La sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó una medida cautelar que ordenó a la empresa de medicina prepaga OSDE restablecer la afiliación de un usuario con VIH, en las mismas condiciones previas a su baja, y sin cobrarle sumas adicionales por preexistencias, hasta tanto se resuelva el fondo del litigio.

Los hechos

En el caso 'A. P. D. M., Y. c/OSDE s/sumarísimo de salud', el actor sostuvo que se afilió a OSDE el 14 de noviembre de 2023 y que un mes más tarde, tras realizarse controles médicos, se le diagnosticó VIH.

Según su denuncia, la prepaga argumentó que él había ocultado su condición al firmar la declaración jurada, le restringió la cobertura al plan 1015 -que contempla únicamente las prestaciones mínimas obligatorias (PMO)- y le exigió el pago de una cuota diferencial.

El juez de primera instancia hizo lugar al pedido, por lo que la empresa apeló.

La demandada alegó que el afiliado conocía su diagnóstico desde antes de completar su solicitud de incorporación al plan solicitado y que omitió informarlo de forma deliberada. Para sostener esta afirmación, presentó un formulario médico del 5 de febrero de 2024, firmado por un profesional de salud, en el que se consigna que la fecha del diagnóstico es noviembre de 2023.

Sumado a ello, insistió en que no se encontraba acreditado el peligro en la demora como requisito para la cautelar, en atención a que el actor poseía la cobertura de su obra social de origen.

El fallo de la cámara

Los camaristas Florencia Nallar, Eduardo Gottardi y Alfredo Gusman evaluaron que el documento presentado por la compañía resultaba insuficiente para acreditar un ocultamiento intencional por parte del afiliado.

“No se acompañó en autos documental o informe profesional alguno que dé cuenta de que el actor conocía el diagnóstico […] con antelación a la fecha de suscripción de la declaración jurada”, sostuvo la Cámara.

Y recordaron que, en el estado preliminar del proceso, la empresa debe acreditar que el usuario “no obró con buena fe en los términos del artículo 961 del Código Civil y Comercial de la Nación”. En ese sentido, remarcaron que “la falta de acreditación de la mala fe del usuario determina la ilegitimidad de la resolución” que dispuso la baja de la afiliación.

En ese contexto, añadieron que el elemento aportado por la demandada para justificar la baja en cuestión, -donde surgía como fecha del diagnóstico '11 2023' y que esa información 'no habría sido consignada por el actor sino por el profesional interviniente”-, en este estado larval del proceso, “resulta insuficiente para afianzar el distracto pretendido por la accionada'.

Además, enfatizaron que 'no se acompañó en autos documental o informe profesional alguno que dé cuenta de que el actor conocía el diagnóstico utilizado como justificativo para la pretensión de una cuota diferencial con antelación a la fecha de suscripción de la declaración jurada'.

Al analizar la conducta del afiliado, los camaristas remarcaron que al tratarse de “una materia tan sensible como lo es la cobertura del servicio de salud, la voluntad de ocultamiento de la información debe surgir claramente y no dar lugar a dudas”, por lo que advirtieron que “no pueden ser sancionadas con el distracto las meras omisiones que pueden vincularse a interpretaciones disímiles en el momento de completar los formularios”.

Asimismo, descartaron que la medida cautelar adoptada constituya un exceso. “El carácter innovativo de una medida precautoria no es, por sí mismo, un obstáculo para su procedencia”, indicaron los magistrados, y añadieron que es admisible en tanto se encuentren reunidas las exigencias legales, especialmente cuando está en juego la salud del afectado.

También consideraron acreditado el peligro en la demora: “En los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resultan suficientes para tenerlo por acreditado la incertidumbre y la preocupación que ellas generan, de modo que la medida sea necesaria para disipar un temor de daño inminente, acreditado prima facie o presunto”.

Por estos motivos, resolvieron desestimar el recurso de apelación de la empresa de medicina prepaga y confirmar la resolución apelada.

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