en la necesidad de prever una solución para aquellas cuestiones puntuales en las que fuertes razones de trascendencia pública o social -o de gravedad institucional- tornan imperiosa su definición a fin de evitar los serios perjuicios que puede ocasionar el tránsito del proceso por las distintas instancias previstas legalmente.

Los precedentes del Máximo Tribunal que fueron analizados anteriormente permiten inferir que fue una de las fuentes utilizadas para la presente regulación del instituto en el Código de rito.

La reforma introduce en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el artículo 257 bis, que dice:

“Procederá el recurso extraordinario ante la Corte Suprema prescindiendo del recaudo del tribunal superior, en aquellas causas

- de competencia federal

- en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional,

- cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que

- el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido,

- a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”.

El recurso extraordinario por per saltum solo será procedente en causas de competencia federal, como un remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, descartándose entonces que se extienda para impugnaciones en contra resoluciones judiciales provinciales, locales y municipales. Este criterio es similar al mantenido por la CSJN en reiteradas ocasiones relativo a la imposibilidad de aplicar el salto de instancia en asuntos pertenecientes a jurisdicciones ajenas a la federal.(16)

Pero la piedra angular que autoriza su procedencia es la configuración de una notoria gravedad institucional que si bien el Máximo Tribunal ha procurado identificar las finalidades perseguidas con su utilización, hasta su normatización no ha logrado dar una definición acabada de lo que ella significa, reconociendo, incluso, que es un concepto que no se halla exento de una “zona de gris”.

La Corte ha justificado su utilización en la necesidad de conservar nuestro sistema institucional y mantener la supremacía de la Constitución Nacional. Además en el entendimiento que se encuentra habilitada por el orden jurídico para seleccionar los problemas que, por la trascendencia de los intereses que afectan, no pueden escapar a su control constitucional mediante la alegación de obstáculos de índole formal o procesal.

Si bien en forma predominante la doctrina ha sido empleada en casos en los que interviene el Estado(17) o alguna de sus entidades descentralizadas, también, aunque en menor medida, ha sido utilizada en casos suscitados entre particulares.

Sin embargo esta falencia no ha impedido que la Corte fije algunas pautas orientadoras que permitan conocer cuándo puede estarse frente a una situación de ese tipo: en aquellos proceso en que la cuestión que porta el recurso extraordinario excede el mero interés de las partes del proceso De ahí que debe tener virtualidad para afectar el interés de toda la comunidad, principios del orden social o proyectarse sobre instituciones básicas del sistema republicano.

El uso de la doctrina ha pasado por distintas etapas, algunas de expansión, otras de retracción. En los últimos tiempos, la Corte se muestra esquiva a su empleo por lo que la gravedad institucional ingresó en una etapa de reserva. Ello es congruente con la política judicial abordada por la nueva integración de la Corte Suprema de Justicia en los últimos 15 años tendiente a reducir el caudal de recursos en los que debe conocer, haciendo hincapié en que ambas doctrinas son de carácter excepcional.(18)

De ahí que la Corte Suprema ha considerado como asuntos que revisten gravedad institucional a aquellos en los que: a) se interpreten las atribuciones que la Constitución reserva a cada uno de los poderes; b) se ponga en juego su competencia; c) se pueda afectar la regular percepción de la renta pública; d) se pueda comprometer la responsabilidad internacional del Estado; e) se pueda enervar el poder de la policía del Estado; f) se pueda afectar la regular prestación de servicios públicos.

Después de este análisis de la gravedad institucional a nivel jurisprudencial, es dable resaltar que con la introducción del per saltum, en el mismo artículo analizado -257 bis- y a renglón seguido, se introduce una novedad para lo que hasta el momento era materia de recurso extraordinario federal: la norma determina qué es la gravedad institucional, siendo esta la primera vez que legalmente es definido el Instituto.

De ahí que dispone que “existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales por ella incorporados”.

Con este aspecto de la norma, coincido plenamente con el doctor Osvaldo Gozaíni cuando resalta que “no siempre que exista gravedad institucional, debe o puede la Corte actuar a través de este remedio excepcional. Indudablemente, para ello debe acreditarse que el recorrido de todas las instancias ordinarias, sería causal de un gravamen irreparable. Ello es lo que, precisamente, permite a la Corte prescindir de los requisitos procesales que se exigen para su intervención y conocer por salto de instancia”.(19)

Además, la norma agrega lo siguiente:

“La Corte habilitará la instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad.

