La Jueza de Familia a cargo de la Unidad Procesal n. 17 de General Roca, Río Negro, Angela Sosa, ordenó a los progenitores de un recién nacido cumplir con las vacunas obligatorias contra la Hepatitis B y Vitamina K y el plan de vacunación nacional obligatorio.

En el caso “M, G. L. s/ Situación”, el niño nació en la Clínica Roca de la mencionada ciudad rionegrina y los médicos, cuando quisieron vacunarlo con las dosis recomendadas, se encontraron con la negativa de los padres.

Protección del niño y la sociedad

Inmediatamente, los profesionales se comunicaron con el apoderado de la clínica, quien le envió un correo electrónico a la Defensoría de Menores e Incapaces, donde se detallaba que la negativa de los padres representaba un riesgo significativo para la salud del niño y un peligro social debido a la falta de vacunación.

Explicaron que la vacuna contra la hepatitis B deber ser colocada en dosis, siendo la primera, dentro de las 12 horas de vida, la segunda a los dos meses y la tercera, a los 6 meses.

También sugirieron que esta actitud podría repetirse respecto de todas las demás vacunas que componen el calendario obligatorio.

Afirmaron que no sólo debe atenderse al interés superior del niño sino también que debe protegerse un interés social a los efectos de no poner en riesgo a toda la población y principalmente al colectivo del resto de los niños. Sostuvo que el Derecho a la Salud es un derecho constitucionalmente reconocido, y la vacunación obligatoria constituye una de las formas de garantizar este derecho para toda la población.

Durante la comunicación telefónica de los funcionarios judiciales con los progenitores, el padre alegó que no se oponían a vacunar a su hijo, sino que buscaban “una prórroga a los fines de poder conversar con algún pediatra” , ya que querían “descartar daños inminentes en la vida del bebé derivados de la aplicación de las vacunas, ya sea por alergias que le provoquen sus componentes o cualquier otro daño por la medicación”.

Luego los funcionarios judiciales los citaron para escucharlos y que ejerzan su derecho de defensa, pero los progenitores no concurrieron.

La decisión judicial

Debido a la urgencia del caso, la jueza tramitó la causa como una medida autosatisfactiva. Señaló que la aplicación de las vacunas de Hepatitis B y la de Vitamina K es esencial para prevenir la “enfermedad hemorrágica del recién nacido”.

“El niño recién nacido no tiene autonomía para decidir por sí, ni capacidad para elegir y realizar acciones basadas en creencias o valores. El derecho a la vida y a la salud colisiona con el derecho de los padres a tomar decisiones sobre la persona de su hijo bajo sus valores”, explicó.

Y subrayó que “la responsabilidad parental debe ser ejercida en consonancia con los principios rectores, estableciendo que las decisiones de los padres no deben poner en riesgo al niño”.

Para la magistrada, el pedido de consulta de los padres con un pediatra no era viable y carecía de sustento, ya que aquella debió haberse realizado antes del nacimiento para que, una vez producido el mismo, sus dudas se hayan disipado y no constituyan un riesgo para el niño.

Y argumentó que “la vacunación no solo protege al individuo que la recibe, sino que excede dicho ámbito personal para incidir directamente en la salud pública”.

Luego citó precedentes de la Corte Suprema, en las que se sostuvo que “el obrar de los actores en cuanto perjudica los derechos de terceros, queda fuera de la órbita de reserva del art. 19 de la Constitución Nacional”.

Y recordó la obligatoriedad de la vacunación que impone la Ley 27.491, que establece la responsabilidad de los padres en la inmunización de sus hijos, la que prevé sanciones para quienes no cumplan con esta obligación.

En su artículo 11 la norma establece: “Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados, y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento del incumplimiento de lo establecido deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión, conforme Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.

El apercibimiento está estipulado en una “multa graduable entre diez (10) y cien (100) salarios mínimo, vital y móvil” y en una “suspensión hasta un (1) año”. Y aclara que el monto recaudado se debe destinar “a acciones de vacunación, campañas de difusión, información y concientización, conforme se acuerde con la jurisdicción que intervino”.

En forma complementaria, el artículo 14 de la ley indica que “el incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 7°, 8°, 10 y 13 de la presente ley generará acciones de la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente, tendientes a efectivizar la vacunación, que irán desde la notificación hasta la vacunación compulsiva”.

De esta manera, la magistrada le ordenó a los padres cumplir con las dosis de Hepatitis B y Vitamina K en un plazo de 5 días, bajo amenaza de “ejecución compulsiva” y con la obligación de seguir el plan de vacunación nacional en el futuro.

Protección de los menores

En el artículo “La protección del derecho a la salud de los menores”, publicado en Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética de Erreius, Anabella Crisci explicó que “el marco normativo del derecho a la salud de los menores es amplio y claro en cuanto a la obligatoriedad del Estado de otorgar la cobertura adecuada a efectos de lograr el óptimo desarrollo físico, mental y social de niños y adolescentes, en la medida de sus posibilidades”.

El desafío será, desde su punto de vista, “trabajar para disminuir la litigiosidad, procurando evitar a los ciudadanos mayores mortificaciones que las que la condición de salud pueda traer aparejadas”.

A esos fines, añadió que “la Corte Suprema ha reafirmado en numerosos pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud -comprendido en el derecho a la vida- y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga”.

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Ordenan a padres de un recién nacido cumplir con el programa de vacunación obligatoria