El Juzgado N° 8 en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo de la jueza Cecilia De Negre, declaró la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 y de las Resoluciones del ENACOM 1466/20 y 1467/2020 emitidas en el contexto de la pandemia.

En la causa “TELECOM Argentina SA c/ EN-ENACOM Y Otro s /Proceso de conocimiento” la empresa demandante, cuestionaba que la medida del decreto implicaba un “absoluto control estatal, afectando el derecho de libertad de expresión, vulnerando el principio de razonabilidad que consagra el art. 28 de la C.N”. Asimismo, alegaba que “al suspender aumentos de precios desde el 31/7 al 31/12/2020, sin disponer compensaciones viola el derecho de propiedad” y además, no se daban las circunstancias especiales previstas por la Constitución como para dictar un DNU.

En cuanto a las resoluciones del ENACOM, la empresa cuestionaba que las mismas imponían restricciones al incremento de precios por parte de la entidad prestataria del servicio.

La sentencia

En primer lugar, la jueza recuerda que el decreto “sólo fue aprobado por Resolución 95/2020 del H. Senado de la Nación. Aún de haber sido aprobado por ambas Cámaras, ello no excluye el control judicial sobre el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales que establece el art. 99, inc. 3 de la C.N. (...)”.

En cuanto a la medida en particular y la afectación de derecho de propiedad, la jueza explicó que “Al disponer que la actividad prestada sea sustraída del sector privado, se limitan derechos fundamentales, que solo puede ser dispuesta mediante la sanción de una ley; ya que tiene una naturaleza expropiatoria de derechos adquiridos protegidos por la garantía del art. 17 de la C.N.; es que la declaración de una actividad económica como servicio público, implica someterla a un régimen especial de sujeción jurídica, que exige el dictado de una ley formal emitida por el Congreso; técnica conocida como publicatio.”.

Asimismo, aclara que “Es ineludible, el dictado de una ley formal por el Congreso, para publificar una actividad privada que se presta en condiciones de libre competencia, sometiéndola a un marco regulatorio de servicio público. Ello resulta también del art. 17 de la C.N. ya que la publificación de actividades privadas importa una limitación al derecho de propiedad; y en consonancia el art. 42 de la C.N. dispone que la legislación establecerá los marcos regulatorios de los servicios públicos (...)”.

Por último, la jueza aclara que tampoco se cumplía con el presupuesto previsto en el artículo 99 inc. 3 de la CN de imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes; dado que al momento de la sanción del DNU, las dos Cámaras funcionaban en forma virtual y ya se habían sancionado diversas leyes.

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