Por: Juan A. Fantini Albarenque y Javier Baginski

Juez de la Cámara Federal de Seg. Soc. y Relator de la Sala II, CFSS

I - INTRODUCCIÓN

Nuestra sociedad contemporánea está atravesando una serie de cambios que impactan fuertemente en los modos en que las personas se relacionan intersubjetivamente, cambiaron las formas de comunicación, se incorporaron distintos tipos de familia, se modificaron las modalidades de trabajo y los modos en que las personas construyen su proyecto de vida en común. En otras palabras, mirar a la sociedad actual con el cristal que se utilizaba en el siglo XX resultaría un sinsentido o al menos nos daría una visión muy sesgada.

Los vertiginosos cambios ocurridos en materia relacional imponen a las ciencias sociales en general y particularmente al campo del derecho el desafío de interpretar dinámicamente las relaciones humanas a los fines de que las regulaciones normativas, reinterpretación mediante, se ajusten a dichos cambios sociológicos. Es decir que el derecho como disciplina práctica debe acompañar las transformaciones sociales estructurales y no ser una valla de contención para evitar que estas se produzcan, ello so pena de convertir la ley en letra muerta o de condenarla a la derogación por desuetudo.

Lo dicho anteriormente se encuentra estrechamente vinculado con la temática que nos convoca debido a que la “convivencia” a principios del siglo pasado era algo prohibido, perverso, impuro o inclusive una mala excepción al principio del matrimonio sacro. Hoy la convivencia, debido a las transformaciones antes aludidas, se ha convertido de alguna manera en la regla, relegando así al matrimonio tradicional, convirtiéndolo por momentos en casi una excepción.

A lo largo de la historia el matrimonio fue el pilar fundamental sobre el cual se asentó la organización familiar tradicional, por lo tanto, fue objeto de una vasta regulación. En cambio, la convivencia -o concubinato- pocas veces fue explícitamente considerada y otras veces inclusive fue expresamente negada.

Resulta de interés realizar un breve racconto histórico respecto al instituto en tratamiento. En Roma, se reglamentaron los efectos patrimoniales y personales de la convivencia, por ejemplo, en el “Corpus Iuris” de Justiniano I se confirieron determinados derechos hereditarios a la “convivencia more uxorio” y, asimismo, se estableció que los hijos nacidos de aquellas uniones eran naturales. En los reinos de España se reguló la figura jurídica denominada “barraganía”, que en realidad era una figura creada por el derecho germánico, a la cual se le otorgaron algunos efectos jurídicos tanto alimentarios como hereditarios. Por otro lado, el derecho canónico medieval le concedió a la convivencia determinada relevancia jurídica cuando existiese una promesa de matrimonio ulterior. En tal sentido, resulta interesante la decretal del papa Gregorio IX, quien creó la figura del “matrimonio presunto”, por medio de la cual se tenía a los convivientes unidos en santo matrimonio, aun cuando no existiese voluntad expresa de aquellos, es decir que el derecho canónico consideró en forma despectiva a las uniones de hecho.

Sin embargo, el antecedente histórico que a nuestro modo de ver resulta de mayor relevancia es el Código napoleónico de 1804, el cual resume su concepción respecto a las uniones de hecho en una frase: “Si les concubines se passent de la loi, la loi se désintéresse d eux” (si los concubinos prescinden de la ley, la ley se desinteresa de ellos). En suma, el derecho francés del siglo XIX tomó una posición “abstencionista” en relación con el concubinato. La importancia de este antecedente no es menor, ya que no huelga destacar que tanto el Código de Napoleón como el Código francés fueron fuentes fundamentales a la hora de la redacción del Código Civil velezano aprobado por la ley 340 en el año 1871.

Los autores Medina y Roveda resaltan un dato interesante: “Como consecuencia de los problemas planteados a las concubinas de los soldados durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918 se sancionaron leyes que les reconocían determinados beneficios sociales, con más la continuación de las locaciones y en los años siguientes la jurisprudencia evolucionó contemplando numerosos casos donde se fue perfilando el alcance del concubinato como hecho jurídico”. Repárese en la circunstancia de que la legislación moderna en materia social siempre fue pionera en el hecho de reconocer mayores derechos a los convivientes que la legislación civil, luego retomaremos esta idea.

