La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el rechazo del pago en cuotas de una condena laboral y declaró la inconstitucionalidad del artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, reformado por la Ley 27.802, en la causa 'Torrez, Florencia Ayelen c/ La Distribuidora Saludable S.R.L. s/Despido'.

Los hechos del caso

Una empresa condenada en un juicio laboral solicitó cancelar el monto de la condena en cuotas en los términos de la reforma del artículo 277 de la LCT (Ley 27.802). La trabajadora demandante se opuso a dicha pretensión y planteó la inconstitucionalidad de la norma. El juzgado de primera instancia rechazó el pedido de la empleadora, decisión que fue apelada por la demandada ante la Alzada

La Cámara confirmó el rechazo de la pretensión de la empleadora. Por mayoría, los jueces resolvieron que la facultad de abonar sentencias en cuotas prevista en la Ley de Modernización Laboral resultaba aplicable temporalmente al caso por encontrarse pendiente la liquidación al momento de su entrada en vigencia. Sin embargo, determinaron que el fraccionamiento de la condena no puede imponerse de forma unilateral al acreedor. En consecuencia, declararon la inconstitucionalidad de la reforma del artículo 277 de la LCT por vulnerar el derecho de propiedad, el principio de igualdad ante la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio protectorio del trabajo.

Qué dijo la Cámara

Con firma del 27 de agosto de 2026, el tribunal determinó que la facultad de cancelar créditos judiciales en mensualidades no puede ser impuesta unilateralmente por el empleador deudor sin el consentimiento expreso del trabajador. La decisión resolvió que la norma vulnera garantías constitucionales básicas de propiedad, igualdad y tutela judicial efectiva cuando pretende aplicarse como un beneficio automático a favor de la parte incumplidora.

El conflicto se originó cuando la empresa demandada solicitó abonar la liquidación definitiva en cuotas mensuales amparándose en el nuevo texto legal. En la instancia previa, la magistrada de grado desestimó la pretensión al considerar que la reforma laboral era posterior a la sentencia firme. Sin embargo, la alzada precisó que, al tratarse de una pauta de cumplimiento aplicable a la etapa ejecutoria, el régimen temporal resultaba atinente al proceso.

Pese a superar la barrera de la aplicación inmediata, los jueces concluyeron que la facultad de fraccionar el pago no puede operar como una prerrogativa unilateral del deudor laboral que obligue al acreedor a aceptar una refinanciación no deseada.

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Límites de la interpretación conforme y el principio de integridad

Durante el debate interno, los magistrados analizaron si la expresión legal sobre la cancelación fraccionada admitía una lectura acorde con la Constitución Nacional.

La postura prevaleciente determinó que el texto normativo no supedita la validez del fraccionamiento al acuerdo de partes ni a la previa conformidad del trabajador. En consecuencia, pretender introducir el consentimiento del acreedor por vía interpretativa implica desnaturalizar la redacción aprobada por el legislador, la cual concibió la medida como una atribución directa para el condenado. Frente a este escenario, la alzada ratificó que el principio general de integridad del pago no puede ser perforado coercitivamente sin afectar el derecho sustancial del trabajador.

Vulneración de garantías constitucionales e incentivo a la litigiosidad

El análisis sobre la validez sustancial demostró que la imposición de cuotas quebranta el derecho de propiedad garantizado por el artículo 17 constitucional al diferir arbitrariamente la percepción del crédito. Aunque se prevea la actualización monetaria, la falta de disponibilidad inmediata del capital configura una financiación forzosa soportada por el dependiente.

Asimismo, la Cámara destacó que se genera una desigualdad irrazonable que premia al deudor moroso y penaliza al trabajador obligado a litigar. Esta distorsión desincentiva el cumplimiento espontáneo previo y contradice abiertamente los objetivos de reducir la litigiosidad en el fuero.

De este modo, la Sala I confirmó la resolución apelada y declaró la inconstitucionalidad del artículo 277 de la LCT, según la redacción de la ley 27.802, en cuanto permite imponer al trabajador el cobro en cuotas de una sentencia sin su conformidad.

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