La Sala D de la Cámara Nacional Comercial en los autos “Transfer Line SA le pide la quiebra Resquin, Mara Yanina” revoca la resolución por medio de la cual la magistrada de primera instancia admitió el planteo de nulidad de la notificación oportunamente cursada en los términos del artículo 84 de la ley de concursos y quiebras y se declaró incompetente para intervenir en la cuestión.

Fundamentos

Para así decidir, el Tribunal destaca que cuando se pretende notificar a una persona jurídica, el domicilio inscripto en la Inspección General de Justicia en los términos requeridos por la Ley General de Sociedades tiene efectos de domicilio legal, por lo que todas las notificaciones efectuadas en la sede social inscripta deben tenerse por válidas y vinculantes para el ente, no siendo óbice el emplazamiento de la sociedad en los lugares donde efectivamente funcione o desarrolles sus actividades.

Importancia de la notificación y el domicilio social

Desde el régimen legal societario, se destaca que el inciso 2 del artículo 11 de la ley 19.550 es el que dispone que el instrumento de constitución debe contener “…La razón social o la denominación, y el domicilio de la sociedad. Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado suscripta por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta…”

Desde las disposiciones concursales, el Tribunal agrega que tratándose de una persona jurídica de carácter privado regularmente constituida corresponde aplicarle las previsiones contenidas en el artículo 3 inciso 3 de la Ley 24.522, que es una norma de orden público.

En este sentido, expresa que es de vital importancia, pues determina quién es el magistrado que, en su caso, dictará la apertura del trámite universal, decisión sobre la que luego se siguen diferentes efectos de orden sustancial y formal como el control judicial de todo el patrimonio del deudor, la sujeción forzada de sus acreedores a un procedimiento especial y la intervención de auxiliares que colaboran informando sobre la situación patrimonial.

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