El Código Civil de Vélez, en sintonía con lo expuesto ut supra y de conformidad con las legislaciones decimonónicas, no legisla respecto a las uniones de pareja no matrimoniales, adoptando de tal forma la posición “abstencionista” antes señalada. No obstante, a lo largo del siglo XX, los/as convivientes fueron adquiriendo algunos derechos, principalmente en materia social, como, por ejemplo: la posibilidad de ser beneficiario/a de la obra social de su compañero/a, el otorgamiento de una pensión por fallecimiento del/de la conviviente, legitimidad para percibir la indemnización por muerte prevista en la legislación laboral, la atribución temporal del hogar convivencial y el derecho a continuar en la locación iniciada por el/la conviviente.

Lo cierto es que hasta la sanción de la normativa fondal unificada no existía una normativa integral sobre dichas uniones, por lo menos a nivel nacional. El codificador del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación tuvo en consideración los cambios sociales mencionados al inicio de este trabajo. En tal dirección en las comisiones de labor parlamentario se expusieron argumentos como la importancia de la autonomía de la voluntad de las personas a la hora de la conformación del proyecto de vida en común; además se sostuvo que se habían incrementado exponencialmente la cantidad de parejas no casadas, por ende, la legislación no podía desconocer dicha situación humana. A raíz de lo expuesto, se puede llegar a concluir que la reforma de algún modo acompañó el proceso de secularización del prototipo de familia tradicional estimulado por el derecho canónico, introduciendo al respecto algunos conceptos contractuales del liberalismo clásico -“laissez faire, laissez passer”- como los pactos de convivencia. En efecto, el Código Civil y Comercial de la Nación aborda la cuestión desde el paradigma constitucional de los derechos humanos, incorpora una figura jurídica diferenciada del matrimonio que se basa en la autonomía personal de los convivientes y en la tutela de los derechos esenciales de quienes optaron por una forma de organización familiar distinta al arquetipo susodicho.

Si buscamos en el derecho comparado, podemos hallar tres modelos en torno a la reglamentación de este tipo de uniones: a) las legislaciones que equiparan la unión convivencial con el matrimonio; b) otras que le atribuyen un contenido societario o contractual; y c) aquellas posturas “abstencionistas” que nada dicen al respecto.

La reforma del Código Civil y Comercial de la Nación no adopta de forma pura un único modelo, sino que adopta particularidades de diversas regulaciones, por ejemplo, les atribuye a los convivientes el deber de contribución a los gastos del hogar, les otorga la potestad de reclamar la atribución de la vivienda luego de la ruptura de la convivencia y, además, eventuales compensaciones económicas. Es decir que equipara la unión convivencial con el matrimonio, pero con la excepción de que no les atribuye a los convivientes derechos hereditarios. Pero, a su vez, permite realizar pactos de convivencia asimilables al modelo societario o contractual.

Y además:

II - ALGUNAS COMPARACIONES CONCEPTUALES. DEFINICIONES

III - PLAZO DE CONVIVENCIA. DEBATES. JURISPRUDENCIA

IV - SI EL DERECHO CIVIL SE IMPONE SOBRE EL PREVISIONAL, ¿QUÉ OCURRE CON EL IMPEDIMENTO DE LIGAMEN?

V - CULPA PREVISIONAL. DIVORCIO OBJETIVO. PENSIONES EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

VI - GRAVITACIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA Y LOS ALIMENTOS

VII - COHABITAR, ¿CONDICTIO SINE QUA NON?

VIII - A MODO DE CONCLUSIÓN, UN INTERROGANTE FINAL

Este artículo forma parte de la publicación 'Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social', exclusivo para suscriptores de Erreius

Pensiones a la luz de los cambios normativos en materia convivencial