En el presente artículo de la Revista Temas de Derecho Penal y Procesal Penal los autores analizarán 4 sentencias de la CIDH donde se condena al Estado Argentino como responsable de transgredir diferentes disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en lo que respecta a la ilegalidad de la prisión preventiva, y el traslado arbitrario de internos.

I - Preliminar

Durante octubre y noviembre/2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado Argentino por transgredir diferentes disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que reviste jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico [art. 75, inc. 22), CN].

Concretamente, dictó sentencia en “Romero Feris”, “Hernández” y “Jenkins”, en los que concluyó que la prisión preventiva -dispuesta en cada uno- resultó ilegal y/o arbitraria. Además, declaró la responsabilidad internacional del Estado Nacional en el caso “López y otros” por el traslado arbitrario de personas condenadas a cárceles localizadas a considerable distancia del lugar en el que se encontraban sus familias, abogados y jueces encargados de la ejecución de sus penas.

1.1. Prisión preventiva

La Corte IDH profundizó su desarrollo doctrinario sobre la prisión preventiva, reiterando, como pauta general, que la libertad personal solo puede ser afectada a través de una ley que, tan concretamente como sea posible y de antemano, establezca las causas y condiciones de la privación de libertad.

Insistió en caracterizar a la prisión preventiva como una medida cautelar y no de carácter punitivo, que debe ser aplicada excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer a quien es investigado por un delito, pero sigue gozando presunción de inocencia. A su vez, indicó que la privación de libertad no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales propios de la pena. Por eso, la regla debe ser la libertad mientras se resuelve acerca de la responsabilidad penal de la persona imputada.

Sobre esta base, recordó que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria se requiere:

la concurrencia de los presupuestos materiales para ordenarla, esto es, que existan indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en él;
que la medida cumpla con los cuatro elementos del test de proporcionalidad que corresponde efectuar a la autoridad judicial que la impone, a saber, i) que persiga una finalidad legítima (compatible con la CADH) vinculada a eliminar el peligro de fuga o de entorpecimiento del desarrollo del proceso, ii) que sea la vía idónea para cumplir con esa finalidad, iii) que resulte necesaria para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa e idónea de procurarlo y iv) que guarde estricta proporción con el sacrificio inherente a toda restricción a la libertad;
que la decisión respectiva ostente motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas.

Además, el órgano supranacional precisó que la prisión preventiva debe estar sujeta a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción; y que cuando su plazo sobrepase lo razonable, podrá acudirse a otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad. De tal modo, aun cuando medien razones para mantener a una persona en prisión preventiva, aquella ha de ser liberada si el tiempo de detención excedió el límite de lo razonable.

1.2. Traslado de condenados

La Corte IDH dictó un fallo inédito en el caso “López y otros” al declarar la responsabilidad del Estado Nacional por atropello al derecho a la finalidad esencial de la pena de reforma y readaptación social en perjuicio de cuatro condenados que sufrieron traslados arbitrarios. Pero, además, condenó a la Argentina por haber vulnerado los derechos a la integridad personal, a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada y familiar y el derecho a la familia no solo de esos mismos condenados sino de algunos de sus familiares.

II - Sinopsis de los fallos

2.1. “Romero Feris vs. Argentina”(2)

A raíz de una denuncia contra Raúl Rolando Romero Feris (exfuncionario público) se abrieron varios procesos por delitos tales como administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, defraudación y malversación de caudales públicos, ordenándose su detención, la que se hizo efectiva el 4/8/1999.

Con posterioridad, se decidió mantenerlo en prisión preventiva, y el 1/8/2001 se prorrogó dicha medida por el término de ocho meses contados desde el 4/8/2001. Romero Feris fue excarcelado el 11/9/2002, aunque debía quedar en libertad el 4/4/2002. En definitiva, estuvo detenido preventivamente tres años, un mes y ocho días.

El tribunal examinó la prórroga de la medida cautelar y consideró que el Estado Argentino mantuvo al imputado en prisión preventiva por un plazo mayor a lo que había sido ordenado por el juez que la dispuso (cinco meses y ocho días) y al tiempo máximo de prórroga, correspondiente a un año, previsto en la ley 24390, vigente al momento de los hechos y en la que el magistrado fundó su decisión.

Asimismo, analizó los argumentos utilizados por el juez para fundamentar el peligro de fuga en la prórroga de la prisión preventiva, a saber, la amenaza de pena (25 años de prisión), la inminencia en la realización de los juicios y las manifestaciones del imputado al decir que no se sometería a las autoridades que habrían de resolver sobre su situación procesal.

Sobre el primero, reiteró que la posible pena de veinticinco años de prisión, o cualquier otra, es un criterio insuficiente para fundamentar el peligro de fuga. Sobre el segundo, afirmó que tampoco es posible fundamentar el riesgo procesal a partir de la inminencia en la realización del juicio, pues el desarrollo de las etapas del proceso no puede ser en sí mismo una justificación de la privación a la libertad.

Entendió que los argumentos empleados para justificar el peligro de fuga no estuvieron basados en hechos específicos, criterios objetivos ni argumentación idónea, sino que reposaron en meras conjeturas a partir de criterios que no se correspondieron con las particularidades del caso y que consistieron en afirmaciones abstractas, contrarias a los artículos 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención Americana.

