I - Pensión por fallecimiento

La pensión por fallecimiento es la prestación que tiene por objeto cubrir la contingencia social de la muerte.

En ese sentido, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) prevé la cobertura de las necesidades que la muerte del causante provoca en materia de “viudez” y “orfandad”.

La ley 24241, en su artículo 53, establece que el beneficio de pensión se otorga en caso de muerte del jubilado, del beneficiario retirado por invalidez o del afiliado en actividad, enumerando a continuación quiénes gozarán de la prestación.

Puede afirmarse que la pensión es una prestación dineraria que tiende a cubrir una contingencia de muerte que, de por sí, implica el desamparo de los beneficiarios del causante que estaban a su cargo, esto es, que dependían o compartían para su subsistencia de los ingresos de la persona fallecida.

La norma legal clave es la del artículo 53 de la ley 24241, que establece un orden parental de quienes son llamados ante la muerte del afiliado o del beneficiario, es decir, quien puede ser denominado derechohabiente. Ellos son: a) la viuda; b) el viudo; c) la conviviente; d) el conviviente; e) los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas, siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos hasta los dieciocho (18) años de edad.

La limitación a la edad establecida en el inciso e) no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.

Si bien el precepto legal no establece el carácter de la enumeración (como sí lo hacía el régimen anterior), cabe interpretar que también esta es taxativa, de tal modo que no admite otra extensión que la enumerada en la ley.

Otra consideración que merece efectuarse es la inclusión dentro de las personas beneficiarias de pensión a las “hijas viudas”, destacando que en este caso particular, como en el de las hijas solteras o hijos solteros, cesan de gozar del beneficio de pensión al cumplir los 18 años, salvo que a la fecha del fallecimiento del causante se encontrasen incapacitados para el trabajo o a la fecha en que cumplieran los 18 años.

El concepto que prima para determinar los beneficiarios a pensión y que ha orientado al legislador para hacer restrictivo en la enumeración es el de “estar a cargo” del causante.

Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concurre en él un estado de necesidad que revela que la escasez o carencia de recursos personales y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular.

Los conceptos precedentemente definidos no tienen aplicación respecto de las personas enumeradas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 53, puesto que la razón por la cual el/la viudo/a o el/la conviviente poseen derecho al beneficio de pensión tiene su ancestro en el concepto de unidad que tiene el matrimonio real o aparente, de tal modo que ambos forman una unidad económica.

Resulta importante señalar que, para que el conviviente o la conviviente puedan tener derecho a pensión, se requiere haber convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento, plazo que se reducirá a 2 años cuando exista descendencia reconocida por ambos convivientes.

Respecto de esto último, cabe señalar que las uniones convivenciales se encuentran reguladas en los artículos 509 al 528 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCo.), el cual describe a la unión convivencial como aquella “unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo”.

En el artículo 510 del citado Código se detallan los requisitos para configurar este instituto y sus efectos jurídicos personales y patrimoniales, entre ellos: que los dos integrantes sean mayores de edad, que no estén unidos por vínculo de parentesco en línea recta en todos los grados ni colateral hasta el segundo grado, que no estén unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta, que no tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera simultánea y que mantengan la convivencia durante un periodo no inferior a dos años.

Es importante remarcar que el lapso debe ser inmediatamente anterior al deceso, ya que, de no ser así o de haberse interrumpido la convivencia, esta no genera derecho a pensión.

La ley 24241 también requiere que el conviviente se hallase separado de hecho, legalmente o haya sido soltero, viudo o divorciado. En estos casos, la norma es permisiva y abarca un amplio espectro de situaciones que permite a la/el conviviente generar el derecho a pensión.

Resta señalar que, a fin de acreditar esa convivencia, existe amplitud probatoria. Podrá sustanciarse ante la Administración Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, mediante información sumaria judicial.

El cónyuge supérstite concurre en el 50% de la pensión con la conviviente en caso de que el causante hubiese estado contribuyendo al pago de alimentos o estos hubieran sido demandados judicialmente o el causante hubiera dado causa a la separación personal o al divorcio.

Respecto de los hijos del causante, la normativa previsional nacional -L. 24241-contempla el derecho a pensión hasta los 18 años y solo frente a los hijos discapacitados no se hace diferencia entre menores o mayores de 18 años.

Por su parte, el CCyCo. trata el “deber alimentario” a partir del artículo 658 y siguientes, ampliando la obligación alimentaria hasta los 21 años, extendiéndola incluso hasta los 25 años “si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente”.

La situación del beneficiario de la “pensión” reporta considerarlo como el continuador del derecho del titular, de tal modo que el pensionado sustituye al titular en los derechos, en concreto, el referido al haber.

Así como se ha señalado que la jubilación participa del carácter de personalísimo, la pensión también es un derecho personalísimo del beneficiario. Es decir, el pensionado adquiere el derecho al haber no en virtud de un derecho sucesorio, sino en virtud de un derecho propio, de forma que asume el propio rol del titular. El pensionista recibe el beneficio no como quien recibe una herencia, sino porque tiene derecho a continuar viviendo en función de estar “a cargo”.

Es en este contexto que la jurisprudencia federal en materia de derecho previsional debe ir interpretando de manera coherente ambos dispositivos legales vigentes: por un lado, la norma especializada en la materia -L. 24241 de 1993- y, por otro, la norma de fondo -CCyCo. de 2014-, con el fin de arribar a una resolución ajustada a derecho y lo más equitativa posible, dada la naturaleza de la prestación de pensión.

Y además:

II - Jurisprudencia

1. Persona con discapacidad. Vulnerabilidad. Sobrino nieto

2. Vínculo matrimonial. Requisitos. Cambio de domicilio. Justificación

3. Persona viuda. Domicilio conyugal. Prueba de convivencia

4. Prueba de convivencia. Falta de acreditación. Domicilios distintos

5. Principio sustitutivo del beneficio previsional. Demostración de dependencia económica

6. Prueba de convivencia. Persona transgénero. Principios de Yogyakarta

7. Separación de hecho. Cónyuge supérstite. Alimentos entre cónyuges

8. Convivencia. Matrimonio. Acreditación. Derecho a la pensión

9. Hijo mayor de edad. Divorciado. Incapacitado para el trabajo

III - Conclusión

Este artículo forma parte de la publicación 'Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social', exclusivo para suscriptores de Erreius

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Pensión por fallecimiento en la jurisprudencia actual