Por: Macarena S. Lauric - Magalí Fernández Engel - Génesis A. Putruele

Se deja sin efecto la sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que confirmó la condena en concepto de créditos salariales e indemnizaciones laborales y dispuso que al capital de condena se adicionaran intereses a calcularse según los términos del acta 2764/2022 de la misma Cámara, cuya aplicación generaba un incremento del capital del 7745,30%. La Corte, por unanimidad, entendió que la capitalización periódica y sucesiva ordenada no tiene sustento en las disposiciones del artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto las acumulaciones de intereses cuestionadas implicaron multiplicar de forma repetitiva el resultado de las tasas activas efectivas aplicadas y excedieron sin justificación cualquier parámetro de ponderación razonable.

Caso 'Oliva, Fabio Omar c/coma SA s/despido - CSJN - 29/02/2024'

I - Introducción

En este artículo, analizaremos el nuevo filtro de realidad económica establecido en el fallo “Oliva”, dictado por la Corte Suprema de Justicia Nacional en febrero/2024, en relación a la jurisprudencia clásica que este tribunal sostiene con respecto a la oponibilidad y no actualización de los límites de cobertura dentro del seguro de responsabilidad civil automotor (obligatorio).

En este sentido, examinaremos, en específico, si los fundamentos del tan conocido fallo “Flores”, del año 2017, deben seguir sosteniéndose. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que hoy en día, esta doctrina tradicional sigue siendo aplicada de la misma forma, en diversas causas como “Álvarez” “Bazán” y “Gauna”, entre otros.

Dicho lo anterior, a lo largo de este análisis, determinaremos si, a la luz del fallo “Oliva” y la aplicación de este nuevo filtro, se deja o no sin efecto los fundamentos brindados en el fallo “Flores”, partiendo de la base de que este filtro de “realidad económica” permite evaluar si las sentencias dictadas por los distintos órganos jurisdiccionales son ajustadas a derecho.

Tal es así que aquellas sentencias que no pasen este nuevo test o filtro de realidad económica no pueden considerarse justas y, por ende, tampoco deben ser aplicables. Siguiendo en la misma línea, se podría plantear la inaplicabilidad de la doctrina clásica en sentencias posteriores, con el fin de salvaguardar los derechos de los asegurados.

II - ¿Cuál es el nuevo filtro de realidad económica y cómo se aplicaría al fallo 'Flores'?

Doctrina del fallo “Flores, Lorena Romina c/Giménez, Marcelino Osvaldo y otro s/daños y perjuicios”

El fallo “Flores, Lorena Romina c/Giménez, Marcelino Osvaldo y otro s/daños y perjuicios”, dictado por la Corte Suprema de Justicia Nacional en el año 2017, generó una doctrina que sigue siendo aplicada por los jueces de todas las instancias del sistema judicial. Ello, toda vez que tanto distintos autores del derecho argentino como magistrados de todo el aparato judicial establecen que, aunque las sentencias dictadas por el supremo tribunal no sean estrictamente vinculantes, los jueces se deben ajustar a ellas. Pudiendo apartarse de su jurisprudencia solo en condiciones específicas.

La discusión, en este caso, se basaba en determinar si el límite de cobertura establecido en el contrato de seguro resultaba oponible o no a la víctima de un accidente de tránsito.

La CSJN, por mayoría, señaló que los contratos solo producen efectos entre las partes, no pudiendo perjudicar ni beneficiar a terceros -la víctima-, salvo en los casos previstos por ley.

No se puede pasar por alto el hecho de que los magistrados parten de la base de que el seguro automotor obligatorio es un contrato paritario, en donde las partes, en el mismo pie de igualdad, negocian las condiciones contractuales, analizando el caso a la luz del artículo 957 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dicho artículo contempla el principio general del contrato paritario en el marco de esta especie de actos jurídicos. Desde nuestra perspectiva, esta aplicación no es correcta, dado que se trata de un contrato de consumo, o por lo menos, de un contrato de adhesión. Toda vez que el asegurado no tiene la posibilidad de negociar ninguna cláusula contractual con su asegurador.

