A través del Decreto 599/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aprobó la reglamentación que establece el acceso a los mercados aerocomerciales, deroga normas de la actividad y modifica el Código Aeronáutico.

De acuerdo a lo informado previamente por el Gobierno nacional, la medida impacta en las autorizaciones aerocomerciales para operar en territorio argentino, las que serán otorgadas para realizar las actividades de transporte aéreo interno e internacional de pasajeros y/o de cargas, para servicios regulares o no regulares, realizados con aeronaves; para el trabajo aéreo y para los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general.

El objetivo es permitir mayor cantidad de operadores de rampas y que cada aerolínea pueda elegir la empresa que le brinda el servicio. Las aerolíneas van a poder realicen los contratos que consideren necesarios para su actividad, lo cual previamente se encontraba limitado. Ahora solo van a necesitar la aprobación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El decreto señala que la reforma del Código Aeronáutico se aplicará teniendo en cuenta los estándares internacionales en materia de comercio de bienes y servicios, “procurando armonizar el régimen interno, hasta donde sea posible, con los de los demás países del MERCOSUR u otras organizaciones internacionales”.

Las modificaciones incluyen la reducción de los plazos de los procedimientos con el fin de evitar “dilaciones innecesarias y la duración indeterminada de los procesos, optimizando de esta manera los recursos de los que dispone la administración”. “Los trámites tendientes a reglamentar el acceso de operadores aéreos al mercado argentino deben sujetarse a los requisitos propios y exclusivos de la especificidad de la materia”, planteó el Poder Ejecutivo.

El decreto lleva las firmas del presidente, Javier Milei, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Puntos destacados del decreto

El decreto aprueba el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales, incluido como Anexo I y la reglamentación del artículo 110 del Ley 17.285 (Código Aeronáutico), como Anexo II.

Además, deroga los decretos 2836/71, 3039/73, 1364/90, 1492/92, 2186/92, 1470/97 y 1401/98, sus normas complementarias, las resoluciones 1654/14 de la Secretaría de Transporte y 1025/16 de la Administración Nacional de Aviación Civil, y toda otra norma que se oponga a las nuevas disposiciones.

Por otro lado, encomendó a la Secretaría de Transporte a arbitrar las medidas que resulten necesarias para el dictado de un Reglamento Transitorio de Asignación de Capacidad y/o Frecuencias para los Servicios Aéreos Nacionales e Internacionales, y de un Reglamento Permanente de Asignación de Capacidad y/o Frecuencias para los Servicios Aéreos Nacionales e Internacionales.

El reglamento transitorio mantendrá su vigencia hasta el 31 de octubre de 2025. A partir de dicha fecha regirá el reglamento permanente, el cual deberá estar basado en las directrices de la Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), y en las circunstancias particulares propias del orden jurídico argentino, procurando el consenso de la industria.

Agrega que a los efectos del nuevo régimen son proveedores de capacidad aeroportuaria: el operador aeroportuario, el prestador de servicios de navegación aérea, los operadores de servicios de rampa para aeronaves y pasajeros, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los prestadores de servicios de control migratorio y aduanero y todos aquellos que se dispongan reglamentariamente.

“La actividad regulada por el reglamento se regirá por los siguientes principios:

a) Libre acceso al mercado de nuevos explotadores a través de procedimientos administrativos breves y ágiles.

b) Estímulo a la competencia leal entre los distintos explotadores.

c) Desregulación tarifaria.

d) Resguardo de la seguridad operacional.

e) Vigilancia operacional continua de los servicios autorizados.

f) Libertad en la fijación de frecuencias, en su caso, declarándolas inicialmente en su plan de negocios, para su análisis sujeto a estrictos criterios operativos y a la necesidad de que el tráfico aéreo se desarrolle de manera segura y ordenada.

g) Intervenciones de la Administración Pública Nacional limitadas y eficientes, de carácter digital/electrónico, tendientes exclusivamente a la preservación de los principios enunciados precedentemente.

h) Transparencia en la medición, asignación y utilización de la capacidad aeroportuaria”, indicó el Gobierno.

A su vez se incluyen “incentivos para la realización de nuevas rutas aerocomerciales y/o para la operación de nuevos transportadores”, el “acceso y asignación justa, con estándares internacionales, de los servicios y espacios comunes aeroportuarios, que permitan la libre competencia”; y el establecimiento de indicadores e índices de monitoreo atendiendo a la eficiencia operacional, la regularidad, la puntualidad y la planificación.