Solo serán susceptibles del recurso extraordinario por salto de instancia

- las sentencias definitivas de primera instancia,

- las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos y

- aquellas dictadas a título de medidas cautelares.

No procederá el recurso en causas de materia penal”.

Esta previsión es, en principio, sobreabundante, ya que no hace más que reiterar un recaudo que es propio del recurso en general previsto por el artículo 14 de la ley 48. Igualmente, la mención a las medidas cautelares resulta de poca claridad, ya que las decisiones en torno a ellas, en variadas circunstancias, han sido equiparadas por la Corte Nacional a sentencias definitivas -por lo cual su referencia sería innecesaria- y en otras, ese recaudo ha sido dispensado por gravedad institucional.

El aspecto que nos parece técnicamente incorrecto es el de calificar a las sentencias de primera instancia como sentencias definitivas. Este agregado de “definitivas” no se sostiene y es innecesario a los fines de la regulación normativa. En efecto, con mencionarlas como sentencias de primera instancia quedan perfectamente identificadas y se descarta una adjetivación equívoca, ya que “definitivas” solo son las emanadas del superior tribunal de la causa, o las pasadas en autoridad de cosa juzgada.

Ajena a este tipo de apelación se encontrarían las causas de material penal. Esta disposición encuentra su fundamento en la necesidad de asegurar el derecho al recurso que para el imputado consagra el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8). Por supuesto que para quienes consideran que ese derecho también se extiende a todos los demás procesos, cualquiera fuera la materia sobre la que versen, el per saltum vulneraría dicha disposición, por tratarse de un recurso de conocimiento limitado y restringido.(20)

El artículo 257 ter establece los requisitos procedimentales.

A diferencia de lo que ocurre con el recurso extraordinario federal, el per saltum deberá interponerse, no ante el último tribunal de la causa sino directamente ante la Corte Nacional y en el plazo de diez días de notificada la resolución impugnada.

Pese a encontrarse ya regulado, esta norma no hace referencia a los requisitos formales exigidos para el recurso extraordinario federal previstos por el artículo 1 de la acordada 4/2007, en cuanto a la extensión de la presentación, renglones por hoja y tipografía, ni tampoco el Supremo Tribunal ha dictado una acordada ampliatoria que los haga extensivos al per saltum.

Huelga resaltar que, como requisito formal la norma dispone que el escrito de interposición debe ser fundado y autónomo(21). Además el artículo 257 bis dispone que quien pretenda valerse del salto de instancia tiene carga de alegar y acreditar la presencia de gravedad institucional con la intensidad que la norma prevé.

Para ello debe invocarla al momento de deducirse el recurso. En cuanto a la acreditación, el recurrente deberá demostrar de qué modo lo resuelto excede el interés individual de las partes, o tiene aptitud para afectar la buena marcha de las instituciones o las relaciones internacionales. En consecuencia, como regla, el Tribunal desestimará el recurso cuando las referencias efectuadas por el recurrente constituyan una simple alegación de su existencia y se limiten a demostrar que lo único que se pretende defender son intereses meramente individuales.

Como indica el doctor Rosales Cuello pareciera que el cumplimiento acabado de esta última exigencia no parece congruente con las razones que habilitan el recurso, dado que si solo se admiten casos en los que la gravedad de la cuestión aparece palmaria, notoria o evidente y en los que están en juego intereses que exceden a los de las partes en litigio, no resulta razonable rechazar el recurso con apoyo en la insuficiencia del cumplimiento de cargas técnicas que surgen en forma manifiesta del contexto de la causa.(22)

Interpuesto el recurso, la normativa otorga dos vías posibles para que la Corte resuelva.

En la primera, autoriza a que el Máximo Tribunal dicte una providencia rechazándolo in límine por falta de cumplimiento de los recaudos antes expuestos, los que se encuentran vinculados a la observancia de las reglas establecidas para la temporánea interposición y fundamentación autónoma(23) del recurso. Su consecuencia es que la causa siga según el estado y por el procedimiento que corresponda. No obstante, entendemos que rechazado in limine el recurso federal, la decisión apelada queda ejecutoriada, por lo que no resulta factible retrotraer la causa a una etapa anterior.(24)

Una segunda vía establece que puede dictar la providencia declarando su admisibilidad, en cuyo caso se dará traslado por cinco días del escrito de interposición del recurso a las partes interesadas.

