A través del Decreto 566/2023, el Poder Ejecutivo habilitó este miércoles a las personas que perciben la pensión por discapacidad a acceder al mercado de trabajo sin perder el beneficio.

En concreto, el decreto deroga el apartado b del inciso 1 del Anexo I del Decreto 432/97 y establece a favor de la persona con discapacidad en situación de vulnerabilidad “el trato más favorable en materia de inclusión laboral, a efectos de brindar una adecuada protección y garantía de igualdad”.

En el texto, se menciona que la tasa de inactividad de las personas con discapacidad es muy alta, debido a las barreras que enfrentan para acceder al trabajo. Para garantizar el derecho al trabajo y la protección social, el decreto establece que las personas con discapacidad podrán trabajar sin perder su pensión, siempre que acrediten y mantengan las condiciones de salud y vulnerabilidad social que dieron origen a su otorgamiento.

Por otro lado, la norma instruye al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al Ministerio de Economía y a la Agencia Nacional de Discapacidad, a dictar las normas y actos necesarios para la implementación de lo dispuesto precedentemente.

En ese sentido, remarca que la Agencia Nacional de Discapacidad dictará y determinará los criterios, procedimientos y documentación necesaria para el acceso y mantenimiento de las prestaciones instituidas por el artículo 9 de la Ley 13.478, conforme a lo previsto por el Decreto 432/97.

La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Antecedentes normativos

El artículo 9 de la Ley 13.478 faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o imposibilitada para trabajar.

En tanto, el Decreto 432/97 aprobó la reglamentación del mencionado artículo y estableció en el Capítulo I - sobre Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC)-, a las personas pasibles de acceder a dichas prestaciones, como así también los requisitos a cumplimentar.

Considerandos

Entre los considerandos, se destaca que la modificación planteada al Decreto Reglamentario de la Ley 13.478 “tiene por objeto, también, promover la armonización normativa con los Tratados de Derechos Humanos y compromisos asumidos por la República Argentina ante la comunidad internacional” y que “resulta necesario compatibilizar la Pensión No Contributiva por Invalidez con el trabajo registrado, la inscripción tributaria en el Régimen General y/o Simplificado vigente”.

El decreto señala que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Ley 26.378 y con jerarquía constitucional otorgada por Ley 27.044, establece la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades y el compromiso del Estado de adoptar todas las medidas legislativas y administrativas pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Además, enfatiza que el artículo 27 del referido cuerpo normativo internacional “reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, que incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante el trabajo libremente elegido y que los Estados Partes deben salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho adoptando las medidas pertinentes”.

En el mismo orden de ideas, el artículo 28 de la Convención “reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social, y los Estados Partes asumen el compromiso de adoptar medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de este derecho, asegurando el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, a programas y beneficios de jubilación, así como a la asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad”.

“Derecho a ganarse la vida”

Así, el Poder Ejecutivo consideró que “con el fin de garantizar el derecho de ganarse la vida mediante el trabajo y garantizar la protección social, resulta adecuado adoptar medidas para alentar las oportunidades de empleo, propiciando la compatibilidad entre la percepción de la pensión y el acceso al trabajo, ello en la medida en que se acrediten y mantengan las condiciones de salud y vulnerabilidad social que dieron origen a su otorgamiento”.

Actualmente, sostuvo, las personas con discapacidad no encuentran adecuada satisfacción de su derecho al trabajo y la seguridad social, “afectándose con ello el resto de sus derechos. Ello significa que como sociedad y Estado no estamos logrando remover las barreras que les impiden el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones con los demás, reproduciendo desigualdad y discriminación”.

“Las personas con discapacidad, por las barreras sociales que enfrentan para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los demás, requieren políticas de protección social que armonicen con todas las obligaciones que surgen de la Convención precitada, entre ellas el ejercicio de la capacidad jurídica, la autonomía, la vida autónoma e independiente y el derecho al empleo, entre otros”, enfatiza.

En tal sentido, concluye que “se deben alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, apoyándolas en la búsqueda, obtención, mantenimiento y retorno al empleo, incluso promoviendo oportunidades empresariales y de empleo por cuenta propia, así como el empleo de personas con discapacidad en el sector público”.

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