La sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó una medida cautelar solicitada por una persona con discapacidad y ordenó a la Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación que le otorgue la cobertura integral al 100% de internación en la Clínica de Nutrición y Salud del Dr. Cormillot, indicada por el médico tratante.

De acuerdo a los magistrados, al acreditarse que la actora presentaba obesidad mórbida y comorbilidades que requerían la asistencia permanente e integral por un equipo multidisciplinario, por lo que no era apto para llevar a cabo un tratamiento ambulatorio; siendo dicha clínica la única institución en el país con internación las 24 horas del día y que contaba con un equipo multidisciplinario especializado.

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Medida cautelar por motivos de salud urgentes

En el caso “M. P. A. c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de La Nación s/ Medida Autosatisfactiva”, la actora manifestó estar afiliada a la obra social demandada y acreditó ser discapacitada por “Trastornos de los discos intervertebrales. Dependencia de otras máquinas y dispositivos capacitantes. Disnea. Apnea del sueño. Anormalidades de la marcha y de la movilidad. Lumbago no especificado”.

Al solicitar la medida cautelar, la mujer acreditó la verosimilitud del derecho con el informe médico que indicaba el tratamiento con urgencia ante un riesgo inclusive de muerte, por presentar obesidad mórbida y comorbilidades que requerían de una asistencia permanente e integral por parte de un equipo interdisciplinario.

En tanto, el peligro en la demora surgía con el grave cuadro de salud padecido y las consecuencias que podía tener el no ser tratada a tiempo.

Además, el médico tratante le indicó la internación y, en primera instancia, se hizo lugar a la medida.

La demandada cuestionó la decisión y explicó que la prestación se excedía de la cobertura obligada por ley, ya que de esta manera la actora elegía unilateralmente el lugar y no había posibilidad de control sobre las facturas de la clínica.

En ese contexto, ofreció pagar la prestación con un prestador de su cartilla, dado que no se demostró la necesidad de que el tratamiento sea ante ese centro médico de salud o que los prestadores asignados no sean idóneos. Sumado a ello tampoco se daban los presupuestos de la cautelar.

El fallo de la Cámara

Los camaristas Florencia Nallar y Eduardo Daniel Gottardi explicaron que no estaba en discusión la aplicación de la Ley 24.901, que fija estándares mínimos obligatorios para todos aquellos entes que tienen a su cargo la prestación de servicios relacionados con la salud y está informada por el principio de cobertura integral y máxima inclusión social de las personas con discapacidad, lo que debe conjugarse con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley 26.378, de jerarquía constitucional, en los términos del inc. 22 del art. 75, luego de la sanción de la Ley N° 27.044.

Estos artículos se complementan con la Ley 26.396, que declaró de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios.

Luego destacaron que, aunque el artículo 39 de la ley 24.901 requiera que la procedencia del tratamiento sea determinada por la evaluación realizada por un equipo interdisciplinario, “el juez debe valorar si no surge que la obra social demandada hubiera citado al afiliado para su realización a pesar de que se encontraba obligada a hacerlo, por lo que la falta de este requisito no puede configurar en la instancia judicial un obstáculo para el otorgamiento de la manda precautoria, cuando se encuentra acreditada la necesidad de la amparista de acceder al tratamiento”.

“Aun cuando el artículo 6 de la ley 24.901 establece que los entes obligados por la norma deberán otorgar la cobertura de las prestaciones básicas a sus afiliados con discapacidad mediante servicios propios o contratados, puede concurrir un caso que por sus aristas reúna prima facie los requisitos previstos en el artículo 39 para la cobertura de la prestación por parte de un prestador ajeno a su cartilla”, explicaron los magistrados.

Además, remarcaron que la demandada tampoco probó tener un prestador acorde a la necesidad de la paciente.

De esta manera, sostuvieron que correspondía acoger la cobertura integral en una clínica especializada en la patología de la actora, porque la obra social demandada no pudo demostrar que el prestador ofrecido por ella se ajuste real y adecuadamente a las necesidades terapéuticas de su afiliada y que pueda realizar el tratamiento que requiere con urgencia.

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