La norma en análisis atribuye a la providencia de admisibilidad del recurso de efecto suspensivo respecto de la resolución recurrida. En este aspecto, la solución del legislador también se aparta del criterio establecido por la Corte Nacional en cuanto a que la mera interposición del recurso extraordinario produce efectos suspensivos sobre la resolución recurrida. De modo tal que en estos casos ese efecto se logra recién con la concesión del recurso.

Pero aquí debemos distinguir si se ataca una la sentencia definitiva de primera instancia que pone fin a ese estadio, es indudable que el remedio tendrá el alcance suspensivo que prescribe la norma.

Pero en hipótesis donde el recurso se interpusiera en contra de resoluciones interlocutorias equiparadas a definitivas, habrá que distinguir: a) si se trata de incidentes autónomos que no impidan la continuación del juicio principal, en cuyo caso no procedería la suspensión del trámite principal, salvo que se advierta que su prosecución puede acarrear un daño o perjuicio irreparable; o b) si por el contrario, nos encontramos en frente de incidentes que impliquen per se o tornen necesario o indispensable suspender el proceso principal.

Si ha sido dirigido contra de resoluciones que disponen o denieguen medidas cautelares, también corresponderá evaluar la necesidad o no de suspender el proceso principal, atendiendo a las consecuencias dañosas que pueden derivarse de su continuidad.

Declarado formalmente admisible el recurso extraordinario por salto de instancia, el plazo para el traslado del escrito inicial a todas las partes interesadas es de cinco -5- días, para lo cual se exige la notificación personal o por cédula. Por razones de urgencia la CSJN ha decidido que este plazo puede abreviarse y asimismo ha autorizado la habilitación de días inhábiles.

Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Corte Suprema podrá decidir sobre la procedencia del recurso. Además y según la naturaleza de la cuestión debatida, se encuentra facultada expresamente, si lo estimare necesario a requerir como medida para mejor proveer, la remisión del expediente en forma urgente.

También es necesario agregar a esta altura que durante el desarrollo del recurso de salto de la Instancia, la CSJN puede disponer la remisión de las actuaciones a los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa en los términos de la ley 24946.

IV - FALLOS DICTADOS BAJO EL NUEVO RÉGIMEN ESTABLECIDO

Con esta normativa se han dictado ya varios fallos, pero con pocos resultados positivos en los que se haga lugar al recurso por salto de la Instancia

a) Caso “Grupo Clarín”(25)

Con la reforma en marcha, el 6/12/2012, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, integrada por los jueces Francisco de las Carreras y María S. Najurieta, en autos “Grupo Clarín SA y otros s/medidas cautelares”, se dispuso prorrogar, hasta el dictado de la sentencia definitiva, la vigencia de la medida cautelar que impedía aplicar a Clarín el artículo 161 de la ley de servicios de comunicación audiovisual.

Contra esta decisión, la única vía recursiva posible era el recurso extraordinario regular. No obstante, el Poder Ejecutivo decidió estrenar el per saltum. La vía elegida era a todas luces improcedente, pues la esencia del per saltum es que no haya decisión del superior tribunal de la causa, la Cámara en este caso. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no quería, bajo ningún aspecto, plantear el recurso ante la Cámara y fue en línea recta hacia la Corte por vía del salto de instancia.

La ortodoxia procesal de la decisión que suscitó este planteo es digna de una clase universitaria: “el presente recurso no ha sido interpuesto contra una decisión dictada por un juez de primera instancia. Ello determina su improcedencia, al no adecuarse al recaudo exigido por el legislador para que sea viable el recurso extraordinario por salto de instancia”, dice el considerando 5 de la sentencia que rechaza el per saltum.

Pocos días después, el 14/12/2012, el juez Horacio Alfonso, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 1, dictó sentencia rechazando la acción declarativa promovida por el “Grupo Clarín” contra los artículos 41, 45, 48 (segundo párrafo), 161 y concordantes de la ley de servicios de comunicación audiovisual. El fallo representó para el Poder Ejecutivo un triunfo importante, pues es la primera decisión judicial que declara la constitucionalidad de las citadas disposiciones legales, tan cuestionadas.

Sin embargo, en un acto insólito y extravagante, el Poder Ejecutivo planteó un nuevo recurso per saltum contra un fallo que le era favorable.

