El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia n° 1 de Corrientes, a cargo de Nora Chaves Caballero, resolvió hacer lugar a la reparación de daño moral a favor de una joven víctima de violencia de género por parte de quien fuera su pareja. Pese a no existir condena penal contra el victimario, le ordenó pagar la suma de 7.678.752 pesos con carácter indemnizatorio por los daños y perjuicios ocasionados.

En el caso “S. c./ G s/ Daños y perjuicios”, los hechos ocurrieron entre los años 2018 y 2019 cuando la pareja de novios tenía; él 20 años y ella 17 años.

Según el testimonio de la joven, los maltratos comenzaron en el mes de noviembre del 2018 y progresivamente fueron incrementándose cada mes con mayor gravedad y mayor sometimiento, los cuales consistieron en lesiones y amenazas contra su vida.

La denuncia formal por las lesiones y amenazas fue realizada por su madre luego de ver en reiteradas ocasiones moretones en los brazos y piernas de su hija.

Además, tras revisar su teléfono móvil, la madre pudo tomar conocimiento de la situación de violencia género y sometimiento de la adolescente y decidió junto al padre de la joven iniciar las acciones legales.

Remarcó que, durante el noviazgo, el joven también le prohibía a su hija usar determinado tipo de vestimenta, salir con ella y le pedía constantemente que le enviara fotos de lo que estaba haciendo.

Este tipo de hechos le dejó a la joven secuelas de índole psicológica, un cuadro de tipo ansioso depresivo, con angustia, tristeza, llanto y crisis de pánico, fobia, hiperactividad.

Además, tal contexto de violencia propinado por el demandado también le ocasionó un grave deterioro en el ámbito académico y social.

En este contexto, la actora obtuvo una medida cautelar de restricción de acercamiento respecto a la adolescente y a su grupo conviviente, así como también la prohibición de establecer todo tipo de contacto con la misma y por cualquier medio, haciéndole saber que deberá cesar en los actos de perturbación, intimidación y hostigamiento que directa o indirectamente realice hacia la actora.

La jueza resolvió que, en función de las declaraciones de la víctima en el marco de la causa penal, y las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas tanto a ella como al demandado, que se encuentra probado que el demandado dañó durante la relación de noviazgo a través de agresiones, maltrato físico, psicológico, insultos y golpes a la víctima.

Protección contra las mujeres y reparación del daño

En esta lógica, la jueza consideró que, dado que los hechos se encuentran probados y que la víctima se encuentra amparada en la Ley 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la cual prevé la responsabilidad civil reparatoria y preventiva de quienes ejecuten algún acto que constituya como violencia contra la mujer, el demandado deberá responder por su conducta dañosa.

Esta ley define -en su art. 4- la violencia contra las mujeres 'como toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal'. Aclara que 'quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes' y considera como 'violencia indirecta', 'toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón'.

Luego establece y define cinco tipos de violencia contra la mujer y seis modalidades.

Los tipos de violencia pueden ser: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica (art. 5).

Por su parte las modalidades son: violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática (art. 6).

Dicha norma determina la responsabilidad civil para estos casos, rigiéndose no sólo por su función resarcitoria -que implica la reparación del daño- sino que también regulando su función preventiva.

Es decir, determina la responsabilidad civil no sólo en caso de concretarse la violencia de género -la cual se materializa a través de una indemnización hacia la víctima- sino que va más allá y regula la responsabilidad civil con una finalidad preventiva, cuya misión es evitar el acaecimiento de un hecho de violencia contra la mujer.

Es el Código Civil y Comercial de la Nación quien regula la presente reparación ya que la misma no posee un tratamiento especial en la norma en cuestión.

Dejar un mensaje a la sociedad

Luego la magistrada manifestó que “el objetivo de este tipo de procesos es la reparación, compensar a la víctima -a través de una indemnización económica- por los daños sufridos, ya sea que los mismos consistan en lesiones físicas, psicológicas, daños a la dignidad; así como también por los gastos médicos, incurridos como consecuencia de la violencia sufrida”.

Agregó además que “este pronunciamiento, más allá de reprochar violencia de este victimario en particular, transmite un claro mensaje a nuestra sociedad, en particular a nuestros jóvenes” teniendo en cuenta las conductas de control, manipulación, agravios, menosprecio, amenazas y celotipia que se pusieron de manifiesto en este caso y que, claro está, “lejos de tratarse de manifestaciones amorosas, constituyen indiscutiblemente ejercicio de violencia de género”.

Obrando con perspectiva de género, la magistrada tuvo en cuenta las pruebas médicas, psicológicas y declaraciones en las que se probaron claramente los daños (moral y psíquico) que padeció la adolescente durante la relación y que le ocasionaron problemas psicológicos a futuro.

A su vez, merituó que la víctima al momento de sufrir violencia de género, “se vio interseccionalmente atravesada por su condición de mujer adolescente, que no tenía las herramientas necesarias para enfrentar dichas situaciones vivenciadas”.

Por ello, una vez acreditados los supuestos de atribución de responsabilidad civil, la jueza resolvió hacer lugar a la reparación de daño psicológico y por los gastos materiales, a favor de la actora, condenando al demandado a pagar la suma de $ 7.678.752.

Noviazgo violento: procede la reparación por daños y perjuicios