La semana pasada, el máximo Tribunal de Justicia de la Nación resolvió que un representante sindical solo puede ser privado de la garantía legal de estabilidad en su trabajo si el empleador demuestra previamente ante la Justicia que hay un motivo válido para suspenderlo o despedirlo.

Mediante una mayoría conformada por los jueces Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, el voto concurrente del juez Horacio Rosatti, y con la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz, la Corte revocó la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que había privado a un docente universitario de la garantía legal de estabilidad en el puesto de trabajo que ampara a los representantes sindicales.

Todo comenzó cuando, bajo el argumento de que el desempeño del profesor Luis Raúl Calarota era deficiente, la Universidad Nacional de Rosario solicitó que se levantara la tutela especial que la ley le otorgaba por su condición de dirigente gremial.

La Cámara Federal rosarina admitió el pedido, afirmando que solamente correspondía efectuar un examen preliminar de las circunstancias del caso, ya que, a su entender, bastaba con que fuera verosímil la afirmación de que el desempeño del profesor era deficiente para quitarle el amparo de la ley sindical y, en consecuencia, habilitar a la Universidad para que adoptara las medidas que estimara pertinentes en lo relativo a su continuidad como docente.

El caso fue apelado ante la Corte Suprema por el trabajador. Con el voto mayoritario de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda, el máximo Tribunal señaló que “tanto el artículo 14 bis de la Constitución Nacional como el Convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo establecen que los representantes gremiales deben gozar de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical, entre ellas, las relacionadas con la estabilidad de su empleo a fin de evitar que sean despedidos por motivos relacionados con su actividad sindical”.

En ese sentido, el voto mayoritario sostuvo que, para implementar de modo eficaz tal protección, el artículo 48 de la ley 23.551 de asociaciones sindicales dispone que los representantes gremiales no pueden ser suspendidos ni despedidos durante el tiempo de su mandato y hasta un año más, salvo que mediare justa causa.

Además, el artículo 52 de la mencionada ley establece que los empleadores no pueden suspender o despedir a un dirigente sindical si no media una resolución judicial previa que lo excluya de la garantía.

Ahora bien -concluyó ese voto-, como la garantía legal consiste en que no caben la suspensión o el despido “salvo que mediare justa causa”, esa resolución judicial previa a la que alude el artículo 52 solo puede dictarse a partir de una cabal comprobación del motivo justificado que el empleador invoque. Ese análisis no debe limitarse a efectuar un examen superficial del caso para señalar simplemente que el motivo invocado -en este caso por la Universidad de Rosario- era verosímil.

En su voto concurrente, el juez Rosatti también sostuvo que la sentencia de la Cámara debía descalificarse, pero por otro motivo: no haber dado una respuesta adecuada a los planteos del profesor Calarota basados en que, en realidad, las pruebas aportadas evidenciaban que la conducta de la Universidad encubría una finalidad persecutoria dirigida a obstaculizar la libertad sindical.

Finalmente, la disidencia del juez Rosenkrantz consideró que era infundado el recurso porque “no lograba demostrar que el sistema de evaluación del desempeño docente implementado por la Universidad hubiera sido empleado para perseguirlo por razones gremiales”.

Y, por el otro, tampoco demostraba que la Cámara rosarina no haya efectuado una comprobación fehaciente de la justa causa invocada por la Universidad para solicitar el levantamiento de la tutela gremial.

Esto último pues, si bien la Cámara dijo que solo correspondía hacer un examen preliminar de la cuestión, en realidad fue más allá al señalar que las evaluaciones negativas del despeño de Calarota no eran arbitrarias y que, de acuerdo con la normativa universitaria, justificaban su cese como profesor.

El abogado Julián de Diego, colaborador de Erreius, explica que “la protección especial de la ‘tutela sindical’ de la que gozan los representantes gremiales electivos o representativos solo admite la modificación de las condiciones de trabajo, las suspensiones o el despido con justa causa en situaciones excepcionales y previa remoción de la tutela, en el proceso sumarísimo establecido en la ley de asociaciones gremiales, artículo 47 y siguientes”.

Al respecto señala que “es interesante observar que en el proceso sumarísimo contenido en los artículos 48 y 52 de la ley 23551 son parte la empresa y el representante gremial, y no tiene intervención como parte o como tercero el sindicato respectivo”.

En este punto, Julián de Diego destaca que “no existe posibilidad de adoptar medidas con un trabajador protegido de la tutela sin seguir el procedimiento legal de la ley de asociaciones gremiales”.

Otro tanto ocurre con quien está protegido y se le debe aplicar una sanción disciplinaria que implique una suspensión, es decir, un lapso donde el trabajador no presta servicios y, por ende, se descuentan las retribuciones respectivas.

En lo que hace al despido, es requisito fundamental para que prospere la medida cautelar que exista riesgo serio de que se produzcan actos de violencia contra las personas o contra los bienes.

Los casos de fraude, estafa y práctica desleal contra la empresa son causales admitidas a los fines del desafuero y del despido del representante gremial infiel.

Para la Corte, la estabilidad del representante gremial cesa solo si se acredita “justa causa”