Como era inevitable, el fallo no solo fue adverso sino draconiano: “no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la instancia cuya apertura se promueve mediante recurso por salto de instancia” fue todo lo que dijo la Corte al resolver.(26)

b) Caso “Estado Nacional s/interpone recurso extraordinario por salto de instancia en autos ‘Rizzo, Jorge Gabriel s/acción de amparo c/Poder Ejecutivo Nacional, ley 26855, medida cautelar (Expte. 3034/2013)’”(27)

La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, Secretaría Electoral, hizo lugar a las demandas promovidas en estas actuaciones, y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley 26855 y del decreto del Poder Ejecutivo 577/2013. En consecuencia, la señora magistrada dejó sin efecto jurídico la convocatoria electoral prevista en dichos textos normativos para la elección de miembros del Consejo de la Magistratura. Contra dichos pronunciamientos el Estado Nacional dedujo ante esta Corte sendos recursos extraordinarios por salto de instancia, en los términos del artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (conf. L. 26790).

El Supremo Tribunal consideró que los recursos interpuestos eran admisibles con efecto suspensivo, porque el efecto de la decisión era la cancelación de un procedimiento electoral mediante el sufragio universal destinado a cubrir cargos públicos electivos, constituían una circunstancia de gravedad institucional.

Además de indicar la existencia de razones de urgencia que hacen procedente la vía intentada, justificó abreviar el plazo previsto en el artículo 257 ter para dar cumplimiento con el traslado legalmente contemplado, así como habilitar días y horas para todas las actuaciones a que dé lugar la tramitación de los recursos, por el plazo de 48 horas requiriendo en este caso puntual la remisión de los autos principales.

c) Caso tribunal: “P., S. s/control de legalidad - ley 26061”(28)

En este caso, la Corte entendió que el recurso por salto de instancia interpuesto en un caso donde se encuentra involucrado un niño, respecto a su integridad psicofísica, su identidad y su derecho a mantener vínculos biológicos, es inadmisible por no haber sido observados los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 257 bis del Código Procesal, habilitan su procedencia, máxime cuando no se configura un supuesto de retardo o denegación de justicia.

Sin embargo, en atención al tiempo transcurrido, exhortó a la magistrada interviniente así como también a los demás funcionarios intervinientes a imprimir celeridad al trámite del proceso y a adoptar las medidas pertinentes tendientes a salvaguardar su integridad psicofísica, su derecho a la identidad, y su derecho a mantener vínculos biológicos, si las circunstancias del caso lo permitan.

d) Caso “Milagro Sala”(29)

La imaginación de los abogados no tiene límites, y en este caso se demuestra por el planteo introducido por el presentante del recurso de per saltum.

El doctor Emiliano S. Villar se presenta directamente ante la Corte y promueve un recurso extraordinario por salto de instancia, invocando su calidad de “operador jurídico de la Constitución Nacional”. Acude a esta vía contra la omisión arbitraria en que está incurriendo el Juzgado Federal N° 2 de Jujuy en las actuaciones -que dice haber promovido el peticionario- con el objeto de obtener el cese de la medida cautelar de privación de libertad dispuesta por jueces provinciales con respecto a la señora Milagro Sala.

El Tribunal consideró manifiestamente inadmisible la presentación por prescinde de recaudos elementales exigidos por las leyes 27, 48 y 4055, y por precedentes clásicos del Tribunal que vienen siendo consistentemente aplicados desde su puesta en funcionamiento, en 1863.

En primer término descarta su legitimación para la interposición del recurso, por entender que no pretende la tutela de un agravio personal, directo, inmediato y concreto, confundiéndose su interés -por su notable generalidad- con el que podría asistir a todo ciudadano, calidad que se ha considerado como inhábil para proceder como se intenta en el sub lite, exigencia que se ha aplicado regularmente en el marco de causas penales (Fallos: 323:4130).

Resalta que el recurso no se promueve contra una resolución judicial, razón por la cual no concurre un requisito ineludible sobre el que debe versar el recurso de apelación contemplado en el artículo 14 de la ley 48, a fin de que esta Corte pueda -después del debate judicial respectivo- confirmar o revocar la sentencia impugnada (Fallos: 234:791 y sus citas).

Que promueve en forma dogmática -y sin ninguna clase de desarrollo argumentativo (conf. petitorio, punto 3)- la inconstitucionalidad de la disposición que excluye a las causas penales del recurso por salto de instancia, soslayando las rigurosas exigencias recordadas con especial énfasis en el conocido precedente “Rodríguez Pereyra” (Fallos: 335: 2333, considerando 13), para planteos de esta especie en que se pretende que el Tribunal ponga en ejercicio la jurisdicción más eminente consagrada en los artículos 31 y 116 de la Constitución Nacional.

