Un tribunal de la ciudad de Salta elevó una cuota alimentaria que debía el progenitor de una niña, abogado titular de un importante estudio jurídico, y estableció una tasa de interés, a los fines de actualización del 65 por ciento anual, que deberá pagar en 30 meses.

En la sentencia de primera instancia, los alimentos atrasados fueron valorados en un poco más de 179 mil pesos y no se estableció ninguna compensación por la pérdida del poder adquisitivo que ese monto tuvo como consecuencia de la devaluación e inflación que sufrió el país.

Ahora, se estableció que los alimentos atrasados, que fueron actualizados en un 30% anual, puedan ser abonados en treinta cuotas mensuales iguales y consecutivas, pero a ello se deberá adicionar una tasa de interés del 65 por ciento anual.

En el caso “O., S. M. vs. B., C. A. - Alimentos”, la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta hizo lugar parcialmente a un recurso de apelación interpuesto por la madre de la menor y, en consecuencia, modificó una sentencia elevando el monto de una cuota alimentaria fijada en el 30 por ciento de los haberes que percibe el demandado.

El recurso fue planteado por la madre en representación de su hija menor. Allí sostuvo que el progenitor se desempeña también como abogado y cuenta con un reconocido estudio jurídico en la capital provincial y que mantuvo a lo largo de la causa una actitud reticente. Incluso la progenitora promovió una acción de filiación para lograr el reconocimiento.

La mujer se agravió al considerar que el demandado se contradijo al contestar la demanda y que él, si bien niega ser titular de bienes raíces, de la página de la Dirección General de Inmuebles surgía todo lo contrario.

Por ello, entendió que la sentencia recurrida, en cuanto toma como único ingreso del alimentante la remuneración que percibe como empleado del Boletín Oficial, es irrazonable e infundada, ya que no es necesaria la justificación directa de los ingresos del obligado, siendo suficiente la prueba indiciaria de su capacidad económica.

Además, cuestionó que la financiación que se otorga para el pago de la cuota suplementaria por los alimentos atrasados no fije un interés que 'contemple la devaluación del monto total en atención al proceso inflacionario por el cual atraviesa nuestro país'.

En este escenario, los camaristas María Silvina Domínguez y Marcelo Domínguez recordaron que 'el hecho de engendrar hijos acarrea para los padres la obligación ineludible no solo de procurar su subsistencia, sino también de asistirlos y educarlos para realizar de ellos personas útiles para la sociedad', aspectos de los cuales en el caso concreto solo se ocupó la madre.

“El padre no puede excusarse de cumplir su obligación por falta de trabajo o ingresos suficientes, cuando ello no obedece a imposibilidades o dificultades insalvables, más aún cuando la cuota no se fija exclusivamente conforme la condición y fortuna de los padres, sino que lo relevante para ello es cubrir las necesidades de los menores beneficiarios”, señaló el fallo.

Respecto a la tasa de interés aplicable según el artículo 552 del Código Civil y Comercial, los magistrados recordaron que las “sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, conforme las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso”.

Tras analizar el caso, y para evitar la pérdida del poder adquisitivo, los jueces estimaron razonable que el monto atrasado se pagara en 30 cuotas iguales y consecutivas, pero previamente ordenaron actualizarla un 30% anual. De esta manera se generó una deuda de 272.295,84 pesos, que debía cancelarse a razón de 9.076,52 pesos por mes.

Pero además, a ese monto mensual, ordenaron aplicarle un interés anual de 65% para evitar que siga perdiendo valor.

Diana Saiz, quien escribió diversos artículos de la materia en Erreius online, explica que “en los denominados procesos de familia, dentro de los cuales también encontramos el juicio de alimentos, tienen características que les son propias por la naturaleza de las cuestiones que en ellos se debaten y por la aplicación en su resolución de normas de orden público”.

Por ese motivo, considera que “el derecho procesal, como instrumento y herramienta a través de los cuales los justiciables pueden reclamar sus derechos, debe adecuarse y reinterpretarse para lograr y brindar un efectivo servicio de la justicia”.

“De la lectura de los artículos 551 a 553 se advierte la preocupación por el alto porcentaje de morosidad de quienes tienen que cumplir con la obligación alimentaria, o porque lo hacen tardíamente”, agrega la especialista.

En este punto, explica que las sumas debidas devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central y que el cuerpo normativo faculta al juez para adicionarle las que considere, según las circunstancias del caso.

Y, además, se le otorgan amplias facultades al órgano jurisdiccional para imponer al responsable de incumplimientos reiterados medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia.

Fuente Erreius

Texto completo del fallo

Ordenan que a las cuotas alimentarias se les aplique un interés del 65% anual