Por otro lado, el tribunal entendió que la obligación del asegurador de reparar el daño tiene una naturaleza meramente “contractual”, es decir, que tiene fundamento en el contrato de seguro (y deja ver que no responde, entonces, al perjuicio efectivamente sufrido por la víctima). Ello resulta un tanto contradictorio, teniendo en miras que el artículo 68 de la ley de tránsito determina que el seguro automotor debe ser obligatorio a fin de proteger a las víctimas de un siniestro.

En la misma línea, los jueces determinaron que la finalidad del contrato es la de mantener indemne al asegurado de los perjuicios sufridos por el riesgo asegurado y, por ende, que el monto límite de responsabilidad del asegurador sea lo establecido en dicho contrato de garantía. En consonancia con esto, los magistrados consideraron que exigir a la aseguradora el pago de la indemnización, más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el seguro, carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil.

En disidencia votaron los jueces Juan C. Maqueda y Horacio Rosatti, quienes declararon inadmisible el recurso extraordinario deducido por la aseguradora citada en garantía (art. 280, CPCC).

Por su parte, el juez Rosenkrantz remarcó que el principio de reparación integral no es absoluto, en tanto el legislador puede optar por distintos sistemas de reparación -inclusive, la indemnización limitada o tasada-, siempre dentro del límite del artículo 28 de la Constitución Nacional. También insistió en que no surge del tenor literal del artículo 68 de la ley de tránsito que la cobertura deba ser integral, irrestricta o ilimitada.

Asimismo, Rosenkrantz señaló que poner en cabeza de la aseguradora la obligación de pagar más allá del límite de la póliza, con sustento en la supuesta desnaturalización de la función social del seguro, implica una violación de su derecho de propiedad, vulnerando nuestra Constitución Nacional. Toda vez que la decisión avanza sobre los derechos que emergen del contrato sin justificación suficiente y, como consecuencia de ello, impone una obligación sin fuente legal.

Además, agregó que dicho control sobre la finalidad social del seguro es ajeno a los jueces, depende de consideraciones técnicas y de política legislativa, cuya evaluación incumbe al Poder Legislativo y al organismo responsable de supervisar el funcionamiento del mercado asegurador.

A modo de síntesis, sostuvieron que el asegurador debe resarcir únicamente por la responsabilidad emanada del propio contrato de seguro y por lo que la propia normativa de seguros determina (y no por el daño causado por el automotor). De esta manera, el límite de cobertura de la póliza contratada, en el marco de la responsabilidad civil automotor, es oponible a las víctimas de accidentes de tránsito. Consecuentemente, resolvieron que el monto límite de cobertura no debía ser actualizado, sosteniendo una interpretación literal de la ley de seguro, y que el contrato de seguro es lo pactado entre las partes (contrato paritario - art. 957, CCyCo.).

Ahora bien, es de vital importancia remarcar que el límite de cobertura que se le hizo oponible a la víctima del accidente de tránsito, en este caso, fue el que había establecido como monto mínimo la Superintendencia de Seguros de la Nación en el año 1992, que era de $ 30.000 -que en esa época era igual a USD 30.000- para responder por siniestros de muerte e incapacidad en el año 2017. Bajo nuestra óptica, este es el mayor problema con dicha sentencia, ya que no se ajustó a la realidad económica, a nivel país, del momento de la sentencia, quedando irrisoria, ni a la situación de tal magnitud del siniestro en cuestión.

Además:

2. Fallo “Oliva, Fabio Omar c/Coma SA s/despido”
3. Aplicación del filtro de “realidad económica” al límite de cobertura del fallo “Flores”
4. Análisis económico del derecho e incumplimiento eficiente por parte de las aseguradoras
5. Capitalización de intereses en el fallo “Oliva”
6. Doctrina unificada de los tribunales y la seguridad jurídica
III - Conclusiones

Este artículo forma parte de la publicación 'Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio', exclusivo para suscriptores de Erreius

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