Por último el Tribunal efectúa un severo llamado de atención al letrado que presentó un per saltum inadmisible, y encomendándole que se abstenga de reiterar esta clase de presentaciones que distraen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación del apropiado ejercicio de sus atribuciones, pues ha procedido con notorio e incontrovertible desconocimiento de reglas elementales que regulan la competencia extraordinaria del Tribunal.

e) Caso “Alianza Avanzar y Cambiemos por San Luis s/recurso de apelación comprensivo de nulidad. Cuestión constitucional”(30)

Ante el rechazo de la lista presentada por un partido político para elecciones generales a cargos provinciales y la oficialización de la lista de otra agrupación, el juez electoral interviniente ordenó la realización de elecciones primarias internas. El partido cuya lista fue rechazada había decidido no participar de las P.A.S. por no ser obligatorias. El recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra esa decisión fue denegado, lo que generó la queja ante el Superior Tribunal de la Provincia de San Luis, la cual lleva casi un mes sin resolución. Esto motivó, entre otras acciones, la interposición del recurso extraordinario y la queja. La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó el retardo de justicia e intimó al Superior Tribunal a pronunciarse.

Así lo dispuso el Supremo Tribunal que “la demora -desde el 19/9 hasta la fecha- en que ha incurrido el Tribunal Superior de Justicia de la provincia en resolver el recurso de queja interpuesto por una alianza política y que no fue admitido pone al recurrente ante una denegación de justicia que le impide obtener una sentencia definitiva en tiempo útil, extremo que debe ser superado frente a claras garantías constitucionales que se verían afectadas si no se dicta un pronunciamiento que permita agotar las etapas judiciales”.

V - CONCLUSIONES DEL INSTITUTO EN EL DERECHO ARGENTINO

Existe un consenso generalizado acerca de la necesidad de adecuar y modernizar las normas y prácticas a fin de lograr que el más Alto Tribunal de nuestro país pueda ocuparse con más atención a aquellas causas verdaderamente importantes.

Se entiende que las acordadas 28/2004, 4/2007, 30/2007, casos como “Barreto” o “Itzcovich”, son ejemplos de la acuciante necesidad de la Corte por oxigenarse, aliviar su sobrecarga y concentrarse en su verdadera misión.

Más allá de ello, se debe reflexionar y analizar que este recurso de salto de la instancia hasta ahora fue utilizado como una herramienta creada pretorianamente por la Corte casi durante los últimos treinta años, así como también legislativamente se han efectuado varios intentos para delimitarlo teniendo éxito solo en dos ocasiones.

Recordemos la lamentable redacción del artículo 195 bis del Código de rito en el 2002 que fue derogada a los tres meses después de su puesta en marcha, y los actuales artículos 257 bis y 257 ter del CPCC.

No puede escapar a este análisis que en nuestro país fue utilizado en forma exagerada durante la década de los noventa, para lograr objetivos que le eran convenientes al poder político de turno, y en consecuencia fue desnaturalizada porque hubo casos que han llegado al Alto Tribunal y ni siquiera eran revisables a través de esta vía.

También es cierto que pudiendo haberlo rechazado, la Corte ha permitido el avance del instituto en forma desmesurada, y eso se ve reflejado en el año 2012 en el caso “Pro Familia”, que resolvió como si fuera un recurso de per saltum, que en realidad no lo era. Este caso particular fue una decisión de política judicial para bajar línea de manera sistemática de parámetros generales a las instancias inferiores en materia de aborto no punible.(31)

Entiendo que con la reglamentación de estas dos normas que complementan las del recurso extraordinario federal, se ha querido delimitar este instituto que en principio solo debe darse en situaciones de extrema particularidad por su gravedad o trascendencia a fin de resguardar la seguridad jurídica y una rápida decisión del más Alto Tribunal.

La posibilidad de saltear instancias judiciales -salvo en materia penal- no merece reproche constitucional. El Congreso Nacional -con apoyo en los arts. 116 y 117, CN- tiene atribuciones suficientes para establecer las reglas y excepciones a las que se sujetará la jurisdicción apelada de nuestro más Alto Tribunal. Por supuesto que tales atribuciones deben ser ejercidas con razonabilidad.

Además, debemos resaltar que esta normativa no solo delimita el per saltum sino que de forma oblicua también encorseta lo que es la gravedad institucional; esto significa que el Supremo Tribunal tiene la obligación de resolver todas las causas en las cuales se invocan este último instituto tomando en cuenta lo legislado en el artículo 257 bis del CPCC.

