La sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso que el crédito derivado de un accidente laboral se actualice desde la fecha en que ocurrió por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y sobre su resultado se adicione un 3% anual de interés puro por igual período.

Además, aclaró que la capitalización de intereses prevista en el art. 770 inciso b) del CCCN deberá realizarse, por única vez, a la fecha de notificación del traslado del recurso deducido en la instancia administrativa.

En el caso 'Anton, Juan Pablo c/ Provincia ART S.A. s/ Recurso Ley 27348', el actor cuestionó la resolución dictada por el Servicio de Homologación de la Comisión Médica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estableció que él no presentaba ninguna incapacidad, como consecuencia del accidente sufrido el 22 de junio de 2023.

El perito médico dictaminó, con incidencia de los factores de ponderación, la incapacidad psicofísica del demandante asciende a 8,88% de la T.O.

El fallo de primera instancia y la apelación

La sentencia de primera instancia hizo lugar al recurso y condenó a la aseguradora a pagar las indemnizaciones correspondientes según las leyes 24557 y 26773.

Sin embargo, el actor cuestionó la tasa de interés aplicada. Argumentó que la aplicación de la tasa de interés bancaria, conforme al inciso 2 del artículo 11 de la ley 27348, no compensa adecuadamente la depreciación monetaria y afecta la integralidad de la indemnización diferida.

De esta manera, solicitó la aplicación de algún método de ajuste, como el previsto en el Decreto 669/19, y la capitalización de intereses según el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN).

Invocó garantías constitucionales, como los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional, que protegen el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley.

La decisión de la Cámara

Los camaristas Andrea García Vior y José Sudera recordaron que, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces tienen la facultad de realizar un control oficioso de constitucionalidad, es decir, pueden declarar la inconstitucionalidad de normas sin necesidad de que las partes lo soliciten.

Este principio se basa en el adagio 'iura novit curia', que establece que el juez conoce el derecho aplicable al caso.

Luego añadieron que, en el precedente “Ibalo, Pedro Miguel c/ Tigre Argentina S.A. y otros s/ Despido”, la misma sala estableció que los créditos laborales se actualicen desde su exigibilidad por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC y sobre su resultado se adicione un 3% anual de interés puro por igual período. Aclaró que los periodos en los que se ha medido la variable en consideración, debía tomarse el índice oficial que midió la variación de precios al consumidor a nivel nacional -sea cual fuere la denominación que haya adoptado (IPC, IPCNu, IPC-GBA, etc.)-, y para los meses en que los que no se midió por parte del INDEC tal variación, estar al denominado “IPC alternativo” de conformidad con los datos oficiales considerados en el aplicativo elaborado recientemente por la Oficina de Informática de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En casos similares, la sala señaló que aplicó el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) más un interés puro del 6% anual desde el hecho generador del daño hasta su pago efectivo. Sin embargo, en este caso, propuso un enfoque diferente, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, al que se suma un 3% anual de interés puro. Este método busca preservar el valor real de las indemnizaciones en un contexto de alta inflación.

Aplicación del principio de igualdad

Además, los camaristas argumentaron que no hay justificación objetiva que permita diferenciar el trato entre trabajadores despedidos y aquellos que han sufrido accidentes de trabajo. Ambos han sufrido un daño en el ámbito laboral y deberían recibir un trato equitativo en cuanto a la actualización de sus créditos, enfatizaron.

“Tanto respecto de acciones comunes u ordinarias (por despido, diferencias salariales, etc.), como en relación a reclamos fundados en el régimen de riesgos por contingencia ocurridas con anterioridad a la ley 27348, de la actualización de los créditos laborales impagos no se deriva necesariamente una escalada inflacionaria y la prohibición de estar a mecanismos de ajuste en períodos de elevada depreciación monetaria resulta claramente contraria a normas y principios de raigambre constitucional -arts. 14 bis, 16, 17, 75.22”, remarcaron.

Para justificar su postura, sostuvieron que “el principio de igualdad no implica una ‘paridad absoluta’, sino que debe existir una justificación objetiva y razonable para establecer cualquier diferencia, que este enfoque responde a la doctrina general de que las diferencias no deben ser arbitrarias ni discriminatorias, sino basadas en criterios legítimos y objetivos'.

En ese sentido, el trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional lo ha padecido en desmedro de la garantía de indemnidad que consagra el ordenamiento jurídico laboral (cfr. arts. 19 CN, y arts. 11, 75, 76 y 77, LCT) y que importa que el trabajador debe salir indemne de la relación laboral y, si así no fuera, tiene derecho a una reparación razonable y equitativa en función del daño sufrido como consecuencia de dicha relación.

Y sostuvieron que “la prohibición de ajustar los créditos laborales mediante mecanismos de actualización resulta contraria a principios constitucionales, como los arts. 14 bis, 16, 17 y 75.22 de la Constitución Nacional”.

Por ello, declararon en el caso la inconstitucionalidad de la ley 23928 -conf. ley 25561-, que impide la indexación, y establecieron que los créditos laborales se actualicen desde su exigibilidad (fecha del accidente en el caso) por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC y sobre su resultado se adicione un 3% anual de interés puro por igual período, con la aclaración de que, para los periodos en los que se ha medido la variable en consideración, debe tomarse el índice oficial que midió la variación de precios al consumidor a nivel nacional.

También agregaron que la capitalización de intereses prevista en el art. 770 inciso b) del CCCN deberá realizarse, por única vez, a la fecha de notificación del traslado del recurso deducido en la instancia administrativa.

Ordenan actualizar un crédito laboral con el IPC con más un interés del 3% anual