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Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales (RAMA)

La Secretaría de Transporte -y dentro de su órbita, la Subsecretaría de Transporte Aéreo- implementaron el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales, que, bajo los principios de libre acceso al mercado de nuevos explotadores, estímulo a la competencia leal, desregulación tarifaria y libertad en la asignación y fijación de frecuencias, buscará permitir el ingreso de cualquier explotador a cualquier aeródromo del país.

'Las actividades referenciadas [transporte aéreo interno e internacional de pasajeros y/o de cargas, para servicios regulares o no regulares; para el trabajo aéreo y para los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general] quedan autorizadas para prestarse, conforme la elección del explotador, en cualquier aeródromo, instalación o infraestructura habilitada por la autoridad aeronáutica a dichos fines, conforme los avances técnicos y sujeto la autorización del operador del aeródromo, la capacidad operativa declarada y al régimen de explotación y funcionamiento del aeródromo correspondiente', indica el Anexo I.

Esta amplia autorización alcanza a las compañías que deseen operar aeronaves para transportar carga o pasajeros a título oneroso y a quienes quieran explotar servicios aeroportuarios y de rampa, eliminando la limitante que tenían los operadores de establecer un servicio propio o de delegar la operación de los servicios de tierra en Intercargo.

La Administración Nacional de Aviación Civil ya no convocará a audiencias públicas para el tratamiento de solicitudes de rutas de los operadores: desde ahora, un operador podrá solicitar los tramos que desee operar y el gobierno tendrá 30 días iniciales de plazo máximo para presentar oposiciones u observaciones. Si al final de dicho plazo no hubiere objetado el pedido o no se hubiere expedido, el operador podrá pedir el pronto despacho de la solicitud.

Si a los 15 días de solicitado el pronto despacho la autoridad aeronáutica no se hubiere pronunciado, la solicitud se considerará aprobada automáticamente, quedando sólo como requisito que el operador presente los seguros de ley y la 'aprobación operativa de las programaciones'.

En tanto, las empresas que deseen prestar servicios aeroportuarios y de rampa deberán presentar una declaración jurada en la que se indiquen las capacidades, plan de negocios, locaciones y personal, para que la autoridad aeronáutica se expida en un plazo no mayor a 15 días, tras los que el interesado podrá requerir pronto despacho y obtener así, tras cinco días adicionales, su Certificado de Explotador de Servicios Aeroportuarios.

La norma excluye de la necesidad de obtener un CETA (Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo) a los vuelos privados de la aviación general de costo compartido -conocidos globalmente como grey charter-, que suelen funcionar como taxi aéreo.

Con respecto a las compañías extranjeras, las autorizaciones de prestación de servicios se otorgarán 'bajo condiciones de estricta reciprocidad', al igual que las autorizaciones para la operación de tráfico de cabotaje.

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Reglamentación del Artículo 110 del Código Aeronáutico

El decreto, en su anexo II, reglamenta el artículo 110 del Código Aeronáutico (que trata sobre los acuerdos empresarios de carácter operativo) incluye la obligación de que las compañías que deseen ofrecer vuelos bajo un acuerdo de Código Compartido (Codeshare), acuerdos interlínea y/o de operación comercial conjunta (Joint Ventures) deban presentar dichos acuerdos previamente ante la autoridad aeronáutica y serán aprobados automáticamente -de no mediar objeciones- a los 15 días hábiles de ingresados.

Los acuerdos serán presentados en soporte físico y/o digital ante la autoridad competente, conforme los mecanismos se establezcan.

Previo a comenzar con las prestaciones, el presentante deberá acreditar la contratación de los seguros correspondientes y requerir la aprobación operativa de las programaciones por parte de la autoridad competente.

Las presentaciones efectuadas podrán ser observadas y/o rechazadas ante la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos.

Las empresas podrán llevar a cabo libremente acuerdos que impliquen una consolidación o fusión de servicios y/o negocios, cesión de concesiones y/o autorizaciones en todo lo relacionado a sus aspectos no operativos aerocomerciales, siempre y cuando no resulte una práctica prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia 27.442.

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