Por último, consideró que los cuestionamientos relativos a la motivación del juez y a los fundamentos de la prórroga que fueron considerados arbitrarios tuvieron como consecuencia que los recursos presentados por el imputado no fueran efectivos, por lo que también cargó al Estado Argentino por vulneración al artículo 7.6 de la Convención Americana.

En suma, declaró la responsabilidad del Estado Argentino por la violación a los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a la protección judicial en perjuicio de Romero Feris.

2.2. “Hernández vs. Argentina”(3)

El 7/2/1989, José Luis Hernández fue detenido por el delito de robo calificado en grado de tentativa. Una semana después, el juez actuante dictó la prisión preventiva respecto de dicha detención al considerar que existía semiplena prueba de su autoría y responsabilidad penal. Posteriormente, Hernández fue condenado a la pena de cinco años de prisión, sentencia que luego fue modificada por la Cámara de Apelaciones respectiva, tanto en la calificación legal como en el monto de pena, que se redujo a dos años y ocho meses de prisión efectiva.

Hernández obtuvo la libertad condicional el 29/5/1991, de modo que, en total, permaneció privado de su libertad por más de dos años y tres meses.

La Corte IDH observó que la resolución del juez que ordenó la prisión preventiva se basó en las disposiciones del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires (L. 3589) vigente en la época de los hechos, el cual establecía -entre otros requisitos-, para convertir la detención en prisión preventiva, que hubiera semiplena prueba o indicios vehementes para creer al imputado responsable del delito. Por ello, juzgó cumplido el requisito de legalidad de la decisión judicial.

Sin embargo, estimó que la medida no persiguió una finalidad legítima que la justifique. En este sentido, la verificación de indicios que permitan suponer la responsabilidad de la conducta de la persona imputada no constituye per se una finalidad legítima para adoptar la prisión preventiva, porque constituiría un juicio anticipado sobre la culpabilidad y una violación al principio de presunción de inocencia.

En otras palabras, consideró que la prisión preventiva ordenada en contra de Hernández no tuvo un fin legítimo amparado por la Convención, ya que el juez en ningún momento hizo mención de la necesidad de dictar dicha medida con el fin de evitar la obstaculización del desarrollo del proceso o que se eludiera la acción de la justicia, sino que centró su argumentación en acreditar la existencia de elementos de prueba sobre la posible responsabilidad penal del acusado.

Por tales motivos, el tribunal supranacional coligió que la prisión preventiva del mencionado sujeto constituyó una detención arbitraria y una violación a la presunción de inocencia, responsabilizando al Estado Argentino por violación del derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia.

2.3. “Jenkins vs. Argentina”(4)

El 8/6/1994, Gabriel Oscar Jenkins fue detenido por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes (L. 23737) y asociación ilícita. El 29/6/1994 fue procesado y transformada su detención en prisión preventiva.

Durante el tiempo en el que Jenkins estuvo detenido en prisión preventiva, planteó diversos recursos para obtener su excarcelación y cuestionó a través de sucesivas instancias judiciales la constitucionalidad del artículo 10 de la ley 24390(5), que excluía los plazos máximos de prisión preventiva previstos en el artículo 1 de dicha norma para aquellas personas que resultaran imputadas por delitos de narcotráfico. El planteo de inconstitucionalidad fue desestimado y este criterio fue validado por diferentes tribunales superiores.

Por fin, el 19/11/1997, el fiscal de juicio solicitó la absolución de Jenkins, por considerar insuficientes los elementos de prueba colectados en su contra. Y ese mismo día, el tribunal del juicio dispuso la libertad inmediata del nombrado por no existir mérito para que continuara detenido.

En total, el acusado estuvo detenido preventivamente más de tres años y cinco meses.

La Corte IDH advirtió que el auto inicial que convirtió la detención de Jenkins en prisión preventiva solo contenía fundamentos sobre la existencia del delito previsto en la ley 23737 y la presunta participación del nombrado, pero no expuso razones por las cuales la prisión preventiva perseguía un fin legítimo y era necesaria, idónea y proporcional a dicho fin.

De seguido, evaluó la duración del encarcelamiento preventivo, indicando que la exclusión prevista en el artículo 10 de la ley 24390 generó un trato desigual con respecto a las personas en prisión preventiva imputadas por un delito diferente, quienes, una vez trascurrido el plazo de dos años, tenían derecho a solicitar su excarcelación, beneficiándose además del plazo máximo de duración de la prisión preventiva, el cual no podía ser superior a tres años.

Asimismo, el tribunal regional advirtió que la exclusión operada sobre Jenkins careció de una debida explicación sobre la finalidad específica que buscaba la diferencia de trato, su idoneidad, necesidad, proporcionalidad y, además, no tuvo en cuenta las circunstancias personales del nombrado.

Este contenido que forma parte de la Publicación Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, dirigida por los doctores Mariano H. Borinsky y Daniel Schurjin Almenar, es exclusivo para suscriptores de Erreius, podés ingresar al artículo completo haciendo click acá.

Pautas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre prisión preventiva y traslado de internos en Argentina