La oportunidad en que se formula esta propuesta no ayuda a aceptar cuál es la necesidad de contar en este momento con una figura de este tipo. La celeridad con que la ley se ha aprobado, eludiendo la participación y contribución de los distintos sectores relacionados a la ciencia del derecho, lo devalúan como una alternativa posible del recurso extraordinario.

Cierto es que lejos de proyectarse como una solución integral para la justicia federal o para la Corte Suprema, el partido de gobierno anterior se concentró en delinear un atajo procesal, oportunista, solo comprensible en el marco de una puntual disputa de intereses como lo fue el ya comentado caso “Clarín”.

Sin perjuicio de los reparos efectuados, la legitimidad y razonabilidad de la figura queda sujeta a la aplicación que de ella haga nuestro más Alto Tribunal. La Corte es la que tiene la llave para abrir la entrada a este tipo de recursos y se ha de estimar que se pronuncie para fortalecer los principios republicanos, consolidar los derechos de los habitantes y recrear la confianza que la sociedad debe depositar en su Poder Judicial.

En definitiva, su empleo debe estar dirigido en favor de la libertad o de la sociedad en su conjunto y no para satisfacer coyunturales intereses políticos del gobierno de turno.

Este contenido, que forma parte de la Publicación Temas de Derecho Procesal, dirigida por el Dr. Carlos E. Camps, es exclusivo para suscriptores de Erreius.

Notas:

(*) Abogada. Prosecretaria del Poder Judicial de la Nación desde 2004. Jefa de Trabajos Prácticos y webmaster de la Cátedra del doctor Osvaldo Gozaíni de la Facultad de Derecho (UBA). Titular de las materias Derecho Procesal II y Práctica Forense I, II y III. Coordinadora del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho (UFLO). Autora y coautora de distintas publicaciones de derecho procesal

(1) Palacio de Caeiro, Silvia B.: “Recurso extraordinario por salto de instancia” - LL - 2/12/2013 - pág. 1; LL - T. 2013-F - pág. 913

(2) Entre ellos se pueden establecer los siguientes proyectos más destacados en esa época: a) “Dictamen de la Comisión de Reformas al Recurso Extraordinario” efectuado por la resolución del ministro de Educación y Justicia de la Nación, Dr. Alconada Aramburú del 9/4/1984, se constituyó la Comisión integrada por los Dres. Luis Boffi Boggero -lamentablemente fallecido durante la labor-, Germán Bidart Campos, Juan Francisco Linares, Ricardo Colombres, Augusto M. Morello, Guillermo R. Moncayo y Héctor Masnatta. b) Proyecto de ley del Poder Ejecutivo del 23/10/1987, con mensaje dirigido al Congreso de quien era en ese momento presidente la República, el Dr. Alfonsín. c) Dictamen de las Comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, con alguna modificación al texto enviado por el PEN, las citadas Comisiones dictaminaron el 10/11/1987 -con disidencias y observaciones de algunos diputados-. d) Proyectos contemporáneos al anterior: d.1) En 1984, de los diputados nacionales Oscar L. Fappiano, Bernardo E. Herrera, Manuel A. Rodríguez, Néstor Perl y Jorge R. Matzkin -Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1984, pág. 7641-. d.2) En 1985, del diputado nacional Jorge R. Vanossi -Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1985, T. 1, pág. 190-. d.3) Asimismo se pronunció el Consejo para la Consolidación de la Democracia en 1987, en su “Segundo Dictamen” propiciando una norma constitucional al respecto -Ed. Eudeba, Bs. As., 1987, págs. 51/3-. e) Además existen, hasta el año 2000, numerosos proyectos presentados individual o conjuntamente por señores diputados o senadores nacionales. e.1) De 1990, Oscar L. Fappiano, Bernardo Herrera, Manuel Rodríguez, Néstor Perl y Jorge Matzkin. e.2) De 1990, Jorge R. Yoma, Roberto Domínguez y Luis Uriondo. e.3) De 1990, Exequiel J. Ávila Gallo. e.4) De 1990, 1992 y 1994, Jorge O. Folloni. e.5) De 1993, Jorge R. Yoma. e.6) De 1998, Jorge O. Folloni, Fani A. Ceballos de Marín y Ricardo Gómez Diez. e.7) De 2000, Jorge O. Folloni y Ricardo Gómez Diez y de los senadores nacionales. e.8) En 1992, Carlos A. Juárez. e.9) De 1998, Jorge R. Yoma

