El Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores n. 2 de La Rioja dispuso el arresto por 72 horas de un hombre que incumplió durante años el pago de la cuota alimentaria de sus dos hijos menores. La medida, según resolvió la jueza a cargo, podrá renovarse de manera sucesiva si el progenitor continúa sin regularizar su deuda.

Los hechos

El caso “V. A., J. M. s / Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar” fue impulsado por la madre de dos niños, quien relató que realizó reclamos infructuosos para que su expareja cumpliera con el mandato judicial que fijaba una cuota provisoria del 25% de su salario, más adicionales y aguinaldo, la cual nunca fue depositada en la cuenta bancaria destinada a ese fin.

La mujer agregó que esta situación derivó en una grave situación de vulnerabilidad económica para los menores, especialmente para el hijo menor, quien requiere atención médica continua por sus múltiples diagnósticos: parálisis cerebral con hipotonía generalizada, trastorno del espectro autista (TEA), ausencia de lenguaje expresivo verbal y no verbal, e hipoacusia neurosensorial bilateral.

Añadió que no solo hubo una falta absoluta de aportes económicos por parte del progenitor, sino también un abandono afectivo y emocional, ya que hacía más de un año que aquel no mantenía contacto con sus hijos ni cumplía con el régimen de visitas fijado oportunamente.

En septiembre de 2018, un juez estableció la cuota alimentaria provisoria del 25% de los haberes del denunciado, quien se desempeñaba como empleado de una empresa privada. A tal fin se abrió una cuenta bancaria en el Banco Rioja, pero los depósitos nunca se concretaron.

La situación se agravó en mayo de 2022, cuando el denunciado dejó de trabajar en relación de dependencia, lo que provocó la baja automática de la cobertura médica del menor. La madre tuvo que asumir por sí sola el financiamiento de los tratamientos médicos indispensables para preservar la calidad de vida de su hijo.

En ese contexto, la situación económica de la madre se volvió crítica, ya que debió afrontar sola la alimentación y educación de sus hijos y costosos tratamientos médicos imprescindibles para el desarrollo del niño menor.

El incumplimiento alimentario como forma de violencia económica

La jueza Gisela Flamini señaló que el incumplimiento de las cuotas alimentarias no es un simple desliz económico, sino una clara forma de violencia económica, tal como lo establece la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Según la definición legal, la violencia económica se configura cuando existe “menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales de la mujer mediante la limitación de recursos destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de los medios indispensables para una vida digna”.

En este caso, entendió que el peso económico y emocional recayó exclusivamente sobre la madre, obligada a multiplicar sus esfuerzos personales y profesionales para sostener a sus hijos. La magistrada destacó que este desequilibrio no solo afecta su economía, sino que limita sus oportunidades laborales, profesionales y personales.

Es decir, se generaba una doble victimización sobre la mujer: por un lado, recae sobre ella toda la carga económica y de cuidado; por el otro, su propia autonomía y proyecto de vida se ven condicionados por la irresponsabilidad del progenitor.

Además, subrayó que el derecho a recibir alimentos no es una mera obligación civil, sino un derecho humano reconocido tanto por la Constitución Nacional como por los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a su texto. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Universal de Derechos Humanos establecen que todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado, siendo los progenitores los responsables primarios de garantizarlo.

Vulneración del Interés Superior del Niño

En esa línea, la jueza citó el principio del Interés Superior del Niño y consideró que su cumplimiento no admite excusas ni dilaciones y que, en este caso, fue vulnerado de manera flagrante y sostenida.

Luego recordó que los jueces tienen potestad para aplicar medidas coactivas tendientes a lograr el cumplimiento de las sentencias alimentarias, entre ellas el embargo, la inhibición general de bienes y, como en este caso, el arresto del progenitor incumplidor, medida reconocida por la propia Convención Americana de Derechos Humanos como una excepción válida a la prohibición general de detenciones por deudas.

También citó estudios que revelan que el 70% de los padres separados en Argentina no cumple regularmente con el pago de alimentos, lo que configura un obstáculo estructural al ejercicio pleno de derechos, afectando principalmente a mujeres e hijos.

A pesar de los avances legislativos, para la magistrada “aún persiste una “crisis de aplicación” del principio del Interés Superior del Niño”, especialmente en los procesos alimentarios, donde “la tutela judicial efectiva muchas veces no se materializa en soluciones reales para las víctimas”.

Luego remarcó que el pago de alimentos “es una derivación directa del derecho a la vida, la salud, la educación y el desarrollo integral del niño”.

En ese andamiaje, sostuvo que la desprotección de la madre en este tipo de casos no puede ser analizada de forma neutral y subrayó que “la violencia económica y patrimonial ejercida por los progenitores incumplidores refuerza relaciones estructurales de desigualdad entre varones y mujeres”.

Luego denunció “el mandato cultural que naturaliza la idea de que las mujeres deben ser las cuidadoras exclusivas, cargando en soledad con las consecuencias económicas, emocionales y físicas de la ruptura de una pareja”.

El 70% de los padres separados en Argentina no cumple regularmente con el pago de alimentos

En ese contexto, ordenó el arresto del progenitor por el plazo de 72 horas corridas, con cumplimiento en sede de alcaidía. “Una vez cumplida esa detención, el imputado contará con un plazo de 24 horas -desde su liberación- para abonar la deuda alimentaria acumulada. En caso de persistir el incumplimiento, se aplicarán nuevos arrestos sucesivos hasta que el progenitor regularice su situación”, remarcó la magistrada.

Por último, enfatizó que la medida no solo se aplica a la deuda existente, sino que también podrá repetirse ante futuros incumplimientos, ya que la prestación alimentaria es una obligación de tracto sucesivo.

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