El Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Resolución 2109/2025, dispuso una nueva prórroga que impide el avance de procesos judiciales de cobro por parte de la autoridad tributaria contra sujetos específicos.

La normativa establece una extensión en los plazos de protección que vencían a fin de año.

Sujetos alcanzados

La medida beneficia exclusivamente a las entidades sin fines de lucro y a los contribuyentes pertenecientes al sector de salud.

Vigencia del beneficio

La suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares (como embargos bancarios o de activos) se prorrogó hasta el 31 de julio de 2026, inclusive.

El Ministerio fundamenta esta decisión en que aún subsisten las circunstancias particulares que motivaron las suspensiones previas (Resoluciones 1445/2024 y 1066/2025), reconociendo que el sector salud y las ONGs aún requieren un margen de maniobra frente a sus obligaciones fiscales devengadas.

La resolución aclara que, para el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad previstas originalmente en 2024, se deberá tomar como referencia la fecha de dictado de esta nueva norma (diciembre de 2025), facilitando así el encuadre técnico de los beneficiarios.

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Vigencia del beneficio

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