La titular del juzgado Colegiado N°7 de Rosario, Gabriela Topino, ordenó bloquearle las redes sociales a un hombre que debe cuotas de alimentos a sus dos hijos, para que el tiempo utilizado en ese esparcimiento sea empleado para obtener recursos con los cuales hacer frente a sus obligaciones civiles.

No es el primer fallo en contra del obligado alimentario, ya que no había cumplido una sentencia anterior.

En dicha oportunidad, se reconoció el derecho de la actora al reembolso del 50% de los alimentos abonados por la progenitora durante el período comprendido entre los años 2017 y 2019, condenando al progenitor alimentante al cumplimiento de dicha obligación.

Ahora, la resolución apuntó a la perspectiva de género, con citas a la Convención de Belém do Pará y la ley nacional 26.485 de para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Cuota alimentaria: pedido de medidas cautelares por incumplimientos

En el caso “G., M. E. c/ A., M. y otros s/ Alimentos”, tras los incumplimientos del demandado, la actora luego peticionó -a los fines de asegurar el crédito alimentario y cumplimiento de las acreencias alimentarias- distintas medidas, entre las que se encontraban la prohibición al demandado de ingresar a las canchas de futbol, salir del país, la suspensión y/o prohibición de licencia de conducir, la inscripción en el registro de deudores morosos y el bloqueo de redes sociales.

La Defensoría General dictaminó que era viable “ordenar la inclusión del demandado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme art. 3 y 4 de la Ley 11.945, la suspensión y prohibición de renovación de la licencia de conducir, la prohibición de ingresar a las canchas de fútbol, el bloqueo a las redes sociales, y la prohibición de salida del país”.

Al analizar el caso, la magistrada señaló que “no basta que un juez determine el contenido de una obligación alimentaria a favor de los alimentados si después de notificar esta resolución la justicia se desentiende por completo del problema, sin preocuparse por la eficacia y efectividad de la decisión tomada por cuanto la sentencia no es lírica, se traduce en una efectiva ejecución”.

¿Qué implica el no cumplir con la cuota alimentaria?

Además, explicó que se encontraba el agravante de comprometer la responsabilidad del Estado en una posible violación de un derecho humano fundamental, el derecho a los alimentos.

“Todo ello, en el derecho de familia, tiene un plus de gravedad por la materia que se trata, que siempre incorpora personas vulnerables que necesitan una respuesta urgente por parte del Juez”, añadió.

Luego destacó que “el derecho alimentario constituye un derecho humano básico, por lo cual la prestación alimentaria es siempre motivo de gran preocupación, pero no solo su fijación sino también de su efectivo cumplimiento”.

En consecuencia, explicó que el incumplimiento del progenitor al pago de la cuota alimentaria compromete:

1) el derecho de los hijos a un nivel de vida adecuado (art. 27, Convención sobre los Derechos del Niño);

2) el interés superior del niño, niña o adolescente (art. 3 de la CDN): “Ser superior es precisamente eso: en el conflicto, priorizar el interés del niño por encima de otros titularizados por personas que destrozan los derechos de la persona vulnerable mediante el incumplimiento de concretas prestaciones a su cargo”.

“La conducta omisiva del progenitor configura un caso de violencia de género en los términos de la Ley 26.485 de ‘Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Integral contra las mujeres’. Es que la conducta del incumplidor queda comprendida en el art. 5 inciso 4 de dicha ley que refiere a la violencia económica y patrimonial, que se configura cuando se produce el menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales de la mujer mediante la limitación de los ingresos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir a una vida digna”, remarcó.

“La falta de pago de la mesada alimentaria afecta directamente a la madre, pues ocasiona un deterioro de su situación económica, ya que debe cubrir de manera exclusiva las necesidades materiales de su hija, con la consiguiente limitación injustificada de sus propios recursos económicos”, completó.

La resolución

Por habilitación del art. 550 del CCyCN, que prevé expresamente la posibilidad de adoptar cualquier tipo de medida cautelar tendiente a asegurar el pago de los alimentos, y del art. 553, que faculta al juez para aplicar medidas que estime pertinentes para persuadir al alimentante a cumplir con su obligación, ordenó, además del bloqueo de redes sociales del actor, la inscripción del alimentante en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y le prohibió la posibilidad de renovar la licencia de conducir y/o ingresar a espectáculos deportivos.

Dichas medidas se mantendrán vigentes hasta que no exista orden judicial en contrario.

En cuanto a la solicitud de la parte actora de imponer la sanción de prohibición de salida del país al demandado, la jueza entendió que “no correspondía hacer lugar al pedido por no haberse acreditado elementos concretos que justifiquen la aplicación de esta medida restrictiva”.

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