En un fallo sin precedentes, La Cámara Federal de Córdoba, Sala A, hizo lugar al recurso directo en el caso “Ruiz, María Virginia c/ Superintendencia de Riesgos del Trabajo”, dictado el 29 de abril de 2026, y ordenó concluir el trámite indemnizatorio por la muerte de su hija, ocurrida tras la primera dosis de Sputnik V.

El núcleo del debate: ¿Certeza absoluta o 'preponderancia de la evidencia'?

El tribunal revocó la providencia administrativa que había negado el nexo causal y sostuvo que, con la evidencia científica reunida y la reclasificación técnica, se supera el estándar legal de “preponderancia de la evidencia” exigido por la Ley 27.573 para la determinación de la relación de causalidad.

La causa recorrió instancias administrativas y judiciales. Inicialmente, el evento fue clasificado como “indeterminado B1” bajo el estándar de la OMS (relación temporal consistente pero evidencia definitiva insuficiente), pero luego logró ser reclasificado, a la luz de nueva bibliografía y estudios de laboratorio.

La Cámara Federal impugnó este criterio formalista basándose en dos ejes esenciales:

-El estándar legal de prueba: Conforme al artículo 8 ter de la Ley 27.573 (modificada por el DNU 431/2021), el acceso al resarcimiento estatal no requiere una certeza científica absoluta ni la atribución de factores subjetivos de responsabilidad. El texto normativo expresamente exige acreditar el daño y su nexo causal mediante el principio de “preponderancia de la evidencia”.

-El dinamismo de la evidencia científica: A lo largo del proceso judicial, e impulsado por estudios complementarios arrastrados por la actora y por la evolución de la literatura médica internacional, la propia CoNaSeVa emitió un nuevo informe técnico (en mayo de 2024). En este, se rectificó la postura original y se reclasificó el cuadro de Síndrome de Trombosis con Trombocitopenia (STT / VITT) como un evento 'Relacionado al producto' (Categoría A1).

Al quedar técnicamente despejado el nexo causal, el Tribunal consideró que la dilación administrativa o la exigencia de mayores requisitos procesales implicaría desnaturalizar el régimen especial de reparación y vaciar de contenido las garantías de acceso a la jurisdicción.

Con ese marco, ordenó al Ministerio de Salud culminar en 30 días las etapas pendientes del procedimiento y permitir el cobro de la indemnización del Fondo de Reparación COVID-19, con costas a la demandada.

Primer precedente sobre la materia

Estamos ante un fallo estrictamente inédito y sin precedentes similares en el país. Si bien el 'Fondo de Reparación COVID-19' fue concebido de manera abstracta mediante el DNU 431/2021 y reglamentado formalmente por la Resolución Conjunta 7/2022 de la SRT y el Ministerio de Salud, esta decisión constituye la primera sentencia del fuero federal argentino que condena explícitamente al Estado Nacional a efectivizar la indemnización pecuniaria por un desenlace fatal derivado de la campaña de vacunación de emergencia.

El núcleo del debate: ¿Certeza absoluta o 'preponderancia de la evidencia'?

Primer precedente sobre la materia

También te puede interesar:

Vacuna contra Covid-19: presentan la primera demanda contra AstraZeneca en Argentina

Ordenan indemnizar por muerte tras recibir la vacuna Sputnik V contra el COVID