La Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche ordenó indemnizar a dos personas que limpiaban los baños de la terminal de ómnibus sin contrato vigente con el municipio y que no percibían un sueldo fijo, por lo que dependían de las propinas que le dejaban los empleados, transeúntes y pasajeros.

En la causa “Vilpan, Luis y Gallardo, Carmen c/ Municipalidad de Bariloche s/ Contencioso Administrativo (L)”, los actores señalaron que se les informó en agosto de 2017 que la limpieza de los baños quedaría a cargo del personal municipal.

A raíz de ello, comenzó un intercambio epistolar en el que se intimó a la Municipalidad a aclarar la situación laboral de los trabajadores, así como al pago de diferencias salariales, aguinaldos y demás rubros.

Ante la negativa del Municipio a reconocer la relación laboral, los actores se consideraron despedidos y exigieron el pago de las indemnizaciones correspondientes, además de la entrega de certificaciones de servicios y remuneraciones.

Señalaron que en 1995 consensuaron la contratación con el entonces intendente, César Miguel, quien les habría indicado que, dado que los trámites llevarían un tiempo, inicialmente cobrarían propinas y luego recibirían un sueldo fijo. Las instrucciones eran impartidas por personal municipal que oficiaba como jefe de la estación de micros y cumplían horario de lunes a lunes, de 7:30 a 21:00/21:30 horas, incluyendo fines de semana y feriados.

Remarcaron que la limpieza de los baños -de uso común para empleados de las distintas empresas de transporte y el público en general- era una obligación asumida por el municipio.

La Municipalidad opuso excepción de falta de legitimación pasiva, argumentando que nunca contrató formalmente a los trabajadores, quienes no fueron empleados municipales. Según su postura, su presencia en los sanitarios era simplemente tolerada por la administración pública, ya que solo ofrecían papel higiénico a los usuarios.

Sostiene que no se configuraron los requisitos de una relación de empleo, dado que no existió subordinación técnica, jurídica ni económica.

En subsidio, contestó la demanda, alegó que, del mismo modo en que se toleró la presencia de vendedores ambulantes, se permitió la de los actores, quienes manifestaron que no tenían otros medios de subsistencia más que la venta de papel higiénico y otros elementos de higiene personal en los baños.

Los testigos declararon que los empleados municipales encargados de la limpieza de los baños evitaban hacerlo en el horario en que los actores estaban presentes para evitar conflictos.

El exjefe de mantenimiento declaró que los actores le solicitaban los insumos necesarios para la limpieza, los cuales él gestionaba con la administración municipal.

Indicó que, en algunas ocasiones, los actores compraban materiales con dinero de las propinas, pero que lo normal era que el Municipio proporcionara los insumos.

El juez de primera instancia hizo lugar al reclamo, por lo que el Municipio apeló.

El fallo de la Cámara

Los camaristas Alejandra Paolino, María de los Ángeles Pérez Pysny y Jorge Serra consideraron que “no existen dudas de que los actores se encargaban de la limpieza de los baños públicos de la terminal de ómnibus de la ciudad, en los horarios y condiciones descritos, con entrega de suministros por parte del Municipio. Esto demuestra que existió una contratación informal que finalizó con una decisión política que modificó la situación”.

Además, esas tareas eran actividades normales y habituales dentro de la terminal de ómnibus, lo que habría ameritado su nombramiento formal conforme a la normativa municipal y su registro en el sistema de Seguridad Social mientras durara la contratación.

En este sentido, explicaron que los actores pueden ser considerados 'agentes de hecho', inmersos en una relación laboral basada en prestaciones normales y permanentes. La Municipalidad asumió en distintos llamados a licitación y contratos la obligación de mantener la limpieza de los baños. Por lo tanto, debieron aplicarse las mismas reglas que para los trabajadores del plantel permanente o contratado del Municipio, abonándoles el salario correspondiente a la categoría de maestranza en proporción a la jornada efectivamente cumplida.

Las propinas

Se verificaba, para los magistrados, una subordinación económica: la remuneración de los trabajadores consistía en las propinas entregadas por los usuarios de los baños.

Y remarcaron que “la jurisprudencia en casos similares, las propinas constituyen una contraprestación económica por el servicio prestado, que en este caso beneficiaba directamente a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, encargada de la limpieza de los baños públicos”.

'La propina puede computarse como salario aunque provenga de un tercero extraño a la relación laboral cuando es habitual y lícita. En consecuencia, el empleador está obligado a aceptar la pertinente registración y denunciar su monto a los efectos de practicar los correspondientes aportes', explicaron los magistrados al respecto.

“Si bien no se cumplían de manera explícita todos los elementos característicos de una relación laboral (como la entrega de uniforme o el registro formal de horarios), no cabe duda de que existió una prestación efectiva de servicios. La ausencia de contratación formal por parte del Municipio implica la convalidación de una situación fraudulenta, en la que el Estado, a través de sus funcionarios, permitió la prestación de servicios 'por tolerancia', incurriendo en una clara violación del principio de legalidad”, enfatizaron.

“Resulta manifiestamente irrazonable dejar sin protección a quien prestó servicios dependientes para la administración pública de manera ininterrumpida en cumplimiento de funciones propias y permanentes de esta última, sin encuadrarlo dentro del régimen de empleo público, ya sea permanente o transitorio, ni incluirlo expresamente en la LCT o en un régimen de convenciones colectivas de trabajo. En este escenario, el trabajador queda sin la estabilidad del empleado público y tampoco goza de la protección contra el despido arbitrario. Por lo tanto, resulta justo, prudente y razonable aplicar de manera analógica las normas que brindan una protección menos intensa contra el despido arbitrario”, concluyeron.

De esta manera, rechazaron la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la demandada, porque se trataba de una relación laboral en el marco de un contrato de empleo público no registrado, e hicieron lugar a ciertos rubros indemnizatorios.

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