(3) “Cuando se dicten medidas cautelares que en forma directa o indirecta afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de actividades esenciales de entidades estatales, estas podrán ocurrir directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidiendo su intervención. Con el pedido deberá acompañarse copia simple suscripta por el letrado de la representación estatal del escrito que dio lugar a la resolución y de los correspondientes a la sustanciación, si esta hubiese tenido lugar y de la medida cautelar recurrida. La Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá desestimar el pedido sin más trámite o requerir la remisión del expediente. La recepción de las actuaciones implicará el llamamiento de autos. la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictará sentencia confirmando o revocando la medida cautelar”

(4) Rosales Cuello, Ramiro: “La gravedad institucional y el recurso por salto de instancia” - LL - 13/2/2013; LL - T. 2013-A - pág. 780

(5) CSJN - 13/7/1990 - Fallos: 313:630

(6) CSJN - Fallos: 313-863

(7) Haro, Ricardo: “El per saltum en la Justicia Federal Argentina” - Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (Argentina)

(8) “Dromi, José Roberto” - CSJN - 13/7/1990 - Fallos: 313:630 - voto en disidencia del Dr. Fayt - Cital digital IUSJU011768A; “González, Antonio Erman” - 27/1/1990 - Fallos: 313:1247 - voto en disidencia de los Dres. Fayt, Nazareno y Moliné O'Connor, el Dr. Quintana Terán -Conjuez- adhirió al voto; “Reiriz, Graciela y otro” - 6/12/1994 - Fallos: 317:1690 - voto en disidencia de los Dres. Belluscio, Bossert y Fayt

(9) “Dromi, José Roberto” - CSJN - 13/7/1990 - Fallos: 313:630 - Cital digital IUSJU011768A

(10) “Yoma Zulema” - CSJN - 7/8/1997 - Fallos: 320:1641; “Damnificados Financieros Asociación Civil para su Defensa c/Siembra AFJP y otros” - CSJN - 7/6/2005

(11) El caso “Margarita Belén” - CSJN - 12/9/1988 - Fallos: 311:1762 - voto en disidencia del Dr. Petracchi; “Dromi, José Roberto” - CSJN - 13/7/1990 - Fallos: 313:630 – voto de la mayoría - Cital digital IUSJU011768A

(12) “Dromi, José Roberto” - CSJN - 13/7/1990 - Fallos: 313:630 - Cital digital IUSJU011768A; “Reiriz, Graciela y otro” - 6/12/1994 - Fallos: 317:1690

(13) “Reiriz, Graciela y otro” - CSJN - 6/12/1994 - Fallos: 317:1690

(14) Gozaíni, Osvaldo A.: “Requisitos procesales para requerir el ‘per saltum’”, en: Sup. Const. 2015 (marzo) - 31/3/2015 - 3; LL - T. 2015-B - pág. 801

(15) Gozaíni, Osvaldo A.: “Requisitos procesales para requerir el ‘per saltum’”, en: Sup. Const. 2015 (marzo) - 31/3/2015 - 3; LL - T. 2015-B - pág. 801

(16) En “Dromi” se reconoció que “...solo causas de la competencia federal, en las que con manifiesta evidencia sea demostrado por el recurrente que entrañan cuestiones de gravedad institucional -entendida esta en el sentido más fuerte que le han reconocido los antecedentes del tribunal- y en las que, con igual grado de intensidad, sea acreditado que el recurso extraordinario constituye el único medio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, autorizarían a prescindir del recaudo del Tribunal Superior, a los efectos de que esta Corte habilite la instancia promovida mediante aquel recurso para revisar lo decidido en la sentencia apelada”

(17) “Jorge Antonio” - CSJN - 1960; “Trebas SA” - 22/06/1989 - Fallos: 312:1010; “Toculescu, Esteban y otro” - 20/11/1964 - Fallos: 260:114; “Massa, Juan Agustín c/Poder Ejecutivo Nacional” - 27/12/2006 - Cital digital IUSJU037876B

(18) Manili, Pablo L.: “El per saltum en la jurisprudencia de la Corte Suprema” - LL - 30/10/2012 - pág. 1; LL - T. 2012-F - pág. 810

(19) Gozaíni, Osvaldo A.: “Requisitos procesales para requerir el ‘per saltum’” - Sup. Const. 2015 (marzo) - 31/03/2015 - pág. 3; LL - T. 2015-B - pág. 801

(20) López Mesa, Marcelo (Dir.) y Rosales Cuello, Ramiro (Coord.): “Comentario al artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” - LL - Bs. As. - 2012 - T. II - pág. 920; asimismo, Monterisi, Ricardo: “El derecho al recurso como garantía en el proceso civil” - LL - Bs. As. - T. 2011-B - pág. 767

