Por: Juan F. Gouvert

I - Introducción: las multas en la ley 23737, su actualización y el momento temporal para determinarlas

La pena de multa del artículo 5 del fondal represivo, al tener un contenido estrictamente pecuniario, ve mermado severamente su contenido aflictivo por la depreciación monetaria que la inflación genera cíclicamente en nuestro país hace varias décadas. Así, el “mal” que representa en abstracto esta pena es disminuido en concreto por la horadación del valor de la moneda que la hacen perder efectividad y desnaturaliza la esencia represiva de la respuesta punitiva estatal.

Así, la flagrante depreciación monetaria actúa en la mayoría de las figuras penales, socavando la entidad represiva de los rangos mínimos y máximos de sanciones pecuniarias que no cuentan con un índice de actualización de su monto y afecta la finalidad preventivo-general de la pena de multa.

En lo que aquí interesa, en octubre de 2016 la ley 27302 modificó la ley 23737, con relación a la pena de multa prevista como sanción para algunos de los tipos penales -arts. 5, 6, 7, 24 y 27- y fijó escalas establecidas en unidades fijas (UF). Su artículo 9 dispuso: “A los efectos de esta ley, una unidad fija equivale en pesos al valor de un formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos”. Con ello, el legislador buscó evitar la depreciación monetaria que se verifica en las multas por el contexto económico padecido en Argentina

La técnica legislativa utilizada dispone la pena de multa en unidades fijas y, a su vez, para su determinación en moneda de curso legal es preciso recurrir al valor del formulario antes referido, que es definido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo cuya órbita se encuentra el Registro Nacional de Precursores Químicos. El valor de dicho formulario ha sufrido diversas modificaciones por medio de respectivas resoluciones.

Así es que la ley 23737 prevé para todas sus acciones de narcotráfico una multa conjunta a la pena de prisión, establecida en una escala de unidades fijas, por lo que prevé un mecanismo de indexación, en tanto la multa se fija en unidades y remite a un elemento para determinar su valor en pesos que está sujeto a actualizaciones. Ese mecanismo de actualización no generó el cuestionamiento, sino que la normativa no dispuso expresa y claramente en qué momento debe considerarse la equivalencia entre las unidades en las que se expresa la multa y el valor del formulario al que refiere a efectos de fijar la sanción en moneda de curso legal.

La ley 27302 solo establece para cada conducta un piso y un máximo que delimitan la escala punitiva; no obstante, la cuantía de la multa que en definitiva debe abonar la parte condenada -en moneda de curso legal- solo puede ser establecida mediante la norma integradora, que es la que en la práctica le otorga operatividad.

Así, se discute cuál era el momento en el que debía establecerse el monto de la suma a pagar por el condenado a una multa por infracción a la ley 23737.

Comentaremos un reciente plenario de la Cámara Federal de Casación que zanjó y unificó las diferentes posturas de las distintas Salas, que asignaban la correlación del valor del formulario, a veces a la fecha del hecho, otras a la fecha de la sentencia, y otras a la firmeza, a la primera intimación o al efectivo pago.

El momento de la determinación económica tiene mucha relevancia práctica, sobre todo en casos complejos que requieren años de tramitación y recursos hasta que la sentencia queda firme, y es posible hacer efectiva y exigible las penas impuestas. Veamos.

II - El plenario 'Pastene': el caso, su doctrina, matices y efectos

En julio de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N° 6 de la Capital Federal, en un juicio abreviado, condenó a Pastene por el delito de transporte, y le impuso la pena única de 15 años de prisión y multa de 45 unidades fijas.

En agosto de 2024 el TOCF N° 6 intimó a Pastene para que abonase la multa impuesta u ofreciera alternativas de pago. Ante ello, su defensa solicitó que se determinara el valor de las unidades fijas en pesos y que se tomara de parámetro el valor del formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) al momento de la comisión de los hechos -el 7/1/2022-, que era de $ 9.500, debiendo abonar en consecuencia la suma de $ 427.500.

Por su parte, el fiscal opinó que debía computarse, por aplicación de la doctrina de “actualización monetaria”, el valor del formulario vigente al momento en que efectivamente se pagara la multa ($ 90.000), por lo cual -a ese momento- el condenado debía abonar $ 4.050.000. El juez resolvió en línea con el planteo de la defensa, motivando que la Fiscalía recurriera la decisión, que fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.

Contra esa decisión, el fiscal general interpuso recurso de inaplicabilidad de la ley, en el que manifestó que la postura de tomar el valor vigente al momento en que efectivamente se procede a saldar la multa no implicaba un agravamiento de la sanción monetaria impuesta, sino que buscaba preservar el valor económico real de la multa frente a la inflación. Agregó que la actualización automática de las multas busca mantener su valor real en un contexto inflacionario y que ello tampoco constituye una violación al principio de legalidad.

La impugnación fue admitida por la Cámara Federal de Casación Penal, que convocó al pleno del tribunal para el dictado de sentencia, y el 13/5/2025 en el caso “Pastene” resolvió lo siguiente:

“DECLARAR como DOCTRINA PLENARIA que el momento que define el valor del formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos, que debe tomarse como parámetro para determinar el importe nominal en pesos que representa la pena de multa impuesta en unidades fijas, según el artículo 45 de la ley 23737, es el de la intimación al pago”.

Además:

III - Reflexiones: entre lo efectivo, lo recaudatorio y lo legal

Este artículo forma parte de la publicación 'Temas de Derecho Penal y Procesal Penal', exclusivo para suscriptores de Erreius

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Notas al plenario “Pastene”: ¿en qué momento se define el valor de las multas?