La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Necochea confirmó una sentencia que hizo lugar al pedido de un progenitor y ordenó el cese de la cuota alimentaria a favor del hijo, que ya tenía más de 21 años de edad, porque se comprobó que no había continuado los estudios terciarios o universitarios.

En el caso conocido como “B.H.E. c/ B.F.A. s/ Incidente de Alimentos”, el juez de primera instancia avaló el pedido del padre del alimentado porque se comprobó que este no continuó sus estudios terciarios y/o universitarios y que sólo acreditó haber realizado cursos de Manipulador de Alimentos y Operador de máquinas para la confección de indumentaria en un Centro de Formación Laboral, así como también realizó un curso en la UBA de Community Manager, sin informar la carga horaria ni extensión de dichos cursos. Agregó también que no se pudo valorar si esos cursos le impidieron al joven conseguir empleo debido a la carga horaria.

“Dado que en el expediente únicamente constaba la intención de seguir la carrera de Diseño gráfico no se demostró que exista una inscripción, ni tampoco se probó que exista una imposibilidad de proveerse los medios necesarios para la subsistencia o proseguir los estudios”, enfatizó.

La apelación del alimentado

La sentencia fue apelada por el hijo, quien se agravió por considerar que la valoración probatoria era incorrecta y se negó el tratamiento de otras que consideraba relevantes. En ese punto, destacó la ausencia de solidaridad familiar del progenitor y la necesidad de la continuidad de la prestación alimentaria para proseguir con la formación en estudios de grado. Además, alegó la existencia de un expediente de violencia y remarcó que los cursos realizados constituían estudio de preparación profesional, como dispone la normativa que no habla de carreras universitarias o terciarias pese a su voluntad de lograr ese objetivo.

La decisión de la Cámara

Los camaristas Laura Bulesevich, Ana Clara Issin y Fabián Loiza rechazaron sumar nuevas pruebas, como había solicitado el alimentado, porque “esa posibilidad está denegada y reservada a los casos donde el recurso se otorga libremente, además la demandada había consentido la denegatoria de la prueba que ahora pretendía producir, siendo aplicable el principio de preclusión por no haber impugnado esa decisión en la instancia previa”.

En cuanto al caso concreto, explicaron que, en los supuestos de los alimentos del mayor de 21 años la carga probatoria se invierte, “recayendo la prueba sobre quien pretende el sostenimiento de la cuota alimentaria (art. 710 CCCN) porque precisamente la obligación alimentaria cesó, lo que no constituía una interpretación contraria a la perspectiva de derechos humanos como se alegaba, al tener esos alimentos (art. 663 CCCN) características diferentes a los debidos a los hijos menores de esa edad”.

El artículo 663 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) dispone: 'La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente'.

Acreditar la continuidad de los estudios

Es decir, para los magistrados, una vez alcanzados los 21 años de edad 'corresponde al acreedor alimentario que pretende que la obligación a su favor continúe prestándose, probar el supuesto de hecho previsto por la norma, es decir, que el cursado de sus estudios o preparación le impiden acceder a los medios necesarios para su subsistencia independiente”.

En consecuencia, consideraron que “no era suficiente la mera prueba de estar inscripto en la matrícula; el hijo debe probar que el régimen de estudios, por ejemplo, el cursado o el cumplimiento de otras obligaciones curriculares, le impiden realizar cualquier actividad rentada”. Esto obedece a la circunstancia que los alimentos contemplados en el art. 663 del CCCN tienen características diferentes a los alimentos debidos a los hijos hasta los 21 años de edad (art. 658 del CCCN), tratándose de un supuesto cuyos presupuestos de procedencia son específica y taxativamente regulados, agregaron.

En ese sentido, consideraron que era “auspiciosa la manifestación de la apelante expresando su anhelo de cursar una carrera universitaria, pero ello no tiene virtualidad suficiente para acreditar en el caso la viabilidad del pedido. Asimismo, el actor tendrá que demostrar las necesidades que no puede satisfacer. También en este caso debe aplicarse la regla de las pruebas dinámicas prevista en el artículo 710 del CCCN'.

Por último, abordaron la cuestión introducida por la apelante cuando afirmó que el cese de los alimentos fue resuelto sin considerar su especial situación. Al respecto advirtieron que, de la lectura del convenio de alimentos, el 50% de los gastos de su tratamiento psicológico y psiquiátrico fueron contemplados y asumidos por su padre en forma 'expresa' por fuera, e independientemente, de la cuota alimentaria. Es decir, tales erogaciones no integraban la cuota alimentaria, y consecuentemente, no fueron controvertidos ni tenían virtualidad para habilitar el debate en este proceso. De esta manera, confirmaron el fallo de primera instancia.

Accedé al texto completo del fallo:

Te puede interesar:

Ordenan cese de cuota alimentaria por no continuar los estudios