El Juzgado Federal de Bahía Blanca n. 1 admitió una acción de amparo y le ordenó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) que garantice que una empleada mujer víctima de acoso no comparta el lugar de trabajo con su agresor. El denunciado era su superior jerárquico y durante 10 años la acosó con frases lascivas que derivaron en una licencia psiquiátrica.

En el caso “A. M. F. c/ INSSJP s/ Amparo Ley 16.986”, la actora, empleada administrativa de la demandada desde 2009, señaló que fue asignada al área de Veteranos de Guerra hace diez años. En este periodo, señaló que recibió comentarios despectivos y de connotación sexual por parte de su superior, que incluyeron referencias a su apariencia física.

Los hechos

La mujer enfatizó que, en julio de 2023, tras un episodio de ataque de pánico en su lugar de trabajo, fue diagnosticada con hipertensión severa y trastorno de ansiedad generalizada. Esto derivó en varias licencias médicas.

En abril de 2024, el INSSJP intimó a la actora a presentarse en su puesto laboral, bajo apercibimiento de considerar su ausencia como abandono de trabajo, por lo que comenzó una serie de intercambios de cartas documento entre las partes.

La demandada sostuvo que las medidas adoptadas eran suficientes, como el traslado del superior jerárquico de la actora a otra oficina dentro del mismo edificio, para garantizar la reincorporación de la trabajadora y solicitó su retorno al trabajo.

Además, señaló que activó el Protocolo de Actuación para el Abordaje de Situaciones de Violencia por Razones de Género, permitiendo que la mujer utilizara licencias por violencia de género desde noviembre de 2023 hasta abril de 2024.

La dependiente consideró que las mencionadas acciones no eran adecuadas, debido a que no eliminaban los factores estresores ni garantizaban plenamente su integridad psicofísica. Argumentó que el traslado del agresor dentro del mismo edificio no cumplía con el protocolo, que exige el apartamiento total del denunciado del ámbito laboral compartido.

Posteriormente, informó que no contaba con el alta médica necesaria debido a la persistencia de factores estresores en el lugar de trabajo ya que su médico tratante le sugirió que se reintegre una vez que se hayan eliminado los factores estresores. Además, solicitó el cese de las presiones e intimaciones que consideró infundadas.

Según relató, en su última licencia identificó que la causa de su enfermedad era la violencia laboral que sufrió durante años, diagnosticada como “síndrome adaptativo mixto debido a episodios de violencia de género en el lugar de trabajo”.

Al poco tiempo, presentó una acción de amparo en las que requirió al tribunal diversas medidas para garantizar su seguridad y bienestar en el ámbito laboral. Entre ellas se incluyeron la reubicación inmediata de su superior jerárquico a otro lugar de trabajo; la obligatoriedad de que el agresor reciba capacitación en género, conforme a la Ley 27.499 (Ley Micaela); el reintegro de los salarios caídos durante el periodo en que estuvo con licencia y el cumplimiento estricto del protocolo de violencia de género vigente en el INSSJP.

La decisión judicial

El juez Walter López analizó las pruebas aportadas, incluyendo informes médicos, documentación laboral y el protocolo de violencia de género del organismo.

Entre otras cuestiones, tuvo en cuenta que el superior jerárquico acusado ya había sido objeto de denuncias previas por violencia de género en otros ámbitos laborales. En una causa judicial anterior, se describieron comportamientos similares, incluyendo hostigamiento verbal y acoso.

Al analizar el caso, el magistrado tuvo en cuenta la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; la Convención de Belém do Pará, que establece la obligación de proteger a las mujeres frente a la violencia y el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza un ambiente laboral libre de violencia y acoso.

En este contexto, determinó que las medidas adoptadas por la demandada no eran suficientes ni idóneas para garantizar los derechos de la trabajadora.

El juez entendió que la posición de la empleadora era arbitraria al desatender sus obligaciones con un fundamento solo aparente. Es que las capacitaciones eran obligatorias conforme Resolución 2020-103, la demandada conocía la situación del caso y su actuación no fue la correcta el no aplicar el protocolo correspondiente.

Así, ordenó al INSSJP que garantice que la actora y el agresor no compartan el mismo lugar de trabajo hasta tanto el mismo no sea considerado como factor estresor, que se cumpla con la Ley 27.499 sobre la capacitación del personal en materia de género y específicamente para el agresor.

A su vez, obligó a que se reintegren los salarios caídos desde noviembre de 2023 con intereses a tasa activa y se dé estricto cumplimiento del protocolo de violencia de género de la institución.

Por último, enfatizó en la necesidad de que el INSSJP implemente capacitaciones obligatorias en materia de género para su personal, conforme a la normativa vigente. Esto incluye no solo al dependiente acusado, sino también a otros empleados de la institución, en línea con la Resolución 2020-103.

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