El Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata N° 3, a cargo del juez Ernesto Kreplak, ordenó al Ministerio de Seguridad de la Nación abstenerse de emitir órdenes para filmar o interceptar a personas en la vía pública -particularmente a bordo de transportes públicos o en los accesos a los trenes- con el fin de identificarlas y/o requisarlas sin orden judicial previa, y sin que se presenten alguna de las circunstancias previstas por el art. 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).

Antecedentes del caso

La causa se inicia mediante un habeas corpus presentado por un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que durante las movilizaciones de diciembre pasado habían sido objeto de filmaciones y requisas sin que existiera motivo alguno ni orden judicial, cuando se dirigían en transportes públicos hacia la CABA.

Los accionantes también solicitaron que “se declare la inconstitucionalidad y nulidad del art. 2 de la Resolución Administrativa N° 943/2023, por violar la presunción de inocencia (art. 18 de la Constitución Nacional) y la regla magna que nadie está obligado hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe (art. 19 de la Constitución Nacional), y la división de Poderes (...)”

La respuesta del gobierno

Ante este planteo, el Director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando O. Soto, respondió que '…no se ha expedido, ni está previsto expedir, una orden dentro de la jurisdiccional territorial de Vuestro Juzgado dirigida a las fuerzas de seguridad (ya sea de manera escrita o por cualquier otro medio) en relación a la movilización prevista para el próximo día 24 de enero, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para filmar y/o interceptar a personas en la vía pública -ni a bordo de transportes públicos o en los accesos a las unidades de trenes-, con el fin de identificarlas y/o requisarlas…'

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El análisis del juez

Aun con la negativa del gobierno sobre la posibilidad de filmar a los manifestantes, el juez consideró pertinente hacer lugar al habeas corpus preventivo teniendo en cuenta el relato y las pruebas presentadas por los accionantes. En este sentido, el juez resaltó que “la eventual intervención de las fuerzas de seguridad llevando a cabo procedimientos como los descriptos -esto es, la filmación y/o interceptación de personas con el fin de identificarlas y/o requisarlas, sin orden judicial previa, por el sólo hecho de presumir que van a participar de una movilización social- implicaría un cercenamiento ilegítimo de la libertad ambulatoria, además de la afectación de otros derechos de raigambre constitucional. Y las irregularidades se verían aún más agravadas si la intervención policial que incluyan requisas no se plasmara en las actas pertinentes para su posterior control jurisdiccional, como habría sucedido, según sostienen los accionantes, en las jornadas del 20 y 23 de diciembre pasados.”

Conclusión

El juez decide entonces hacer lugar a la acción de habeas corpus y 'ordenar al Ministerio de Seguridad de la Nación que, (...) se abstenga de expedir órdenes a las fuerzas de seguridad de la nación que impliquen que el próximo miércoles 24 de enero, se filmen y/o se intercepten a personas en la vía pública -particularmente a bordo de transportes públicos o en los accesos a las unidades de trenes, todo ello dentro de la jurisdiccional territorial de este Juzgado- con el fin de identificarlas y/o requisarlas sin orden judicial previa, y sin que se presenten alguna de las circunstancias previstas por el art. 230bis CPPN.”

El acta policial

El magistrado agregó que se debe instruir a las fuerzas de seguridad para que, en caso que se consideren configuradas las circunstancias previstas por el art. 230 bis, y se realicen requisas sin orden judicial previa, se labre el acta pertinente para el posterior control jurisdiccional, en cumplimiento de las previsiones legales vigentes.

El protocolo anti piquetes

En cuanto al planteo de inconstitucionalidad de la Resolución Administrativa N° 943/2023 conocida como “protocolo anti piquetes” el juez concluyó que “(...) el referido protocolo se refiere a la intervención de dichas fuerzas, frente a impedimentos de tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación ya efectuados. En este marco, no se justifica el tratamiento de dicho planteo en esta oportunidad, máxime si se tiene en cuenta que dicha cuestión requiere un análisis y tratamiento pormenorizado, que no puede abordarse en el marco de la urgencia e inmediatez que debe darse al trámite del hábeas corpus.”

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