El Ministerio de Justicia de la Nación validó el reglamento para el trámite del nuevo nombramiento de jueces y magistrados del Ministerio Público que alcancen los 75 años de edad.

A través de la Resolución 384/2026, adecuó el procedimiento de renovación a las recientes reformas instauradas por el Decreto 467/2026, que modificó el proceso de designación de magistrados.

Esta nueva resolución deroga la reglamentación previa (R. 226/2024) para unificar el trámite actual.

Requisitos y plazos del nuevo procedimiento

Para solicitar la continuidad en el cargo por 5 años más, el magistrado debe presentar la petición durante el año previo a cumplir los 75 años de edad. Se exige declaración jurada patrimonial y certificados que acrediten la inexistencia de sanciones disciplinarias.

El trámite incluye, además, la publicación del pedido por un día en el Boletín Oficial y un informe de ARCA sobre el cumplimiento impositivo.

Cumplida la revisión, el Poder Ejecutivo decide si envía el pliego al Senado de la Nación para obtener el acuerdo.

Cobertura de vacantes y marco normativo

Si el Ejecutivo rechaza enviar el pliego o el Senado no concede el acuerdo, el Ministerio debe notificar de inmediato a los organismos correspondientes para que llamen a concurso público y cubran la vacante en el cargo.

La medida busca eliminar etapas duplicadas, agilizar la cobertura de vacantes y otorgar mayor previsibilidad al sistema judicial.

El esquema se apoya en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, que en su tercer párrafo atribuye al Presidente de la Nación la facultad de efectuar un nuevo nombramiento, con acuerdo del Senado, para mantener en el cargo a los magistrados de la Corte Suprema y los demás jueces de los tribunales federales inferiores que alcancen los 75 años de edad.

A su vez, en el año 2017 el fallo “Schiffrin” de la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de dicha norma, introducida por la Convención Constituyente de 1994, en relación con el aludido límite de edad para el mantenimiento en el cargo.

Más sobre este tema

Si tenés tu suscripción y querés profundizar en este tema, podés leer el artículo “Irurzun y el límite de 75 años: de la doctrina Fayt al fallo Schiffrin en la Corte”, de Nicolás Rallo, que toma como punto de partida el caso del camarista Martín Irurzun y la reciente negativa de la Corte a habilitar la feria para tratar su cautelar.

En esta línea, repasa el derrotero jurisprudencial desde la “doctrina Fayt” (1999) - donde el Máximo Tribunal declaró la nulidad de la cláusula constitucional del artículo 99, inciso 4 -, hasta el viraje definitivo con el fallo “Schiffrin” (2017), que restituyó la validez del límite biológico objetivo fijado por la Convención Reformadora de 1994 y fijó la pauta para la apertura de concursos por el Consejo de la Magistratura.

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