La sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, al reconocer que los viáticos percibidos por el trabajador integraban su remuneración y, en consecuencia, debían computarse en la base de cálculo de las indemnizaciones derivadas del despido.

Además, ratificó la condena por la entrega defectuosa de certificados laborales prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), confirmó la responsabilidad solidaria de las empresas demandadas y declaró la inconstitucionalidad de las normas que prohíben la actualización de créditos laborales, por lo que ordenó la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC más un interés adicional.

Los hechos y el fallo de primera instancia

En el caso “T., M. A. c/ Manderly S.A. y otro s/ despido”, el trabajador cuestionó su liquidación indemnizatoria al entender que la empresa había calculado las sumas sobre una remuneración inferior a la que realmente percibía, ya que no se incluyeron los viáticos que se le abonaban mensualmente.

La jueza de primera instancia rechazó el planteo al sostener que no se encontraba acreditado que los viáticos integraran la remuneración y, por ende, desestimó las diferencias indemnizatorias reclamadas. Sin embargo, hizo lugar al reclamo por la multa del artículo 80 LCT, al determinar que las demandadas no habían entregado de manera correcta los certificados de trabajo exigidos por la norma.

Tanto el actor como las empresas demandadas apelaron la sentencia. El primero insistió en que existían pruebas documentales y testimoniales suficientes para demostrar que los viáticos formaban parte de su salario habitual y que la condena debía recalcularse. También objetó el modo en que se dispuso la actualización del capital.

Por su parte, Manderly S.A. cuestionó la procedencia de la multa del artículo 80 ya que, desde su punto de vista, los certificados habían sido puestos a disposición del empleado y que este nunca los retiró.

A su vez, la firma Tradelog S.A.U., codemandada en carácter solidario, planteó que no correspondía condenarla por incumplimiento de una obligación que, según su postura, debía ser exclusiva de la otra empresa (empleadora del trabajador).

La sentencia de la Cámara

Uno de los puntos centrales del fallo estuvo vinculado al análisis de la naturaleza jurídica de los viáticos.

Los camaristas Gabriel de Vedia y Beatriz Ferdman recordaron lo dispuesto en el artículo 106 de la LCT, que establece que los viáticos constituyen remuneración, salvo en la parte efectivamente gastada y acreditada con comprobantes.

Entre las pruebas se analizaron los extractos bancarios que mostraban depósitos periódicos efectuados por la empresa bajo el concepto “reintegro de viáticos” en la cuenta sueldo del trabajador. A ello se sumó la declaración testimonial de un ex compañero, quien afirmó que tanto él como otros empleados recibían esas sumas mensualmente tras presentar una planilla con los kilómetros recorridos.

De esa prueba, los jueces concluyeron que los viáticos abonados no eran reintegros de gastos efectivamente comprobados, sino sumas pagadas de manera habitual, por lo que debían considerarse parte de la remuneración.

En consecuencia, ordenaron recalcular las indemnizaciones derivadas del despido –incluidas la indemnización por antigüedad, el preaviso y el SAC proporcional– sobre una base salarial superior a la utilizada en la liquidación original.

Los certificados laborales y la multa del artículo 80

Para la Cámara, los certificados de trabajo puestos a disposición no reflejaban los verdaderos datos de la relación laboral, ya que omitían incluir los viáticos como parte de la remuneración.

De esta forma, la entrega de documentos con datos incompletos no equivale al cumplimiento de la obligación legal, por lo que la multa prevista en el artículo 80 LCT se mantuvo firme.

También rechazaron el recurso interpuesto por Tradelog S.A.U., por entender que la empresa no había brindado fundamentos jurídicos suficientes para cuestionar la condena solidaria dictada en primera instancia.

El debate sobre la actualización y los intereses

En cuanto a la forma de actualización del capital de la condena, los camaristas cuestionaron la decisión de primera grado -que había ordenado aplicar las tasas de interés fijadas en diversas actas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo-, ya que esas pautas resultaban insuficientes en el contexto inflacionario actual y no garantizaban la preservación del carácter alimentario del crédito laboral.

Los jueces explicaron que la finalidad de la indemnización por despido es resarcitoria y que, si el crédito pierde poder adquisitivo por efecto de la inflación, se desnaturaliza la protección que establece la Constitución en su artículo 14 bis.

En este marco, la Cámara declaró la inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928 y del artículo 4 de la Ley 25.561, que prohíben la indexación de créditos, y dispuso que la deuda se actualice por el Índice de Precios al Consumidor Nacional (nivel general) publicado por el INDEC, desde la fecha en que cada suma fue debida. Sobre el capital actualizado ordenó aplicar, además, un interés del 3% anual hasta el efectivo pago.

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