(21) Siguiendo los parámetros del art. 15, L. 48 y art. 257, CPCC

(22) Rosales Cuello, Ramiro: “La gravedad institucional y el recurso por salto de instancia” - LL - 13/2/2013; LL - T. 2013-A - pág. 780

(23) Palacio de Caeiro, Silvia B.: “Recurso extraordinario por salto de instancia” - LL - 2/12/2013 - pág. 1; LL - T. 2013-F - pág. 913

(24) Rosales Cuello, Ramiro: “La gravedad institucional y el recurso por salto de instancia” - LL - 13/2/2013; LL - 2013-A - pág. 780

(25) “EN - JGM s/interpone recurso extraordinario por salto de instancia en autos: ‘Grupo Clarín SA s/medidas cautelares Expte. 8836/09’” - CSJN - 10/12/2012 -Cita digital IUSJU202900D

(26) “Estado Nacional - JGM s/interpone recurso extraordinario por salto de instancia en autos: ‘Grupo Clarín SA y otros c/PEN s/acción meramente declarativa’” - CSJN - 27/12/2012 - Cita digital IUSJU203220D

(27) “EN s/interpone recurso extraordinario por salto de instancia en autos: ‘Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente en Derecho) s/acción de amparo c/PEN, L. 26855, medida cautelar (Expte. 3034/13)’” - CSJN - 13/6/2013 - Cita digital IUSJU207598D; DJ - 4/9/2013 - pág. 22, con nota de José L. Correa

(28) “P., S. s/control de legalidad - ley 26.061” - CSJN - 29/4/2015 - Cita digital IUSJU000879E; Fallos: 338:340

(29) “N. N. s/averiguación de delito” - CSJN - 19/4/2016 - Cita digital IUSJU007255E

(30) “Alianza Avanzar y Cambiemos por San Luis s/recurso de apelación comprensivo de nulidad. Cuestión constitucional” - CSJN - 4/10/2017 - Cita digital IUSJU020243E

(31) “La Corte sostuvo que se verificaba ‘en principio’ (sic) una cuestión de competencia que daba lugar a su intervención [art. 24, inc. 7), DL 1285/1958). No obstante, en vez de decidir cuál de los dos jueces era competente, agregó ‘Que... los tribunales que han asumido su competencia han adoptado decisiones que podrían encontrarse en contradicción, circunstancia que habilita a esta Corte para adoptar las medidas necesarias y apropiadas para evitar consecuencias que comprometerían hondamente la administración de justicia...’. Sobre la base de esa auto-habilitación de competencia para expedirse sobre el fondo de la cuestión (en vez de expedirse solamente respecto de la competencia), expuso que el fallo “FAL” contiene una doctrina concluyente acerca ‘del modo en que ha de realizarse por los poderes judiciales de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan de judicializar el acceso a los abortos no punibles’. Y concluyó: ‘Que en las condiciones expresadas, corresponde suspender la ejecución de la medida cautelar dictada’ (el destacado nos pertenece). La mera circunstancia de que dos jueces hubieran adoptado decisiones contradictorias no habilitaba a la Corte a suspender una de ellas, dado que esa función solo puede ejercerla en el marco del recurso extraordinario, siempre y cuando estén cumplidos los requisitos para ello, que básicamente son los siguientes: (i) que alguien interponga dicho recurso (lo cual aquí no ocurrió); (ii) que exista sentencia definitiva o asimilable a ella; (iii) que esta emane del superior tribunal de la causa (requisito este que no se cumple en autos); (iv) Que exista alguna de las cuestiones federales del artículo 14 de la ley 48, o un caso de gravedad institucional o de arbitrariedad de sentencia: (v) que se cumpla con el requisito de trascendencia de la cuestión federal (lo cual es dudoso que aquí ocurra) y (vi) que exista resolución contraria del a quo (lo cual aquí no se cumple). El incumplimiento de varios de los requisitos señalados revela que la causa no estaba en condiciones de ser fallada por la Corte, por ello su actuación tiene todas las características que se presentaban en las causas en las que el tribunal, en su anterior integración, reconoció que estaba aplicando un per saltum”. (Manili, Pablo L.: “El per saltum en la jurisprudencia de la Corte Suprema” - LL - 30/10/2012 - pág. 1; LL - T. 2012-F - pág. 810

'Per saltum'