La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en los autos “De Lamadrid, Pablo Ignacio c/Mapfre Argentina Seguros SA s/despido”, emitió el fallo plenario N° 330 y estableció como doctrina obligatoria para el fuero que: “El límite del 20% establecido por el art. 277 de la L.C.T. con relación al pacto de cuota litis, no puede excederse por motivos impositivos derivados de la condición tributaria de la/el letrada/o frente al I.V.A.”.

El acuerdo plenario fue convocado para unificar jurisprudencia sobre la posibilidad de exceder -o no- el límite del 20% establecido por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo por motivos impositivos derivados de la condición tributaria del profesional letrado frente al impuesto al valor agregado.
El voto mayoritario consideró que no corresponde que el trabajador cargue con el pago del I.V.A. sobre el pacto de cuota litis, cuando éste exceda el límite estipulado en el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Fundamentos del voto mayoritario

Entre los fundamentos del voto de mayoría, la Dra. Russo sostuvo que “la posibilidad de celebrar un pacto de cuota litis en una causa de índole laboral no es más que una excepción a la regla de intangibilidad”; y que “la habilitación de una excepción más a la regla de intangibilidad, que resultaría de admitir de forma pretoriana que el trabajador cargue con los gravámenes que se derivan del contrato que suscribió con su letrado, configuraría, en mi opinión, introducir una fisura en una regla de orden público”.

Por su parte, el Dr. Pose argumentó que “no es aceptable que, por razones impositivas, el trabajador deba abonar a su letrado, en concepto de pacto de cuota litis, sumas mayores al tope del 20%”, pues ello resultaría violatorio del principio de equidad (art. 11, LCT).

La Dra. Ferdman explicó que si bien el impuesto al valor agregado grava al consumo y, por ende, debe ser abonado por el consumidor final en los términos de la ley impositiva, “el límite impuesto por el art. 277 L.C.T. implica que el crédito debido al trabajador no puede verse reducido más allá de dicho límite, en tanto al tratarse de una norma de orden público no puede ser dejada de lado por los letrados”.

En el mismo sentido, el Dr. Balestrini razonó que “la disposición contenida en el art. 277 de la L.C.T. constituye una pauta legal de orden público y en tal inteligencia debe prevalecer incluso por sobre la eventual autonomía de la voluntad de los contratantes, en el caso el letrado y su cliente”.

Voto minoritario

Los Dres. Pesino, González y Diez Selva sostuvieron que quien se encuentra realmente obligado a pagar el impuesto es el consumidor, razón por la cual se debe permitir al profesional recuperar del trabajador las sumas retenidas en concepto de I.V.A. Si se eximiese al trabajador del pago del impuesto, por vía pretoriana se estaría creando un sujeto obligado que no está previsto en la norma (el prestador del servicio).

Por otra parte, se generaría una desigualdad con los abogados/as que no están inscriptos en el I.V.A., quienes sí estarían autorizados a celebrar pactos de honorarios del 20%.

Entonces, cuando el pago del I.V.A. se adiciona a la participación convenida entre el actor y su letrado (pacto de cuota litis) no se violenta lo dispuesto en el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque se trata de diferentes conceptos. En un caso, se abona el valor pactado por la tarea encomendada que, claramente no podría superar el límite del 20% legalmente establecido; y en el otro, una carga impositiva que no incrementa los ingresos del abogado, sino que tiene como beneficiario al Fisco.

Postura del CPACF

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal emitió un comunicado al respecto, a través de su página web, haciendo saber que impulsará los proyectos de ley y las acciones necesarias para eximir a los honorarios profesionales del pago del IVA, cuando derivan de un pacto de cuota litis homologado en procesos laborales.

La institución que nuclea a los abogados manifestó que, si bien el trabajador constituye un sujeto de preferente tutela legal, “no resulta aceptable que los y las colegas que lo representaron y fueron artífices indispensables del reconocimiento de su crédito ante la justicia deban soportar la reducción de sus honorarios, también de carácter alimentario, como resultado de la obligación de ingresar el IVA correspondiente”.

Obligatoriedad de los fallos plenarios

Recordamos que, por tratarse de un fallo plenario, el pronunciamiento de la Cámara es doctrina obligatoria para todos los tribunales inferiores del Fuero Nacional de Trabajo.

Así lo dispone el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece que “La interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria será obligatoria para la misma cámara y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales sea aquélla tribunal de alzada, sin perjuicio de que los jueces dejen a salvo su opinión personal. Sólo podrá modificarse dicha doctrina por medio de una nueva sentencia plenaria”.

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