La sala primera de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revocó una sentencia que consideró configurada la culpa grave como causal de exclusión de cobertura y obligó a la aseguradora a resarcir a su cliente con el valor actualizado del vehículo robado.

En el caso “Cabrera Jorge Luis c/ Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA s/recurso extraordinario provincial”, el actor relató que al cuarto día de vigencia de la póliza dejó su vehículo frente a la playa de un supermercado dejando las llaves puestas, con el auto estacionado y cerrado, porque iba a comprar en la panadería, y que luego de cuatro minutos, cuando retornó, el automotor ya no estaba, habiendo sido sustraído. El hecho ocurrió a plena luz del día.

Tras denunciar el hecho a la policía, Cabrera notificó a la aseguradora, que inicialmente aceptó procesar el siniestro, al solicitar documentación para liquidar la indemnización. Sin embargo, días después, la firma envió una carta documento rechazando la cobertura, argumentando que dejar las llaves colocadas configuraba 'culpa grave' excluyente según el contrato.

Negativa a la cobertura de seguros

El actor presentó una demanda y agregó que nunca más se encontró el vehículo. Dijo que se trata de una persona de 76 años, ya mayor, educado bajo otras normas sociales y morales a las actuales, donde la palabra y lo ajeno era intocable para las personas honorables.

La compañía de seguros gestionó el rechazo de la demanda al alegar la inexistencia del supuesto incumplimiento contractual, e ausencia de deber y obligación de su parte de abonar el pago pretendido por el hombre, ya que el siniestro se produjo por el dolo o culpa grave del asegurado. Afirmó que quedaría acreditado que notificó el rechazo del siniestro en tiempo y forma de ley (art. 56 Ley de Seguros), y que lo que contaba era la fecha de su pronunciamiento, con independencia de su notificación.

Los fallos de primera y segunda instancia

En primera instancia, el tribunal rechazó la demanda, al considerar válida la negativa de la aseguradora y su argumentación sobre la culpa grave.

El magistrado entendió que el correo electrónico que avalaba la solicitud del actor no era contradictorio con el rechazo del siniestro efectuado posteriormente por carta documento, ya que de su completa redacción (“completada la entrega de la documentación y no ofreciendo ésta inconvenientes ni existiendo motivo de rechazo del siniestro, se envía por este medio el Formulario de conformidad de indemnización el cual deberá firmarlo y acompañarlo también por ese medio con la constancia de su CBU”), surgía que la demandada se había reservado la facultad de seguir analizando la documentación solicitada, a la vez que no se le envió al asegurado el formulario de conformidad de indemnización, ni el asegurado había alegado haber dado cumplimento a ninguno de los requerimientos.

Además, concluyó que la notificación del rechazo fue realizada dentro del plazo establecido por la Ley de Seguros. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por la Cámara de Apelaciones.

El actor apeló ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. En su escrito, invocó arbitrariedad en la interpretación de los hechos y pruebas, y resaltó que su condición de persona mayor no fue adecuadamente considerada. Desde su punto de vista, su conducta debía analizarse bajo los principios de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada en Argentina, que exige un trato diferenciado y protección judicial efectiva para personas mayores.

La sentencia de la Corte mendocina

Los supremos Pedro Llorente, Julio Ramón Gómez y María Teresa Day recordaron que, según la Ley de Seguros, la culpa grave se evalúa objetivamente, comparando la conducta del asegurado con la de una persona promedio. Sin embargo, destacó que el principio 'in dubio pro consumidor' exige interpretar cualquier duda a favor del asegurado, dado su rol de parte más débil en la relación contractual.

Agregaron que “ni el Código de Vélez Sarsfield, ni el Código Civil y Comercial de la Nación efectúan una graduación de la culpa”. Por su parte, subrayaron que la Ley de Seguros admite la “culpa grave” como causal subjetiva de delimitación del siniestro.

En ese andamiaje, añadieron que “la sentencia en crisis también deja de lado que el asegurado es una persona mayor, a la que le resultan aplicables las directivas contenidas en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ratificada por la Argentina por la ley 27.360).
La mayor edad como situación de vulnerabilidad del recurrente, debe ser atendida en la especie, y permite concluir que su conducta no ha sido la de actuar con grave y manifiesta despreocupación, o desatendiéndose de sus resultados, como exige la jurisprudencia para apreciar en concreto la culpa grave en materia de seguros”, enfatizaron.

Los jueces resolvieron que la conducta del asegurado de haber dejado las llaves en el contacto durante escasos minutos, con el auto estacionado y con puertas cerradas, no constituye un descuido que haya incidido de manera decisiva en la agravación del riesgo.

En este punto, consideraron que el razonamiento de la Cámara resultó reduccionista, ya que se circunscribió al hecho de que las llaves del auto quedaron colocadas, sin apreciar las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que el siniestro se produjo, el cual debía analizarse bajo la óptica que impone el principio in dubio pro consumidor.

Si bien el accionar del recurrente fue descuidado, explicaron que “ello impide calificar su conducta como de una manifiesta y grave despreocupación a la luz del mentado principio rector, el cual impone una interpretación restrictiva de la cláusula de exención de responsabilidad de la aseguradora en caso de culpa grave, ya que la misma implica una limitación a la obligación de responder contraída por la aseguradora en beneficio del asegurado, obligación que en definitiva constituye el objeto del seguro”.

Por último, observaron que la póliza aseguraba el robo sin especificar limitaciones adicionales, lo que ampliaba la cobertura a situaciones como la ocurrida. También se destacó la función social del seguro, que busca proteger el patrimonio del asegurado frente a imprevistos.

Así, consideraron que la sentencia de las instancias previas fue arbitraria, al no valorar adecuadamente las pruebas ni aplicar los principios de protección al consumidor y de trato preferencial a las personas mayores.

Por ello, revocaron las sentencias anteriores y condenó a la aseguradora a indemnizar al actor por el valor actual del vehículo robado, con los intereses correspondientes.

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