En un expediente por daños y perjuicios originados en un accidente de tránsito, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil admitió el recurso de reposición interpuesto por la aseguradora citada en garantía y revocó la decisión que declaró desierto su recurso de apelación, ya que la notificación electrónica en la que se la ponía en conocimiento de la sentencia fue dispuesta a un domicilio electrónico erróneo.

En el caso 'S., J. J. M. c/ Servicio Penitenciario Federal s/ Daños y Perjuicios', la demandante fue embestida por un móvil del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y el juez hizo lugar a su reclamo. La aseguradora sostuvo que el pasado 16 de octubre se notificó erróneamente la puesta de autos en Secretaría a los fines del artículo 259 del Código Procesal Civil y Comercial Nacional a un domicilio electrónico, el cual, según esgrimió, no se correspondía con el domicilio constituido.

Sostuvo que nunca fue notificada del proveído, hasta tanto quedó notificada espontáneamente el pasado 13 de noviembre.

Al analizar la causa, los jueces explicaron que, en representación de la aseguradora recurrente, intervino en el abogado R. M. S., quién constituyó domicilio electrónico el 13 de junio de 2018, que fue validado en el sistema informático.

Un año después, se presentó acreditando similar representación el abogado D. A. S., quien constituyó el domicilio electrónico.

La cuestión radica en que la sentencia de grado fue notificada a la aseguradora en el domicilio electrónico de R.M.S.

El Dr. D. A. S. dedujo recurso de apelación contra la sentencia definitiva porque señaló que no había sido notificado.

Para los magistrados, al cotejar el sistema de gestión judicial, no surgía elemento alguno que demostrase que, al momento de efectuarse la notificación de la sentencia, el Dr. R. M. S. no representase a la aseguradora, pero sí se constató que los domicilios “físicos”, constituidos de acuerdo al art. 42 del CPCCN por ambos apoderados, no coinciden en una misma dirección y, claro está, que los domicilios electrónicos difieren, ya que resultan del CUIT/CUIL de cada uno de los mandatarios.

Y remarcaron que, a pesar de lo proveído ante la presentación del Dr. D. A. S., no se validó correctamente el nuevo domicilio electrónico. Tal circunstancia motivó el hecho de que solo se cursara cédula electrónica al domicilio constituido por R. M. S. para notificar a la aseguradora de la puesta en autos en Secretaría.

Luego, recordaron que el Sistema de Notificaciones Electrónicas “es obligatorio en todos los fueros e instancias de acuerdo al cronograma de implementación gradual' dispuesto por la Corte Suprema en la acordada 31/11, del 13 de diciembre de 2011, y mencionaron las diversas acordadas que establecen su obligatoriedad “con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales”.

Además, sostuvieron que “se reglamentó que el domicilio electrónico debe constituirse mediante la indicación en cada expediente de la cuenta de usuario (CUIT), oportunamente validada en los términos del artículo 6 y anexo I de la acordada 31/2011 y, en rigor, dicho domicilio configura una clave de acceso al sistema de notificación electrónica (SNE) a los efectos de que los letrados puedan verificar -todas las veces que crean conveniente y desde cualquier lugar con acceso a Internet- la recepción de comunicaciones en los procesos en que se haya tenido por constituido tal domicilio”.

“El domicilio electrónico, entonces, no es una dirección de correo electrónico, sino que se constituye en el CUIT/CUIL del letrado, finalizado el proceso de su registración y validación. Es decir, cumplido el proceso de constitución, el 'domicilio electrónico' es solo para letrados; no existe para personas jurídicas”, añadieron.

A continuación, explicaron que “puede denunciarse en la causa un letrado principal y hasta tres secundarios que, estando debidamente habilitados en el sistema, también podrán acceder a las notificaciones que se cursen al principal”.

Destacaron que la notificación electrónica cursada el 16 de octubre pasado al letrado apoderado de la aseguradora “resulta hábil -pues no surge de autos que aquel o esta última hayan hecho saber la cesación del mandato, ya sea por revocación o renuncia al mismo-', pero advirtieron que “deben de atenderse los postulados de la pretensión recursiva, por primar la necesidad de resguardar el derecho de defensa en juicio, objetivo que no se cumple en el caso, cuando la notificación electrónica cursada es realizada de un modo que mantiene la incertidumbre respecto del cumplimiento de su finalidad”.

“Repárese en que, como se destacó con anterioridad, el 'domicilio electrónico' no existe para personas jurídicas y aquel al cual se cursó la notificación de la puesta en autos en Secretaría no se corresponde con el último domicilio constituido por la parte recurrente”, concluyeron y así tuvieron por fundado el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora citada en garantía.

“Cargas como la prevista por las Acordadas que reglan el Sistema de Notificaciones Electrónicas atienden, esencialmente, a la conveniencia de las partes y se relacionan con el interés de ellas y con la función jurisdiccional, por lo que ante las distintas circunstancias que su incorrecto cumplimiento genere, debe de verificarse que el derecho de defensa ha sido puesto a resguardo, lo que lleva a que las normas de carácter general, como las implicadas en el caso bajo examen, deben ser interpretadas en armonía con los dispositivos específicos que rigen el acto procesal de que se trate, cuando, como en este caso, puede haberse afectado el derecho de defensa de una de las partes litigantes”, agregaron.

Por ello sostuvieron que “deben armonizarse las exigencias de las formas con las particularidades que se presentan en el caso concreto, para que las decisiones judiciales sean verdaderamente útiles; es decir, no se trata de desarticular las formas procesales, sino de impulsar un proceso dinámico que concrete un resultado efectivo, con resguardo de los principios constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso”.

Al hacer lugar al recurso remarcaron que “la correcta validación -en la primera instancia- del domicilio del letrado apoderado que se presentara en último término y cursar al domicilio electrónico que este constituyó la notificación electrónica de la puesta en autos en Secretaría a los fines del art. 259 del CPCCN, se presentan en este particular supuesto como el correcto cumplimiento de esta garantía por la que debe velarse en todas las instancias procesales, a efectos de que los litigantes se encuentren en condiciones de ejercer, en plenitud, su derecho de defensa”.

Notificación realizada a un domicilio electrónico incorrecto